El diputado ecologista de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde, que es así mismo presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, defendió ayer ante la Comisión de Presupuestos, donde se están debatiendo las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, la posición de su grupo (el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común) sobre la "sección 23", la referida a Transición Ecológica y Reto Demográfico. Uralde ha recordado durante su intervención que, "después de años de bajadas y recortes en los sucesivos presupuestos del Partido Popular en las partidas dedicadas a la lucha contra el cambio climático y a la defensa del medio ambiente, se produce un incremento sustancial", un incremento del 132% en los fondos destinados al Ministerio para la Transición Ecológica, ha concretado.
El diputado ecologista ha defendido los PGE como "un primer paso en la dirección correcta, con un claro incremento en los ámbitos de la energía y el medio ambiente", y como "unos presupuestos necesarios para reformar el modelo económico en nuestro país, y para reducir nuestra dependencia energética exterior", porque -ha recordado- "las importaciones de hidrocarburos nos cuestan 50.000 millones de euros al año".
No obstante, López de Uralde ha reconocido que quedan "aún cuestiones importantes pendientes, que todavía no han podido ser abordadas en este presupuesto", y ha hecho referencia, en concreto, a la equiparación del diésel y la gasolina: "una cuestión de la que se ha informado como si fuera un impuesto, que no lo es, sino la retirada de una subvención". El diputado de Unidas Podemos ha insistido en ese sentido en que "seguimos estando a la cola de la Unión Europea en materia de impuestos verdes" y ha añadido que "estamos perdiendo unos ingresos de entre 6.000 y 10.000 millones de euros para las arcas públicas".
Por eso, para el diputado verde de Unidas Podemos, es imprescindible poner en marcha todos los mecanismos que nos equiparen a los países de nuestro entorno europeo en materia de fiscalidad verde, y ha insistido en que "la fiscalidad verde en nuestro país está muy por debajo de la media de la UE", lo que resulta "especialmente preocupante, ya que el transporte se ha convertido en el principal sector emisor de gases de efecto invernadero y origen de importantes problemas de contaminación local en España".
El "impuesto al diésel"
La propuesta del Gobierno consistía en realidad en reducir la bonificación fiscal de que disfruta actualmente el diésel, que paga un impuesto de solo 30,7 céntimos por litro, muy por debajo (un 25% por debajo) de los 40,7 céntimos de euro por litro de gasolina. Con la subida que proponía en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo ni siquiera equiparaba ambos gravámenes, pero sí que cerraba algo la brecha, pues proponía elevar la presión fiscal al diésel hasta los 34,5 céntimos, lo que habría supuesto un gasto adicional para el consumidor final medio de solo 2,3 euros, IVA incluido, por cada depósito de cincuenta litros, ó 3,45 euros al mes por 15.000 kilómetros al año. La tributación del gasóleo profesional y bonificado, en todo caso, no se veía afectada de ninguna manera por esa medida, pues el Gobierno establecía en su proyecto de PGE una excepción para ese caso. Así, y según el análisis de la Fundación Renovables, solo el 32% de todo el diésel iba a verse afectado por esa medida de fiscalidad verde (fiscalidad que pretende beneficiar las soluciones limpias y desincentivar las contaminantes). Pues bien, ni así. Ciudadanos y PNV criticaron desde el minuto cero la propuesta y, en el marco de la negociación con el partido conservador vasco, el "impuesto" se ha caído del texto de los PGE.
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