A lo largo de los últimos veinte años, España lo ha hecho, sencillamente, muy mal, según los datos oficiales que maneja el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur). Pero es que, a lo largo de los últimos doce meses, España lo ha hecho exactamente igual, es decir, rematadamente mal. Porque la intensidad energética –y quede claro que la fuente es la misma: el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo–, ha vuelto a crecer al sur de Pirineos –en España– a lo largo de los últimos doce meses. Así, y según el último balance (octubre de 2012) publicado por el susodicho ministerio, la intensidad en el consumo de energía primaria ha crecido en este país, entre julio de 2011 y julio de 2012, un 0,4%. En fin, que no solo no hemos logrado corregir la tendencia, no solo no hemos logrado neutralizar el derroche, sino que vamos a más... incluso tras cuatro años de crisis brutal (todos los datos señalados son oficiales, es decir, que proceden del Minetur).
La escasez
Y lo cierto es que la energía no es una materia prima de la que ande sobrado el reino de España. Antes al contrario, importamos prácticamente el 100% del petróleo que consumimos y casi el 100% del gas natural. Y son, ambos, productos energéticos cada vez más caros. Para que nos hagamos una idea, a finales del año 2008, recién estallada la crisis, el barril estaba a 40 dólares. Ahora mismo supera los 110. Carestía cada vez más grave, que se suma a otro problema igualmente pavoroso: las importaciones de productos energéticos han crecido en los últimos ocho meses (enero-agosto) en un 15,1%, es decir, que, si ayer importábamos cien barriles, hoy importamos 115. Ciento quince barriles cada uno de los cuales nos cuesta casi el triple que al comienzo de la crisis. Para ser exactos, en los ocho primeros meses del año (enero-agosto), España ha enviado al exterior –ha adquirido a potencias extranjeras petróleo y gas por valor de...– más de 40.418 millones de euros (datos oficiales; fuente: Ministerio de Economía y Competitividad).
De "sólidos regímenes democráticos"
Pues bien, a pesar de ese escenario –brutal dependencia energética de naciones como Catar, Argelia, Libia o Nigeria–, el gobierno de la nación, encabezado hoy por Mariano Rajoy, acaba de votar en contra del texto finalmente consensuado de la nueva Directiva de Eficiencia Energética, texto que aprobaran, en septiembre, el Parlamento Europeo, y, hace unos días, el Consejo de Ministros de Energía. Y el Partido Popular que lidera Rajoy ha dicho no a la eficiencia a pesar de que España padece una tasa de dependencia energética mucho más elevada (alrededor del 75%, según Industria) que la media europea, que está en torno al 50%. Pero dejemos la macroeconomía y bajemos a la arena: la competitividad de nuestra economía pasa, indefectiblemente, por que nuestra industria sea capaz de fabricar sus productos con menos energía que la competencia (eso se llama eficiencia), y pasa además por que nuestra industria no se vea en la necesidad de exportar capital (a otros países, a otros mercados) para adquirir energía cada vez más cara.
España va a exportar este año 60.000 millones de euros a otras economías, a otras industrias
Pues bien, el gobierno de la nación, a la vista de todos los datos arriba señalados (fuentes gubernamentales, como se ha insistido), ha dicho no a la directiva de eficiencia y España va a cerrar 2012 habiendo enviado allende las fronteras 60.000 millones de euros en concepto de importaciones de productos energéticos (a 31 de agosto ya habíamos expatriado más de 40.000). Contra la política energética gubernamental, que no solo ha congelado el desarrollo de las renovables sino que ahora pone piedras en el camino a la directiva, la Fundación Renovables (FR) ha difundido hoy un comunicado en el que señala que "poner la crisis como pretexto para relegar las políticas de ahorro de energía es un doble error, porque la eficiencia energética es ahora mismo una necesidad para la política energética y económica –dado el incremento constante de las importaciones de hidrocarburos, su impacto en la inflación y el déficit comercial–, y porque, por otro lado, el sector de los servicios energéticos en España puede ser uno de los principales sectores con los que decidir y llevar a cabo políticas de estímulo al crecimiento económico y a la creación de nuevos empleos".
La alusión de la FR al empleo no es llovida del cielo
El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 que aprobara, hace ahora un año, el último Gobierno Zapatero, hacía una previsión de cómo evolucionaría el sector de los servicios energéticos para cumplir el objetivo de ahorro del 20% de energía (objetivo al que se ha obligado la Unión Europea en el horizonte 2020). Pues bien, ese plan estimaba que el sector triplicaría su facturación actual y crearía cerca de un millón de nuevos empleos, directos e indirectos, en estos ocho años. "Resulta increíble –dice hoy en su comunicado la Fundación– que, en lo más duro de la crisis, se desprecien políticas de crecimiento y empleo". Antes al contrario –señala la FR–, "es precisamente por la crisis por lo que esta nueva Directiva de Eficiencia Energética debe de contar con el máximo apoyo de todos los actores y agentes de los sectores energéticos y económicos de nuestro país". La Directiva de Eficiencia Energética –cuyo principal objetivo es, según la FR, la "decidida voluntad de Europa de fomentar el mercado de los servicios energéticos"– es por eso considerada por la Fundación una "magnífica oportunidad para plantear salidas a la crisis".
La salida de la crisis, por la puerta de la rehabilitación
En ese sentido, la directiva crea tres mecanismos "de importancia fundamental", según la FR: la Estrategia Nacional de Rehabilitación de todo el parque de edificios, público y privado, para movilizar las inversiones adecuadas; un Fondo Nacional de Eficiencia Energética para facilitar mecanismos de financiación que respalden los proyectos de ahorro de energía; y un Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética que contenga medidas, ahorro e inversiones y evalúe las medidas para eliminar las barreras normativas y administrativas que se opongan a la eficiencia energética. Según la Fundación, para España, la rehabilitación energética de edificios supone una oportunidad extraordinaria de creación de actividad, riqueza y empleo, por lo que insta a la administración a trasponer esta Directiva a la normativa española.
La propuesta de la Fundación
Según la FR, esa trasposición, además, debe contemplar los siguientes extremos: un criterio amplio respecto a su alcance y aplicación en las tres administraciones públicas –central, autonómica y local–, el urbanismo, las pymes y los hogares; una reelaboración del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 que tenga en cuenta esta nueva norma europea y con una evaluación de las barreras que impiden la eficiencia energética; un plan de apoyo a las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) como instrumentos independientes y prioritarios para el cumplimiento de los objetivos y medidas de la directiva y una clara delimitación del espacio de las ESE con respecto al de las compañías distribuidoras; y la derogación y modificación de normas como el RDL 1/2012 y RDL 13/2012 y aprobación de los decretos de autoconsumo y certificación energética de edificios por coherencia con la entrada en vigor de la Directiva.
Edificios públicos
Entre otras cosas, la directiva a la que ha dicho no el gobierno de España dice que "los Estados miembros se asegurarán de que, a partir del uno de enero de 2014, el 3% de la superficie edificada total propiedad de sus organismos públicos se renueve cada año", que se renueve –dice la directiva– de manera que cumpla al menos unos requisitos de rendimiento energético mínimos determinados por otra directiva europea (la Directiva 2010/31/UE, concretamente). Ese 3% se calculará –añade la directiva de Eficiencia Energética– "sobre la superficie edificada total de edificios propiedad de organismos públicos del Estado miembro correspondiente, incluidas las viviendas sociales" (según datos de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, el 12% de los edificios pertenece al sector público). Pues bien, a eso ha dicho no el gobierno.
Clientes finales privados
Otra de las estipulaciones que introduce la directiva es que cada Estado miembro "establecerá un régimen de obligación de eficiencia energética" que debe asegurar que todos los distribuidores de energía y/o todas las empresas minoristas de venta de energía "consiguen ahorros anuales acumulados, a nivel de usuario final, iguales como mínimo al 1,5% de sus ventas de energía anuales, en volumen, como media del período trienal más reciente para dicho Estado miembro". O sea, que, grosso modo, la directiva obliga a distribuidores y comercializadores a que animen a sus clientes para que gasten menos energía: 1,5% de sus ventas de energía anuales. Pues bien, el gobierno también ha dicho no a esto... al decir no a la directiva, que puedes encontrar aquí.
