«Plácido», con guión de Rafael Azcona, fue nominada para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1962 y es una irónica reflexión -en clave Berlanga- sobre la pobreza, la caridad y la conciencia. El caso es que «Plácido» viene hoy a cuento, 55 años después, de la mano de la foto que, en vísperas de la Nochebuena, se han hecho el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, firmantes ambos del pacto contra la pobreza energética, un acuerdo de contenido difuso -aún quedan muchos extremos que aclarar-, pero que, en todo caso, incluye una medida muy mediática: la prohibición de corte de suministro a los "consumidores más vulnerables". Ahora habrá que esperar a que el legislador defina qué entiende por consumidores más vulnerables. El Gobierno se ha dado a sí mismo un plazo de tres meses (o sea, todo el invierno) para concretar esa definición.
En todo caso, por el camino habrán quedado al menos 21.000 fallecimientos prematuros, que son los que la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) estima se han producido a lo largo de los últimos tres años en España como consecuencia de la pobreza energética (véase la página 17 de su informe «Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética»). ACA lleva años denunciando este problema, que se ha ido agravando conforme se enquistaba la crisis. La pobreza energética también lleva varios inviernos llamando a las puertas del Parlamento. La primera vez que lo hizo con fuerza fue precisamente hace tres inviernos, cuando la entonces diputada por Iniciativa per Catalunya Verds Laia Ortiz, del grupo parlamentario La Izquierda Plural, presentó una "Proposición de Ley de medidas para prevenir la pobreza energética".
Otras prioridades
Lamentablemente (sobre todo habida cuenta de los 21.000 fallecimientos prematuros), las prioridades de la agenda política del Gobierno de entonces -año 2013- eran otras, y posiblemente por eso 172 diputados del Partido Popular rechazaron (en diciembre de 2013) tomar en consideración aquella proposición de ley. Dos años después (en enero de 2016), Podemos registró en el Congreso la Ley 25 de Emergencia Social, que dedica todo un título -el tercero- a la "protección de los suministros energéticos básicos". La ley proponía, entre otras cosas, que la definición de «hogar vulnerable» tome como parámetro fundamental la renta del hogar. Y es que, hasta ahora, y aunque parezca sorprendente, han sido otros los criterios que determinaban si un hogar merece o no bono social, o sea, un descuento del 25% sobre su factura.
Cuestión de emergencia
De la Ley 25 nunca más se supo -durante todo un año ha funcionado a la perfección la coartada del Gobierno en funciones-, y, así, pasó el tercer invierno. Hasta que hace unas semanas, el 28 de septiembre, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó en el Senado una moción por la que se insta al Gobierno a implementar "medidas de urgencia contra la pobreza energética". ¿Resultado? 146 senadores del Partido Popular (de un total de 266 que componen esa cámara) rechazaron –han rechazado tres años más tarde- esa otra moción. En fin, que, el PP dijo no a la proposición de ley de La Izquierda Plural en vísperas del invierno del año 2013; y que, en septiembre del 16, volvió a decir no a la moción de Unidos Podemos y compañía.
"Un buen acuerdo"
Ayer, 21.000 fallecimientos prematuros después, PP y PSOE alumbraron plácidos -sin prisa- "un buen acuerdo para las familias vulnerables". La medida mediática es la prohibición (presunta) del corte de suministro en esos hogares, medida reclamada desde hace años por fuerzas políticas varias, Izquierda Unida para empezar, pero también Convergencia i Unió, por ejemplo. En realidad, el Real Decreto que ha publicado hoy el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (sobre "medidas de protección al consumidor vulnerable") no prohíbe ese corte sino en casos muy concretos y solo si estos consumidores cumplen una serie de requisitos que ahora mismo ni siquiera están definidos (el Ejecutivo se da 90 días a sí mismo, o sea, todo un invierno, para concretarlos).
Otra medida alumbrada a la luz del pacto PP-PSOE se refiere al bono social, que es un descuento del 25% sobre el precio de la luz
Pues bien, a partir de ahora -explican desde el PSOE- ese bono será concedido "en función de los ingresos y rentas". La pregunta es: ¿y por qué no fue siempre así? ¿No se supone que este tipo de ayuda ha sido pensada precisamente para eso, para que palíe la pobreza de quienes menos renta tienen? Lo paradójico de todo esto es que el bono social fue ideado por el PSOE en 2009. En la actualidad son beneficiarios de ese descuento más de 2,4 millones de hogares, es decir, unos 7 millones de personas, según dato proporcionado por el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal. El objetivo que declara el legislador cuando aprueba este bono es proteger "a los consumidores denominados vulnerables". Sin embargo, esa "solución" ha sido muy criticada por la mayoría de los actores del sector precisamente por eso: porque no ha tenido hasta ahora en cuenta como elemento clave la renta de las familias.
¿Cuestión de pobreza o de potencia?
Uno de los requisitos clave para ser beneficiario del bono social es la potencia: tener menos de tres kilovatios de potencia contratados (3 kW). Esto propicia que el 80% de las solicitudes -denunciaba ya Podemos en su Ley 25 de Emergencia Social- se haga por mor de un contrato de menos de 3 kW y ese es un coladero para las viviendas de segunda residencia, "que tienen normalmente este tipo de contratos". Es decir, que se están destinando recursos a familias con dos residencias, en lugar de asignárselos a familias vulnerables. La condición de familia numerosa -con tres hijos (o más)- puede habilitarnos también como beneficiarios de este bono, y, evidentemente, ser muchos en casa tampoco equivale siempre a ser vulnerables. El caso es que todos estos inconvenientes fueron detectados (y denunciados) hace ya más de un quinquenio y, sin embargo, han seguido vigentes hasta hoy.
Siete años de bono
En fin, que el PSOE ideó la herramienta (el bono social) y que, aunque no ha funcionado nunca como es debido, el PP ha estado utilizándola durante cinco años y sin decir ni mu. ¿Conclusión? Recursos ideados presuntamente para ayudar a los más vulnerables han acabado beneficiando a muchos propietarios de dos residencias y probablemente también a muchas familias numerosas de posición acomodada. El caso es que el Partido Popular y el Partido Socialista han firmado un pacto contra la pobreza energética en el que presumen ahora de apelar -siete años después- a la renta y los ingresos, un pacto por otra parte en el que, paradójicamente, han sido invisibilizados quienes han protagonizado la lucha contra la pobreza energética en estos últimos años. Todo ello, en vísperas de Nochebuena y en el marco de una especie de esperpento: el pobre es mío y soy yo el que lo sienta a la mesa.
Por lo demás, ya veremos si llegan a tiempo esas medidas... y ya veremos qué medidas
Porque lo cierto es que PP y PSOE no dejan claros los extremos del acuerdo. El Partido Popular lo presenta así en su página: el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PSOE, al que también se ha sumado Ciudadanos -explican desde el PP-, sirve para “establecer un sistema bien definido de lucha contra la pobreza energética para limitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. ¿Limitar? ¿Qué significa limitar? ¿Significa lo mismo que prohibir?
Más adelante, en el mismo comunicado, el PP dice que la tramitación reglamentaria de la norma, que servirá para concretar el procedimiento para evitar los cortes de suministro y la definición de consumidores vulnerables "durará tres meses" y tendrá en cuenta -continúa la nota- "a Bruselas, a los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Consejo de Estado". La pregunta es: si el invierno acaba de empezar con el solsticio y concluye dentro de tres meses, el 20 de marzo, con el equinoccio... ¿cuándo piensan sentar a la mesa a sus pobres Hernando y Nadal?
El Gobierno ha publicado hoy en el BOE el Real Decreto-ley 7/2016, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.
