El año pasado (año 2012), el ingreso monetario medio anual neto por hogar disminuyó un 3,5% con respecto al anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que publicara el Instituto Nacional de Estadística hace unas semanas. O sea, que los hogares españoles tuvieron en ese último ejercicio un 3,5% menos dinero para pagar su factura energética. Simultáneamente, los precios de la electricidad, el propano o el butano han experimentado incrementos extraordinarios. El gasóleo de calefacción, más de un 100% en los últimos cuatro años; el coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera español, casi el 90% en ese mismo período, según informe del pasado mes de marzo de la Comisión Nacional de Energía. Pues bien, en medio de todo ello, Izquierda Plural ha presentado -la semana pasada- una proposición de Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que ha sido rechazada por el Partido Popular. Recogemos a continuación un extracto de la exposición de motivos que esgrimió Izquierda Plural para justificar su proposición. La Izquierda Plural es un grupo parlamentario que está integrado por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa y Chunta Aragonesista.
La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas.
Exposición de motivos
La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar cuando se ve incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (de 18 a 20º C en invierno y de 25º C en verano) y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. La ECV de 2011 destaca que el 6% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 8% el caso de mujeres que habitan solas. Se trata todavía de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. El estudio de Creu Roja Catalunya "Vivienda y Colectivos Vulnerables" de julio de 2013 revela que el 71% de sus usuarios admite dificultades graves para abonar el recibo del agua, la luz y el gas, y cerca del 30% acumula facturas impagadas. El 58% manifiestan no poder mantener su casa a una temperatura óptima, cuando hace dos años este porcentaje era del 42%.
Más muertos de frío que en la carretera
Según de Izquierda Plural, las consecuencias de la pobreza energética son múltiples. Porque la falta de calefacción afecta a la higiene, a la salud (dilema "heat or eat", afecciones respiratorias...) y, a menudo, genera sobremortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico. Así, en 2011, la pobreza energética -explica la proposición de ley- fue responsable "de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras, frente a 1.480 provocadas por accidentes de tráfico". El Dictamen del CESE de 2011 sobre "La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica" propone que este tipo de pobreza se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética. El Dictamen del CESE de 2013 "Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética" manifiesta que la energía es un bien común esencial e indispensable en toda actividad cotidiana para tener una vida digna. Ese dictamen añade además que la pobreza energética mata física y socialmente. El CESE exhorta a emprender acciones urgentes a nivel europeo y aboga por un Compromiso Europeo de Seguridad y Solidaridad Energéticas para fomentar una auténtica política europea de lucha contra la pobreza energética.
La nueva factura penaliza a los más pobres
Una vez cumplimentada la "exposición de motivos", la proposición de Izquierda Plural valora la política empresarial de los actores del sector y la política energética del gobierno. Según el grupo parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa y la Chunta, "las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro", mientras que, por otro lado, "el Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales". Además -denuncia Izquierda Plural en su proposición-, "la reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética". Por fin -concluye-, "los cambios regulatorios en el sector eléctrico, especialmente los más recientes, supondrán un encarecimiento de los costes que afectarán fundamentalmente a los consumidores con la revisión automática de los peajes. El cambio del sistema de facturación que aumentará los costes fijos de la factura supone una penalización añadida a los que menos consumen, ya sea por menor renta o por ser eficientes, empeorando el problema de la pobreza energética y aumentando la exclusión".
Proposición de ley de Izquierda Plural, registrada el 8 de noviembre; presentada en el Congreso el día 17 de diciembre.
