Escasez de infraestructuras de recarga, precio elevado, poca autonomía de los vehículos… son conceptos que ya no se corresponden con la realidad actual. Bien es cierto que el crecimiento en las matriculaciones de vehículos eléctricos progresa, pero no al ritmo que se esperaba a principios de año. A fecha de 30 de noviembre, se han alcanzado las 116.435 unidades matriculadas de vehículos electrificados (100 % eléctricos + híbridos enchufables de todo tipo: turismos, dos ruedas, comerciales e industriales), con la previsión de superar los 140.000 en el ejercicio 2024.
Pero, si miramos otros ámbitos, nuestro país cuenta con un despliegue de infraestructuras de recarga de baja, media y alta potencia sobredimensionado respecto al parque actual de vehículos eléctricos matriculados en España. En números, esto supone una red de más de 37.000 puntos de recarga de acceso público (a fecha del tercer trimestre del año), que arroja una media de uso por debajo del 6 % y muchos de ellos en un nivel paupérrimo del 2 %. Además, el ritmo de instalación de estas infraestructuras alcanza una media de más de 1.000 puntos activados al mes.
En cuanto al precio y autonomía, los fabricantes han ampliado su oferta y están llegando al mercado nuevos modelos de vehículos de numerosas marcas, con mayores autonomías y capacidades, y cada vez más competitivos en precio y prestaciones. Todo ello se suma al impulso que están suponiendo las ayudas del Plan MOVES III y el esfuerzo de los fabricantes de automoción que están adelantando las ayudas para solventar los retrasos derivados de la falta de agilidad
de las administraciones.
El vehículo eléctrico, eje de eficiencia energética
Un elemento fundamental para entender la evolución a futuro de la electromovilidad en España es que se trata de un sector que, más allá de su potencial para la descarbonización del transporte, tanto de personas como de mercancías, es un instrumento clave para potenciar la eficiencia energética. En este sentido, la movilidad eléctrica es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con la red eléctrica de tal manera que permite impulsar las energías renovables -especialmente el autoconsumo-, la generación distribuida y el almacenamiento energético. Esto es un aspecto fundamental para nuestro país, y también para Europa, ya que somos totalmente dependientes de la compra de combustibles fósiles.
Por el contrario, España tiene unas capacidades muy importantes de generación renovable (más del 50 % de la electricidad total en 2023, según la asociación APPA Renovales), que crecen cada año y con las que el país puede generar su propia energía, limpia y autóctona, para alimentar edificación, industria y movilidad. Fruto de lo anterior, la movilidad eléctrica también impacta, por un lado, en el plano económico, ya que la dependencia de los combustibles fósiles tiene un coste anual que ronda los 50.000 millones de euros. Este volumen supera con mucho los ingresos que el Gobierno obtiene por el impuesto a los hidrocarburos, lo que permitiría equilibrar la balanza a favor de las arcas españolas y hacer al país más resiliente, en un mundo geopolítico muy complejo y con riesgos al alza.
Y, por otro lado, el impacto en la competitividad y el empleo también es muy relevante, porque el vehículo eléctrico, desde la perspectiva industrial y tecnológica, ofrece una oportunidad única a España para reforzar su tejido de empresas y captar nuevos perfiles profesionales de alta cualificación. Y también porque cada euro invertido en la electrificación de la movilidad en España genera 1,8 euros de PIB, según un reciente estudio encargado por Aedive.
Perspectivas para 2025
Confiamos en que 2025 marque un punto de inflexión en la evolución de la electromovilidad. En primer lugar, la continuidad de un plan como el MOVES se antoja inviable por la gestión ingente de expedientes que podrían generarse, y que, por la Ley General de Subvenciones, no sería posible resolver con eficacia a través de las comunidades autónomas, por lo que parece más factible pensar en medidas de acompañamiento fiscal, gestionadas a través de un ministerio como Hacienda, y que permita que las ayudas puedan percibirse en el momento de la compra del vehículo eléctrico.
Se prevé asimismo un ritmo más alto en el crecimiento de las matriculaciones de vehículos electrificados, ya que los fabricantes de automoción han de cumplir con los objetivos de descarbonización fijados por las autoridades europeas en cuanto a la disminución de emisiones de CO2 a 93,6 gr/km. Si no lo hacen, tendrían que afrontar sanciones millonarias.
Otro elemento importante es una mayor apuesta por la colaboración público-privada para despejar o minimizar las barreras regulatorias y para agilizar los retrasos burocráticos que todavía persisten en la implementación de las infraestructuras de recarga y en la parte de los puntos de acceso y conexión de la red eléctrica. Y una mayor transparencia informativa por parte de las compañías distribuidoras respecto a la potencia disponible en los puntos de consumo.
Por último, y volviendo al principio, en 2025 será crucial potenciar al máximo la comunicación para combatir las falsas creencias que persisten sobre la movilidad eléctrica. Aquí echamos de menos un papel más activo de las administraciones públicas, mediante la puesta en marcha de campañas de sensibilización a la sociedad.
