"Las emisiones del carbón en España -dice el informe- se relacionan con 1.529 muertes prematuras y 914 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias entre los años de 2015 y 2016". Son dos de los números clave del informe «Un oscuro panorama: las secuelas del carbón», que presentó ayer el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) en un evento conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid, que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El informe ha sido respaldado por Mary Robinson, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha participado en la presentación.
«Un oscuro panorama: las secuelas del carbón» destaca "la estrecha relación entre las emisiones del carbón y sus impactos" (en materia de salud y económicos). El informe se centra en ese sentido en lo sucedido en el bienio 2015-2016, período durante el cual se redujo en un 30% la producción de energía con carbón, reducción que el Instituto asocia, en este estudio, a "una disminución del 40,5% en los impactos asociados", y al correspondiente ahorro, de entre 499 y 952 millones de euros, en gastos sanitarios y horas de trabajo perdidas como consecuencia de las bajas. El informe sigue la metodología utilizada en el anterior estudio de IDMA de 2017 («Un Oscuro Panorama: los efectos en la salud de las centrales térmicas de carbón en España durante 2014»), metodología que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medio Ambiente.
En el acto de presentación del informe ha participado Mary Robinson, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidenta de la Mary Robinson Foundation-Climate Justice. Robinson, que fue así mismo presidenta de Irlanda entre 1990 y 1997, ha pronunciado un discurso en el que ha recordado que la salvaguarda del derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano debe ser una prioridad para todos los Gobiernos y en el que ha destacado así mismo que las empresas también están obligadas a respetar los derechos humanos en todos los aspectos de sus operaciones (en España, solo cinco empresas queman carbón para generar electricidad: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP).
Cinco mil millones de euros
En los años 2015 y 2016, el carbón produjo en España 87.977 gigavatios hora (GWh), cuya venta movió más de 5.000 millones de euros (M€). Pues bien, según el estudio que ayer presentó el Instituto IDMA, las pérdidas económicas asociadas a los impactos que sobre la salud produjo la quema del carbón alcanzaron entre 2015 y 2016 un total de entre 1.871 y 3.568 millones de euros. IDMA asocia esos costes "a gastos sanitarios y a la reducción de productividad derivada del absentismo laboral: 371.552 días de trabajo perdido y 1.350.401 días de actividad restringida (cuando una persona no puede desarrollar su actividad habitual por problemas de salud)".
Niños
Otro dato que recoge el informe son los graves efectos en la salud de los niños asociados a las emisiones del carbón durante 2015 y 2016. «Un oscuro panorama: las secuelas del carbón» recoge 20.112 episodios de asma en niños y 2.066 casos de bronquitis. Según el Instituto IDMA, los niños son uno de los colectivos más vulnerables a la contaminación atmosférica. De hecho, el informe que publicó el Instituto en 2017 sirvió de base para que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dirigiera unas recomendaciones a España recordando su obligación de proteger el derecho a la salud de la infancia y requiriendo la toma de medidas para su cumplimiento. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente ha realizado un vídeo con la simulación de la dispersión de la contaminación de las emisiones de las centrales de carbón en España. Sobre la contaminación y el Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, leáse La legislación española permite a las térmicas de carbón emitir hasta 7 veces más que la legislación europea
Massimiliano Patierno, ingeniero ambiental del Instituto IDMA, y uno de los autores de este informe: “es importante destacar que los impactos en la salud no se producen solo en las zonas donde hay centrales de carbón, sino que afectan a toda España. No obstante, los impactos más graves se aprecian en las Comunidades Autónomas donde se sitúan centrales o en las regiones limítrofes. Por ello, para garantizar el derecho a la salud de toda la población española es necesario que todas las centrales de carbón en España cierren en 2025, a más tardar"
El Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC), en su último informe, ha alertado -recuerdan los autores del informe- de que es imperativo reducir la generación eléctrica con carbón. Según un informe de Climate Analytics, todos los países de la UE deberían cerrar sus centrales de carbón en 2030, a más tardar, para cumplir con el Acuerdo de París.
En el caso de España, el Instituto IDMA considera que "debe recogerse la fecha de 2025, como muy tarde, en un instrumento jurídicamente vinculante, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o el Plan Nacional de Energía y Clima".
Actualmente sin embargo -denuncia el Instituto-, los borradores de estos documentos "no incluyen fecha concreta de cierre, una medida que se debería adoptar para la protección de los derechos humanos". Además de ello, el informe insta a los responsables políticos a acelerar y autorizar los procesos de cierre de centrales previstos para antes de junio de 2020.
Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente: “el respeto de los derechos humanos, como es el derecho a la salud o a un medio ambiente sano, y la lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático son fundamentales para alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Administración General del Estado y las entidades locales deben tomar medidas urgentes para cumplir con las obligaciones que el Relator Especial de Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas ha señalado para hacer efectivo el derecho a respirar un aire puro. Asimismo, es fundamental intensificar la lucha contra el cambio climático, a cuyos efectos España es especialmente vulnerable para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, lo que pasa por el cierre de las centrales en 2025 a más tardar”
El estudio señala además diferentes recomendaciones y medidas: (1) la necesidad de tomar como pauta los valores guía de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del aire, más estrictos que los de la Unión Europea; (2) la urgencia de facilitar información en tiempo real de las emisiones del carbón; y (3) la necesidad de que las empresas propietarias de las centrales ofrezcan suficientes garantías sobre sus proveedores de carbón importado, cuyas prácticas deben respetar los derechos humanos en las zonas de extracción.
Además, el Instituto considera que es absolutamente necesario (4) tomar medidas inmediatas para eliminar por completo el carbón como fuente de electricidad en España para 2025: "es fundamental recoger esa fecha bien en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética o en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima". Y, por fin, IDMA señala que las centrales que quieran seguir funcionando más allá del año 2021, (5) tienen que operar de acuerdo con los valores límite de emisión más estrictos basados en las mejores técnicas disponibles.
El Instituto IDMA especifica: "para poder llevar a cabo la simulación de dispersión de contaminantes de las centrales térmicas y, posteriormente, contabilizar sus impactos sobre la salud, es necesario utilizar información relativa a las emisiones por chimenea. En este informe, se han calculado los impactos sobre la salud de las emisiones de las centrales de carbón para el período 2015-2016, dado que eran los últimos disponibles desglosados por chimenea y no por complejo industrial".
Qué es el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente
El Instituto IDMA se define como "una organización sin ánimo de lucro fundada en 1996 con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente". Declara como objetivo "conseguir un desarrollo sostenible a través de la investigación, la aplicación y ejecución del Derecho desde una perspectiva internacional y multidisciplinar". Desde 1998, está acreditado ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). En 2001 fue declarado de utilidad pública. Pertenece a la plataforma Europe Beyond Coal.
