Cuando lo demás falla, estamos los ayuntamientos. Lo dicen en su carta los alcaldes de Cádiz, Valencia, Pamplona, Santiago de Compostela, Zaragoza y Rivas-Vaciamadrid, además de tenientes de alcaldesa de Barcelona, Madrid y Sant Feliu de Llobregat. Todos ellos suscriben una carta, que enviaron ayer a la ministra para la Transición Ecológica, en la que denuncian "la falta de medidas efectivas para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad". Alcaldes, alcaldesas y demás ediles señalan en su misiva que el bono social "no resuelve por sí mismo" el problema en cuestión y consideran que no solo es necesaria una Ley contra la Pobreza Energética sino que hace falta además "una reforma profunda del sector de la energía, que impida la especulación por parte de las grandes empresas con un bien tan necesario como este".
Cuando lo demás falla
“Somos los ayuntamientos quienes, en gran medida, cubrimos las necesidades energéticas de las familias cuando lo demás falla”, explican los ediles en su carta, con la que solicitan por ello la interlocución directa en esta materia, “sin órganos intermedios”. Según el alcalde de Cádiz, José María González, “aunque la competencia de energía es del Gobierno, somos los ayuntamientos los que estamos afrontando la situación y evitando los cortes de luz”. La situación es especialmente crítica en el caso de Cádiz, que se disputa con Córdoba el primer puesto en la tabla nacional de tasa de desempleo: “dedicamos más de medio millón de euros al año a ayudas de energía -explica el alcalde gaditano- para que no se produzcan cortes y, además, hemos observado que el número de solicitudes no ha dejado de aumentar, lo que demuestra que la situación es muy grave”.
Seis demandas
Además de la primera y principal demanda -un diálogo directo, "sin órganos intermedios", y urgente-, los ayuntamientos del cambio le proponen a la ministra, "en base a nuestra experiencia directa con el problema", otros cinco cambios específicos "en relación con la reforma del bono social que ha iniciado". Los firmantes entienden -apuntan desde el Ayuntamiento de Cádiz- que estos cambios mejorarían "sustancialmente" el bono social. A continuación, las seis peticiones incluidas en la carta que enviaron ayer a la ministra los ayuntamientos de Cádiz, Valencia, Santiago de Compostela, Zaragoza, Rivas-Vaciamadrid, Pamplona, Barcelona, Madrid y Sant Feliu de Llobregat.
1. Que formalice un espacio de trabajo con los ayuntamientos de las ciudades sin órganos intermedios, para que dicha reforma pueda responder a las situaciones reales y aproveche la experiencia que acumulan las trabajadoras de las delegaciones de asuntos sociales, que son quienes tienen contacto directo con la pobreza energética. Los ayuntamientos queremos colaborar activamente en dicha reforma.
2. Que regule para que cualquier comercializadora que quiera pueda prestar el bono social. A día de hoy, como sabe, sólo tienen acceso al bono social las clientas y clientes de ocho comercializadoras en todo el Estado (las 5 del oligopolio y tres más), de las más de 700 que existen. Esta es una discriminación injustificable, que supone la canalización de los rucursos públicos hacia un grupo de empresas que dominan el sector, y además, excluye a más de la mitad de los contratos, tanto de la ayuda, como de la protección contra el corte de suministro.
3. Que las empresas estén obligadas a optimizar el contrato antes de aplicar el bono social. Existe un importante desconocimiento en relación con los contratos energéticos que supone que la mayor parte de la gente pague potencias y tarifas que engordan sus facturas innecesariamente. Se da la situación perversa de que se subvenciona a través del bono social descuentos sobre facturas mucho más altas de lo necesario. Por ello proponemos que incluya en su reforma del bono la obligación de las empresas energéticas de facilitar la tarifa más barata (2.0DHA) y la potencia demandada real, antes de aplicar el bono social.
4. Que la aplicación del bono social sea automática, como sucede en Portugal con la tarifa social desde el año 2016.
5. Que se aplique el principio de precaución como la Ley Catalana 24/2015, para que las empresas energéticas no puedan cortar la luz sin comprobar que la familia o persona no está en situación de vulnerabilidad.
6. Que destine recursos y facilite personal para los Ayuntamientos dedicados a la formación, asesoramiento y acompañamiento energético a las familias.
Firman la carta José María González (Por Cádiz Sí Se Puede), alcalde de Cádiz; Joan Ribó i Canut (Compromís), alcalde de Valencia; Martiño Noriega Sánchez (Compostela Aberta), alcalde de Santiago; Pedro Santisteve Roche (Zaragoza en Común), alcalde de Zaragoza; Joseba Asirón Sáez (EH Bildu), alcalde de Pamplona; Pedro del Cura Sánchez (Izquierda Unida), alcalde de Rivas-Vaciamadrid; Laia Ortiz Castellví (Iniciativa per Catalunya Verds, Barcelona en Comú), teniente de alcaldesa de Barcelona; Marta Higueras Garrobo (Ahora Madrid), teniente de alcaldesa de Madrid; Lidia Muñoz (Iniciativa per Catalunya Verds), teniente de alcalde de Sant Feliu de Llobregat.
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