Hoy, día en el que el Gobierno tiene previsto aprobar multimillonarias ayudas a la compra de automóviles de motor de combustión, varios escaladores de Greenpeace han desplegado en la plaza de Neptuno de Madrid, junto al Congreso de los Diputados, una pancarta de más de 200 metros cuadrados a 50 metros de altura en la que se lee “No más dinero público a empresas contaminantes”. La organización ecologista advierte además de que "el plan de ayudas a vehículos diésel y gasolina, además de ir contra la transición ecológica, podría condenar a la obsolescencia a un sector que supone el 10% del PIB nacional". Porque los mercados más importantes del mundo van a demandar cada vez más vehículos eléctricos y hasta el 80% de los vehículos que produce la industria "española" del automóvil tienen por destino la exportación. Greenpeace señala por otra parte además que "ayudas como las que hoy se aprueban apuntalan un sistema económico e industrial que se ha demostrado fallido e incompatible con los compromisos climáticos".
Solo en España -recuerdan desde la organización ecologista-, ya se han aprobado más de mil millones de euros en avales a las aerolíneas, a los que se suma el paquete de hoy de ayudas por valor de 1.050 millones de euros para la automoción (de un total de 4.000), "que reservan 250 millones para subvencionar la compra de vehículos particulares, incluyendo combustibles fósiles como el diésel, la gasolina o el gas".
Adrián Fernández, portavoz de Greenpeace: “el Estado financia a industrias contaminantes con dinero público en el contexto de la Covid-19, comprometiendo los objetivos de reducción de emisiones firmados por España. Mientras países como Alemania o Francia concentran sus ayudas en el desarrollo de vehículos eléctricos, España aprueba subvenciones millonarias para coches diésel y gasolina, perpetuando así nuestra dependencia de los combustibles fósiles. La llamada neutralidad tecnológica es un eufemismo para justificar las ayudas a vehículos contaminantes”
Sobre la neutralidad tecnológica
Una de las medidas que incluye el Plan de ayudas que quiere aprobar el Gobierno dice así: "esta medida tiene como objetivo la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y más seguros, mediante un programa de renovación que incorpora criterios ambientales. Aplicando el criterio de neutralidad tecnológica, este programa incentiva la sustitución de vehículos contaminantes en circulación por vehículos cero o de bajas emisiones. El programa se aplicará tanto a turismos y vehículos comerciales ligeros, como a vehículos industriales pesados y autobuses". Por esa puerta, por la puerta de la "neutralidad tecnológica" pueden colarse así subvenciones a vehículos que pueden emitir hasta 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido (CO2/km).
Greenpeace avisa del riesgo que supone para España seguir basando las exportaciones en vehículos de combustión interna, "mientras los países de las principales matrices (como Francia o Alemania) evolucionan rápidamente hacia nuevas tecnologías". Si esta situación se refuerza, además, con subvenciones públicas -alerta la oenegé-, ello podría condenar a la obsolescencia a un sector que supone el 10% del PIB nacional. “Lo sucedido en Nissan -apunta Fernández- podría repetirse si no se aborda la transformación del sector hacia vehículos de cero emisiones”.
La organización ecologista señala que es el momento propicio para darle la vuelta al sistema y acometer cambios estructurales de calado que impulsen y fortalezcan al país, sobre todo para afrontar crisis como la climática, que ya lleva tiempo avisando de sus devastadores efectos.
Crítica al plan de Sánchez para los vehículos de combustión
La acción de Greenpeace se produce el mismo día en que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el plan de rescate al motor, que contempla una inversión cercana a los 4.000 millones de euros para incentivar la venta de automóviles, incluidos los de combustión.
La organización ecologista critica que el Ejecutivo haya disfrazado esta ayuda multimillonaria como “verde” cuando en realidad supone apuntalar un modelo de movilidad basado en el vehículo privado y contaminante. Greenpeace denuncia que este plan de ayuda se ha diseñado al dictado del lobby de la automoción, sin esperar a la recuperación de la actividad (los concesionarios han estado cerrados hasta hace apenas unos días) y sin evaluar el impacto que supondrá una mayor venta de vehículos diésel y gasolina. "En lo relativo a gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2 en los vehículos nuevos -advierten los ecologistas- están subiendo, al venderse modelos cada vez más grandes, como los SUV" (sobre el particular véase el estudio de The International Council on Clean Transportation).
En lo positivo
Según Greenpeace, el Gobierno es plenamente consciente de que es posible conceder ayudas solo a coches cero emisiones, puesto que también se aprueba la ampliación a 100 millones de euros del Plan Moves II y otros 300 para compra pública. La organización ecologista reconoce estas medidas y destaca que sólo apoyando una flota cero emisiones se podrá garantizar la viabilidad laboral y ambiental de la automoción.
Además, Greenpeace valora positivamente que se comiencen a vincular las ayudas a la renta de los compradores y pide mayor progresividad para evitar subvencionar la compra a las rentas altas. Por último, la Dirección General de Tráfico (DGT) finalmente va a acceder a revisar los criterios para el distintivo ambiental, una petición largamente demandada por las asociaciones ecologistas para evitar la intromisión con etiqueta ECO o CERO de vehículos de gran potencia o que queman algún tipo de combustible fósil.
