Las organizaciones no gubernamentales Amigos de la Tierra, Comité Ciudadano de Emergencia de la Ría del Ferrol, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace, Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y WWF han difundido hoy un comunicado conjunto en el que muestran su "rechazo tajante" a los proyectos de interconexión gasista presentados, denominados por estos gobiernos como “corredores verdes”. Los colectivos firmantes consideran que tanto la infraestructura submarina que conectaría Barcelona y Marsella como la tercera conexión con Portugal (también acordada ayer) son "innecesarias, suponen un impedimento para una transición energética justa, son un lavado verde para la industria gasista y bloquean fondos que deberían dirigirse a soluciones reales que ya pueden ser implementadas".
Las organizaciones denuncian además la "inconsistencia técnica" del proyecto, que podría acabar varado como ya le sucediera al gasoducto terrestre al que BarMar viene a sustituir, MidCat. Este proyecto, que quería conectar vía terrestre, a través de Pirineos, Cataluña con el Midi francés, fue incluido en las tres primeras ediciones de la lista de Proyectos de Interés Común (2013, 2015 y 2017) hasta que en enero de 2019 los reguladores de la energía español y francés, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Commission Régulator del Energie (CRE), desestimaron el requerimiento de inversión presentado por las empresas promotoras, Enagás y Teréga. La inclusión del proyecto MidCat en la lista PIC le habría permitido tener acceso a garantías públicas para facilitar los trámites y poder cubrir hasta el 50% del presupuesto con fondos públicos.
Ahora, BarMar vendría a relevar a MidCat en ese marco, solo que el peso económico de la nueva propuesta sería considerablemente mayor, habida cuenta de su condición submarina. Las organizaciones firmantes consideran que lo más probable es que la propuesta de nuevo corredor submarino "tampoco se llevará a término por la inviabilidad del proyecto". Sin embargo -destacan-, mientras se desestima la idea, "se perderá tiempo, esfuerzo y dinero público que podrían destinarse a las verdaderas soluciones: el ahorro energético y las renovables dimensionadas".
Las organizaciones plantean las siguientes consideraciones
• El gasoducto submarino BarMar "no supone un respiro para la coyuntura energética ni en el medio ni en el largo plazo por los altos consumos energéticos que conllevaría". En lo que se refiere a las consideraciones técnicas -apuntan las oenegés-, el futurible hidrogenoducto internacional "es incompatible con la red de gasoductos nacionales". Marsella -señalan las organizaciones firmantes, está rodeada de gasoductos que exportan gas a centros industriales al norte de Francia y de Italia, "por lo que dilapida el argumento de transportar hidrógeno verde a corto plazo y lo más probable es que lleve gas o gas mezclado con un poco de hidrógeno durante décadas". Por lo demás, actualmente el 99% del hidrógeno producido procede de combustibles fósiles, principalmente de gas fósil.
• Según estas organizaciones, la construcción, además, resultaría muy complicada: "se necesitan materiales especiales, como la aleación específica de acero, y compresores más potentes y adaptados, todo lo cual puede derivar en muy altos costes". Para empezar, además, y en todo caso, sería necesario "un estudio técnico del fondo marino e impactos a los ecosistemas marinos". En ese sentido, los ecologistas recuerdan que el Golfo de León, por donde previsiblemente atravesaría el gasoducto submarino, "es una de las zonas con mayor índice de biodiversidad en el Mediterráneo, donde se encuentran espacios marinos protegidos, el corredor de cetáceos o el Santuario de Pelagos".
• Las oenegés ecologistas recalcan por otro (1) la vulnerabilidad de este tipo de infraestructuras (la voladura de Nord Stream es buen ejemplo de ello) y las zonas grises: "no se ha evaluado cómo afectarían las fugas de hidrógeno en los ecosistemas marinos ni sus impactos en la atmósfera" (las propiedades físico-químicas del hidrógeno, su alta inflamabilidad y su coeficiente de difusión, mayor que el del gas fósil, convierten al hidrógeno en un elemento a manejar con prudencia).
• Por último -recuerdan las organizaciones-, el proceso de electrólisis (ruptura de la molécula del agua para separar el oxígeno del hidrógeno) tiene una pérdida de eficiencia del 30%, "lo que provocaría un sobredimensionamiento de la generación renovable y megaproyectos en el Estado español".
A nivel político, las organizaciones denuncian el discurso de Hub energético con el que el Estado español se ha posicionado en las últimas décadas como exportador de energía para el centro de Europa, con un tono más agresivo durante el último año. Primero era el gas, ahora el hidrógeno. Las citadas organizaciones se preguntan si es un proyecto realmente necesario para responder a las necesidades energéticas de la ciudadanía y hacer frente a la actual crisis energética.
En el documento suscrito, las siete oenegés vislumbran dos impactos directos y plantean dos preguntas clave.
Los impactos son
(1) el alejamiento de una transición energética que se base en energías renovables y que sea justa; y
(2) "un gran impacto en el territorio porque supondría la implementación de megaproyectos renovables para la producción de hidrógeno y su exportación".
Y las preguntas son
(1) ¿Con qué fondos se va a financiar este corredor?
¿Volverán a ser las personas consumidoras las que sufran el encarecimiento de la factura energética o va a ser introducido en unos fondos de recuperación que generan deuda para las generaciones futuras?
Las respuestas habrán de esperar al menos hasta principios de diciembre. En ese sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que los próximos 8 y 9 de diciembre se reunirá con sus homólogos frances y luso en Alicante, en el marco de la Cumbre del EuroMed y que "allí vamos a continuar trabajando conjuntamente los tres gobiernos para dar respuesta a tres aspectos fundamentales a ojos del Gobierno de España. En primer lugar, los plazos para la inversión. En segundo lugar, el reparto de costes. Y en tercer lugar, lógicamente, el volumen de recursos económicos que vamos a tener que implicar".
Tras el anuncio realizado por los gobiernos francés, portugués y español, las organizaciones ecologistas han anunciado hoy que inician una campaña "para paralizar esta nueva megainfraestructura energética, que se basa en un posicionamiento político de los gobiernos español, francés y portugués, sin saber cual es la opinión de los reguladores de la energía, como ha pasado con el MidCat". La sociedad civil -concluye el comunicado conjunto- estará vigilante ante los pasos que se realicen para el desarrollo del BarMar.
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