Uno de los requisitos clave para ser beneficiario del bono social que se inventó el PSOE y ha mantenido vigente durante todo un quinquenio el PP es la potencia: tener menos de tres kilovatios de potencia contratados (3 kW). Esto propicia que el 80% de las solicitudes -denunciaba ya Podemos en su Ley 25 de Emergencia Social allá por enero del 16- se haga por mor de un contrato de menos de 3 kW y ese es un coladero para las viviendas de segunda residencia, "que tienen normalmente este tipo de contratos". Es decir, que, según Podemos, se estarían destinando recursos (bonos, ayudas) a familias con dos residencias, en lugar de asignárselos a familias vulnerables. La condición de familia numerosa -con tres hijos (o más)- puede habilitarnos también como beneficiarios de este bono, y, evidentemente, ser muchos en casa tampoco equivale siempre a ser vulnerables. El caso es que todos estos inconvenientes fueron detectados (y denunciados) hace ya más de un quinquenio y, sin embargo, han seguido vigentes hasta hoy.
El resumen de estos siete años es el siguiente
El PSOE ideó la herramienta (el bono social) y, aunque no ha funcionado nunca como es debido, el PP ha estado utilizándola durante cinco años y sin decir ni mu. ¿Conclusión? Recursos ideados presuntamente para ayudar a los más vulnerables habrían acabado beneficiando a muchos propietarios de dos residencias y probablemente también a muchas familias numerosas de posición acomodada. El caso es que el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando la presión de la ciudadanía alcanzó cierto umbral, decidieron firmar un pacto contra la pobreza energética -en vísperas de la pasada Nochebuena- en el que presumen ahora de apelar -siete años después- a la renta y los ingresos como criterio de asignación de las ayudas, un pacto por otra parte en el que, paradójicamente, fueron invisibilizados el mes pasado quienes durante los últimos años han protagonizado la lucha contra la pobreza energética, fundamentalmente Izquierda Unida, pero también otras formaciones políticas como Podemos o Convergència i Unió.
Otras prioridades
Las pruebas de esa lucha pionera están en las hemerotecas y también, afortunadamente, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. La primera vez que entró con fuerza la pobreza energética en el Congreso fue precisamente hace tres inviernos (17 de diciembre de 2013), cuando la entonces diputada por Iniciativa per Catalunya Verds Laia Ortiz, del grupo parlamentario La Izquierda Plural, presentó una "Proposición de Ley de medidas para prevenir la pobreza energética". Lamentablemente, las prioridades de la agenda política del Gobierno de entonces -finales de 2013- eran otras, y, posiblemente por eso, 172 diputados del Partido Popular rechazaron tomar en consideración aquella proposición de ley. Dos años y un mes después (en enero de 2016), Podemos registró en el Congreso la Ley 25 de Emergencia Social, que dedica todo un título -el tercero- a la "protección de los suministros energéticos básicos". La ley proponía, entre otras cosas, que la definición de «hogar vulnerable» tome como parámetro fundamental la renta del hogar.
Un trienio después de que La Izquierda Plural llevara al Congreso la pobreza energética, concretamente el pasado 28 de septiembre, Podemos presentó en el Senado una moción por la que se insta al Gobierno a implementar "medidas de urgencia" contra ese problema. El recorrido de la misma fue escaso, pues 146 senadores del PP ( de un total de 266 que componen esa otra cámara) rechazaron -rechazaban tres años más tarde- esa otra propuesta. ¿La diferencia con respecto al no del PP en 2013? La pobreza energética está ahora en las calles, y también en los titulares de los medios. Así, a finales de diciembre, PP y PSOE escenificaban su pacto (véase foto) y el Gobierno publicaba en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto (RD 7/2016) mediante el que se comprometía (y compromete) a concretar las "medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica". Eso sí, la norma recién publicada dice que el Ejecutivo tendrá un plazo de tres meses -o sea, todo el invierno- para concretar esas medidas.
Y ahí estamos, en ese plazo
Así, ayer, el Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital difundía a las seis y media de la tarde un comunicado en el que refería que el titular del ramo, Álvaro Nadal, se acababa de reunir en la sede del Ministerio "con representantes de los grupos parlamentarios para avanzar en la actualización y desarrollo del bono social" (esa rebaja del 25% en la factura eléctrica que ideó el PSOE -para familias numerosas y propietarios de dos residencias-, esa rebaja que ha mantenido durante todo un quinquenio el Partido Popular). El segundo párrafo de la nota resulta la mar de elocuente: "durante la reunión, el ministro ha pedido a los diferentes grupos que envíen sus propuestas concretas para elaborar una definición conjunta de consumidor vulnerable. Existe consenso de todos los partidos -concluye el Ministerio- en usar el criterio de renta para determinar qué ciudadanos son vulnerables o no". En fin, que sí, que 7 inviernos después de aprobado un bono que fue criticado desde el minuto uno por no tener en cuenta la renta... ahora... existe consenso.
La renta
Ni que decir tiene que esa propuesta -colocar la renta como piedra angular de la definición de consumidor vulnerable y por ende la lucha contra la pobreza energética- ya la incluía la diputada de Iniciativa per Catalunya Verds Laia Ortiz en su proposición de ley -la de su grupo parlamentario, La Izquierda Plural- allá por el año 2013. Por supuesto, la propuesta también aparece en la moción que Podemos presentó a principios de otoño, en septiembre de 2016, y "por la que se insta al Gobierno a implementar medidas de urgencia contra la pobreza energética". Ambas iniciativas se encontraron con sendos noes (172 diputados del PP en el Congreso y 146 senadores en la Cámara Alta) y, ahora, tres inviernos después de que la pobreza energética percutiera su primer aldabonazo parlamentario, el Ministerio de Energía ha difundido una nota, ayer, que dice que "el ministro Nadal ha expuesto la disposición del Gobierno de dialogar con todos los partidos políticos y las comunidades autónomas para conciliar posturas".
La nota explica además que el marco de actuación del nuevo bono social quedó establecido en el Real Decreto que aprobó el Gobierno el pasado 23 de diciembre y que "ahora se trabaja en el desarrollo de la normativa necesaria para establecer los términos y condiciones de aplicación de estas medidas de protección al consumidor". Todo lo cual induce a pensar que la normativa no estará lista hasta el invierno número 8. La Asociación de Ciencias Ambientales, autora del estudio «Pobreza energética en España», estima que, en nuestro país, cada año, "más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética".
