"1.036.225 € para subvenciones de mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León". Exactamente en esos términos titula el Gobierno de Castilla y León el comunicado que acaba de difundir. Los incentivos -más de un millón, como se ve- serán gestionados por la Dirección General (DG) de Energía y Minas de la Junta y "pretenden favorecer la transición hacia una economía baja en carbono en todos los sectores productivos". Según informa el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (organismo dependiente de la DG de Energía y Minas), esta convocatoria, dirigida a empresas, "forma parte de un paquete más amplio de subvenciones, que cuenta con un presupuesto de casi 29 millones de euros hasta 2020 dentro del Programa Operativo Feder". La cuantía de las ayudas se sitúa de media en el 22% del coste de las actuaciones a ejecutar, "aunque puede alcanzar hasta el 30% siempre que la actuación genere un ahorro energético importante", según matiza el Ente Regional de la Energía (Eren).
Más puntos para los pueblos más pequeños
En el comunicado que acaba de difundir, el Eren explica que "se consideran criterios preferentes para su concesión los resultados en términos de eficiencia energética asociados al proyecto, así como su ubicación en pequeños municipios (con mayor puntuación cuanta menor población tenga la localidad) y el volumen de facturación de las empresas, primando aquellas con menor facturación". Además, se potencian los proyectos en las comarcas mineras, los solicitados por autónomos y las empresas que potencian la contratación de personas discapacitadas por encima del mínimo legal obligatorio. Según el Ente Regional de la Energía, la convocatoria está abierta "a un amplio colectivo de beneficiarios potenciales, pudiendo concurrir grandes y pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y agricultores y ganaderos a título principal".
Los proyectos subvencionables se estructuran en dos programas
El primero se refiere a empresas que forman parte del sector industrial productivo, mientras que el segundo programa tiene como objetivo promover edificios y construcciones más eficientes desde el punto de vista energético y se excluyen en este caso las instalaciones industriales. Las solicitudes -explican desde el Eren- se tramitarán exclusivamente por vía telemática, a través de un instalador o colaborador autorizado inscrito en el registro correspondiente, o bien directamente mediante la aplicación AYAE, disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Hay más información aquí
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La política de ahorro de Castilla y León (de subvenciones al ahorro de energía) contrasta con el discurso del impuesto al sol que esgrime el Ejecutivo Rajoy
El autoconsumo es una forma de ahorro: genero unos cuantos kilovatios hora con unas placas solares que he colocado en el tejado de casa (o en el de la nave industrial de mi empresa) y así no tengo que comprárselos a la compañía eléctrica con la que tengo contratado el suministro.
Y el impuesto al sol es una tasa que el hoy exministro de Industria José Manuel Soria –y su mano derecha, el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal– se inventaron en octubre de 2015 para gravar los kilovatios hora que produzco en mi tejado, recorren el cableado de mi hogar y consumo en el frigorífico de mi cocina, es decir, kilovatios hora (kWh) que no llegan jamás a la red. Soria y Nadal justificaron su impuesto al grito de “no sean ustedes insolidarios con los demás consumidores de electricidad, no quieran ustedes ahorrarse los costes del sistema”.
El argumento que emplearon el ministro Soria y su secretario Nadal fue el siguiente: si cada kilovatio hora que un consumidor le compra a la red lleva asociados unos impuestos que sirven para el mantenimiento del sistema todo y un autoconsumidor se ahorra unos kWh (que ya no tiene que sacar de la red porque los genera en casa), pues al final lo que el autoconsumidor se ahorra lo tendrán que pagar entre los demás consumidores.
Lo que el ministro está diciendo es, pues, "no invierta usted, señor empresario, en medidas de eficiencia"
¿Tiene usted una tintorería? Pues no compre una lavadora clase A porque resulta que esas lavadoras ahorran un montón, ¿sabe usted? Y, claro, como cada kWh lleva unos impuestos asociados, pues todo kilovatio hora que no consuma usted en un lavado a partir de ahora –lo que se ahorre, pues– va a acabar perjudicando a los demás consumidores… La pregunta es: ¿qué hacemos, pues? ¿Dejamos de comprar electrodomésticos clase A y si hace falta seguir gastando un poquito más… pues se gasta? Lógicamente, frente a ese impuesto –que el Ejecutivo Rajoy ha incluido en el Real Decreto que regula las “condiciones administrativas, técnicas y económicas” del autoconsumo (aprobado en octubre de 2015)– se han ido posicionando todos los actores de la sociedad española: los sindicatos y la patronal, las organizaciones ecologistas, las asociaciones de consumidores, los intelectuales del sector (think tanks) y, por fin, todos los partidos del arco parlamentario (todos menos el Partido Popular de Rajoy).
En realidad, el pretexto económico tampoco parece sólido
Según el director técnico de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, “por cada cien megavatios [100 MW] de autoconsumo instalados, el sistema eléctrico podría dejar de ingresar unos 3 millones de euros [M€]. Si estamos proponiendo la instalación de unos 400 MW al año –decía Donoso hace unas semanas–, el sistema perdería unos 10–12 M€, cuando factura 17.000”. La cifra resulta pues ridícula. Pongamos un ejemplo (por aquello del comparar): la Comunidad de Madrid (una entre 17) hacía balance hace un par de meses de sus planes Renove: "desde 2006 –explicaba en nota de prensa– se han invertido más de 110 M€ en los distintos Planes Renove. Con las acciones impulsadas por la Comunidad –continuaba la nota– se ha ahorrado el equivalente a 200.000 toneladas de petróleo”. 110 M€ en diez años suponen 11 M€ al año. Eso, solo, en Madrid. Pregunta: ¿puede asumir el sistema eléctrico de España, que factura anualmente 17.000 millones de euros, el coste del autoconsumo –unos 10–12 M€ al año– o no puede asumirlo?
Once millones de euros cada año
Repetimos: la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) ha destinado 11 M€ cada año, a lo largo del último decenio, a subvencionar (con dinero público y a fondo perdido) la renovación de ventanas, ascensores, electrodomésticos, bombillas, etcétera, etcétera (planes Renove para modernizar y… ahorrar). Y, en efecto, todo ello ha supuesto, según la propia CAM, que lleva más de diez años gobernada por el PP, un ahorro equivalente a 200.000 toneladas de petróleo. ¿De verdad que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no puede articular ninguna medida de encaje para enjuagar esos 10–12 millones de euros de menos que ingresará presuntamente el sistema? Pongamos otro ejemplo: el mismo Ministerio ha destinado 225 M€ a su último Plan Pive (programa de incentivos al vehículo eficiente), un plan de renovación del parque móvil que ha expirado en julio. Repítase: 225 millones de euros (por cierto, que el 97% de los vehículos que se han beneficiado de esa subvención ha sido de gasolina o gasóil; menos del 3% fueron híbridos o eléctricos).
La curva de aprendizaje de la industria global del automóvil
¿Puede el Gobierno de España destinar 225 millones de euros, a fondo perdido, en apenas unos meses, a la renovación del parque móvil nacional? ¿Es, o no, sensato? Estamos hablando de 225 M€ (Plan Pive 8) que se suman a otros centenares de millones de euros con los que el Gobierno -ora socialista, ora popular- lleva más de 20 años subvencionando la adquisición de vehículos de multinacionales de todo el mundo: alemanas (Volkswagen, BMW, Audi), francesas (Renault, Peugeot, Citröen), italianas (Alfa Romeo, Fiat, Piaggio), japonesas (Mitsubishi, Nissan, Toyota), coreanas (KIA, Hyundai, Daewoo), estadounidenses (Ford), y suecas (Volvo), y... ¿Puede el Ejecutivo destinar miles de millones de euros a subvencionar la compra de coches (al final va a resultar que lo que estamos pagando los españoles es la curva de aprendizaje de la industrial global del automóvil) y no destinar siquiera 12 a autoconsumo solar fotovoltaico? ¿Es lícito que el Ejecutivo destine ese dineral a gasto -los coches consumen combustibles fósiles- y no quiera destinarlo a ahorro?
En las antípodas de ese planteamiento, la Junta de Castilla y León acaba de anunciar subvenciones por valor de más de un millón de euros que "forman parte de un paquete más amplio de subvenciones, que cuenta con un presupuesto de casi 29 M€ hasta 2020 dentro del Programa Operativo Feder". ¿Serán tachados de insolidarios los empresarios castellano leoneses que se acojan a esas ayudas? ¿Serán considerados "depredadores", como los llamó hace unos meses el entonces secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, hermano (gemelo) del actual ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital?
