El gobierno acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado –lo hizo concretamente el pasado sábado– el Real Decreto-ley (RDL) 13/2012, de 30 de marzo, "por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas (...) y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores ataeléctrico y gasista". Pues bien, el ejecutivo –mediante ese RDL– ha rebajado en 1.700 millones de euros los costes del sistema eléctrico, rebaja de costes que el gobierno asegura que "reparte entre los diferentes agentes del sistema". Los recortes afectan, entre otros, a la distribución, el transporte, los pagos por capacidad, la financiación del operador del sistema (Red Eléctrica de España, REE), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la interrumpibilidad (pago que reciben algunas grandes empresas –grandes consumidores, como siderúrgicas o cementeras– para que paren sus máquinas cuando el sistema necesita potencia por alza de la demanda). El caso es que el recorte del gobierno –menos ingresos para el IDAE (que sufre una mordida de 616 millones de euros), menos fondos para la CNE o menos recursos para Red Eléctrica de España, entre otras cosas– asciende a un total de 1.700 millones de euros.
Y es que, a la factura de la luz, aparte de asociársele el precio del kilovatio, el gobierno siempre le ha asociado un montón de otros conceptos. Así, por ejemplo, durante varias décadas, de la factura se extrajo una partida para gestionar los residuos nucleares que generaban las diez centrales atómicas españolas (en 2005 la factura se liberó por fin de ese concepto y a partir de entonces son las centrales que generan esos residuos las que se encargan de costear su tratamiento). ¿Más ejemplos? Pues de la factura han salido, durante estos últimos años, las primas a las energías limpias y asimismo ayudas al carbón o a las centrales térmicas que queman gas natural (en este último caso, las ayudas se llaman, concretamente, "pagos por capacidad").
El pago por capacidad
Entiéndese por "pago por capacidad" (o pago por disponibilidad) el pago que establece el gobierno para que las centrales térmicas estén disponibles, a modo de respaldo, frente a determinadas contingencias. ¿Que qué tipo de contingencias? Pues, por ejemplo, un incremento no previsto de la demanda de electricidad o una significativa reducción de la oferta (no hay viento, la hidraulicidad es escasa y algún grupo nuclear hace una parada no programada, por poner un ejemplo). Pues bien, el pasado nueve de marzo, la CNE publicó su informe sobre posibles medidas "dirigidas a atajar la evolución del déficit tarifario en el sector eléctrico", informe que le había encargado semanas antes el gobierno. En ese informe, la CNE propone eliminar "transitoriamente" el pago por disponibilidad "en tanto no se desarrolle la propuesta de metodología de pagos por capacidad en la que la CNE está trabajando en la actualidad".
Lo que pide Aprie
Poco después de que la CNE hiciera esa recomendación, la Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica en Régimen Ordinario (Aprie) difundía un comunicado en el que señalaba que, uno, no está de acuerdo con la propuesta CNE de eliminación transitoria de los pagos; dos, no está satisfecha con el incremento en el pago que estableciera el gobierno el pasado mes de diciembre (140 millones de euros); y tres, considera "de vital importancia" que el nuevo esquema incremente "las actuales cantidades asociadas a los pagos por capacidad para aquellas instalaciones que no pueden cubrir sus costes con los ingresos percibidos de su participación en el mercado de producción". Pues bien, el gobierno no ha hecho caso de la recomendación de la CNE y no ha eliminado "transitoriamente" el pago por capacidad –como proponía la Comisión–, aunque sí eliminó la prima "de forma temporal" y con el mismo pretexto: reducir el déficit de tarifa.
Interrumpibilidad
No, el ejecutivo no ha eliminado ese pago, aunque sí lo ha rebajado –en 80 millones de euros–, así como ha rebajado también la cantidad que sacaba de la tarifa de la luz para pagar el denominado servicio de interrumpibilidad, servicio "que permite dar respuestas rápidas y eficientes ante eventuales situaciones de emergencia". De lo que se trata es de que grandes consumidores se desenchufen y liberen así muchos megavatios en caso de emergencia. Según el ejecutivo, "dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y lo limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y del sistema eléctrico, el gobierno reducirá esta retribución en unos 60 millones de euros". En el fondo, el ítem interrumpibilidad viene a incidir sobre lo mismo: otra garantía para casos de emergencia, garantía que por cierto ha sido puesta en tela de juicio por la CNE, esa comisión –ente regulador del sistema eléctrico nacional– a la que no hace caso el gobierno.
La CNE sabía del excesivo garantismo desde 2003
El párrafo que recogemos a continuación está escrito por la Comisión Nacional de Energía (la cita es literal –todo lo entrecomillado– y no tiene desperdicio): "la incorporación de nuevos ciclos combinados ha permitido que progresivamente el índice de cobertura de la demanda eléctrica en la península pasara de ser inferior a la unidad en 2001, a conseguir un 10% de reserva de capacidad a partir de 2003 (índice de cobertura de 1,1), nivel que el Operador del Sistema [Red Eléctrica de España] considera necesario para garantizar la seguridad del sistema. Asimismo, de acuerdo con las estimaciones del Operador del Sistema, desde 2008, la reserva de capacidad ha superado el 20% (valor del índice de cobertura superior a 1,2), y sin embargo, la incorporación de nuevos ciclos ha continuado progresivamente, instalándose en 2010 cuatro ciclos combinados más, sumando una potencia en ese año de 2.170 MW, con lo que la potencia total es de 25.270 MW. Esta incorporación de potencia adicional ha contribuido a que el funcionamiento medio de todos los ciclos sea aún menor" (véase Informe 26/2011 de la CNE, página 14).
En fin, que Red Eléctrica de España (REE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya sabían (en 2003, hace casi diez años) que la reserva de capacidad era suficiente. Red Eléctrica de España lo sabía; lo sabía la CNE; y, presumiblemente, también lo sabía (o hubiese debido saberlo) el sector del gas. Pues bien, a pesar de ello, desde 2003 y hasta 2012, la patronal del gas no solo ha seguido instalando megavatios (Aprie reconoce que tiene actualmente 2.000 MW "en desarrollo"), sino que, además, ha seguido reclamándole al gobierno, sin vergüenza alguna, incrementos en los pagos por capacidad, como si su capacidad fuese la garante del sistema eléctrico nacional, ese que ya presentaba en el año 2003 un índice de cobertura de 1,1, según la CNE. Y, a la par, el gobierno (los gobiernos) no solo ha hecho oídos sordos a los informes del operador del sistema eléctrico nacional (REE), sino que también ha desatendido los informes del regulador, que, hace apenas unas semanas, proponía la eliminación del pago por capacidad "en tanto no se desarrolle la propuesta de metodología de pagos por capacidad en la que la CNE está trabajando en la actualidad". En fin, que la luz va a subir un 7%; que el gobierno ha decidido rebajar los costes del sistema eléctrico en 1.700 millones de euros y que la rebaja que ha sufrido la partida de los pagos por capacidad (que afectan al gas) son apenas 80 millones, es decir, el 4,75%.
¿Y de dónde sale el ahorro restante: el 95,25%?
Pues, según el RDL 13/2012, las dos partidas más cuantiosas serían la detraída del IDAE, más de 600 millones de recorte saldrían de "remanentes" del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (buque insignia de la administración central en materia de ahorro y eficiencia) y 688 millones serían los detraídos de la distribución, "actividad regulada y sujeta a una retribución aprobada por gobierno" (se retribuye, entre otras cuestiones, las inversiones, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la atención al cliente).
Además, unos 60 millones de euros serían "remanentes de ejercicios anteriores" de la Comisión Nacional de la Energía; unos veinte millones de euros saldrían de la financiación del Operador del Sistema Eléctrico (esa cantidad será financiada a partir de ahora "con cargo a los agentes a los que presta sus servicios"); y, además, se reducirá en unos 50 millones de euros la subvención al carbón "por garantía de suministro" (otra vez el garantismo). Por otra parte –señala el RDL 13–, "la actividad de transporte es una actividad regulada sujeta a una retribución aprobada por el gobierno que incluye, entre otras cuestiones, la retribución a las inversiones y la operación, así como el mantenimiento de las instalaciones". En el contexto actual de reducción de costes –dice el RDL 13–, "se modifica el criterio de contabilización de la retribución de las inversiones realizadas. Así, se retrasará la retribución de las inversiones de 2011, que ascienden a unos 200 millones de euros, hasta el año 2013".
Más información
Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo
