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               n Quedan aún dos derivadas
               La primera se refiere al efecto abaratador del autoconsumo, efecto
               que reconoce el propio Gobierno en su informe, que pone un
               ejemplo muy concreto: con un 2% de autoconsumo sobre el total
               del mercado –dice la Secretaría de Estado–, el ahorro es de un euro
               por megavatio hora (por cierto, la Comisión Nacional de la Com-
               petencia –CNC– ha publicado informes que ya vislumbraban –allá
               por el año 2013– ese abaratamiento: el autoconsumo puede intro-
               ducir una “tensión competitiva relevante, en el mercado mayorista
               y minorista –decía la CNC–, incentivando precios más eficientes en
               ambos mercados”; véase informe IPN 103/13).
                 El caso es que la Secretaría de Estado concreta, en el informe
               sobre el impacto del autoconsumo que ha usado el Gobierno pa-
               ra avalar su veto, esa rebaja del precio: un euro por megavatio ho-
               ra. Eso dice la Secretaría de Estado, y UNEF ha hecho las cuentas
               a partir de ese dato concreto. ¿El resultado? “Por cada euro de
               reducción de ingresos en el sistema por autoconsumo –explica
               UNEF– se produce una ganancia neta de cinco euros para los
               consumidores”. Para todos los consumidores, pues todos se be-
               nefician de ese ahorro –un euro por megavatio hora consumido–
               que apunta en su informe la propia Secretaría de Estado.
                 Pero, ¿en qué medida se beneficia de todo eso el Estado? Bue-
               no, pues UNEF también ha hecho las cuentas y, según ellas, lo que
               el Estado deja de ingresar por esta parte no es apenas nada en com-
               paración con lo que ingresará gracias a los impuestos que habrán
               de pagarse por la venta de los paneles solares, la comercialización
               de los componentes (la tornillería, los soportes, el cableado…), la
               actividad económica de los instaladores, etcétera, etc… Según
               UNEF, el Estado ganaría diez veces más que lo que pierde.
                 “O hay otras razones que no son las que dicen o no se han
               hecho bien los números”. Lo ha dicho –30 de marzo–, ante la
               Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, el director
               general de UNEF, José Donoso, que ha sido el encargado de
               presentar allí el informe UNEF. “O hay otras razones que no son
               las que dicen o no se han hecho bien los números”.
                 Más allá de los números, en todo caso, está la letra... la letra de
               la ley. O sea, que quizá convenga volver al principio. El artículo 1
               de la Constitución Española dice que “la soberanía nacional reside
               en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El
               pueblo español ha hablado: 213 de los diputados elegidos repre-
               sentan a partidos que se han pronunciado explícitamente en contra
               del impuesto al Sol y, explícitamente, a favor del autoconsumo. Lo
               hicieron el 25 de febrero de 2016, en el Congreso de los Diputa-
               dos, cuando firmaron el «Acuerdo de Compromiso para el Desa-
               rrollo del Autoconsumo Eléctrico». Lo hicieron durante la campa-
               ña previa a las elecciones, cuando ratificaron, una y otra vez, ese
               compromiso. Y lo hicieron sus votantes el día 26 de junio con un
               gesto muy explícito –el voto– en la urna.
                 Sí, más allá de los números –que parecen decantarse a favor
               del autoconsumo (cero coma cero cero cero...)– está la letra de la
               ley. Es más: más allá de ella, incluso, radica su espíritu: el de la so-
               beranía nacional, el de la democracia. No se trata de que el PP
               pueda, reglamentariamente, y como gobierno que es, vetar o no
               vetar una Proposición de Ley. No se trata de que el Tribunal
               Constitucional pueda (o no) parar una tramitación. De lo que se
               trata es de respetar la soberanía nacional, consagrada en el artícu-
               lo 1 de la Constitución. De lo que se trata es de atender a las de-
               mandas democráticamente expresadas en las urnas por los pue-
               blos de España. O… ¿cuánto valen 169 artículos de una
               Constitución y 181 diputados –mayoría más que absoluta- si en
               la Mesa del Congreso hay tres diputados del Partido Popular y
               dos de Ciudadanos? n
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