Curtis, en La Coruña, y Pontevedra (sin concretar la localidad) son los posibles destinos de las plantas de Renova Generación y Energía y Celulosa (Ence), respectivamente. Acorde con la potencia concedida a ambas empresas en la subasta de biomasa organizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en enero de este año, la primera sería de unos 50 MW y la segunda de 40 MW. Es decir, tanto de forma individual como en conjunto, chocan con las limitaciones que impone el decreto 149/2008.
La intención de la norma es “garantizar la adecuación de la instalación de centrales de biomasa a la disponibilidad y seguridad del recurso, enmarcado con carácter de actividad complementaria o secundaria a los usos de sectores productivos del monte”. Ahora, la Xunta, según APPA Biomasa, ha decidido derogarla. Tanto esta asociación, como la Asociación Gallega para la Valorización Energética de la Biomasa (Agaveb), muestran su satisfacción porque “la Xunta, después de trabajar conjuntamente con el sector, decidiese derogar el mencionado decreto”.
“No va a suponer una desregulación del sector”
Manuel García, presidente de ambas asociaciones y de una de las empresas adjudicatarias de la subasta, Renova, afirma que "la decisión tomada por la Xunta no va a suponer una desregulación del sector, ya que se exigirá a las empresas que se comprometan a garantizar un desarrollo ordenado de los recursos".
Mucho antes de que se conociera la derogación del decreto, en septiembre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia puso en exposición pública el estudio de impacto ambiental simplificado de la planta de Renova Generación en Curtis. En dicho estudio Renova precisaba que las 568.000 toneladas al año de biomasa que necesitaría la instalación serían recolectadas en la provincia de A Coruña.
Adega y FEG alegaron contra Curtis y advirtieron de la posible derogación del decreto
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) y la Federación Ecoloxista Galega (FEG) presentaron alegaciones contra la planta de Renova, basadas precisamente en la ilegalidad de tramitar una instalación con una potencia prohibida en el decreto 149/2008 y porque incrementará los cultivos energéticos con eucaliptos. Adega y FEG sospechaban entonces que “el Gobierno de Feijóo tenga en la recámara una modificación del decreto 149/2008 para liberar la potencia de las centrales de biomasa”.
APPA Biomasa afirma que “la Administración gallega exigirá la correspondiente capacidad técnica y económica a los proyectos, informes sectoriales, sostenibilidad de los mismos, compatibilidad de usos y contar con puntos de evacuación”. Recuerdan también que “Galicia es la principal comunidad autónoma de España en cuanto a recursos forestales, con más de un 50% de la producción nacional”.
Según García, “de esta forma Galicia se iguala al resto de comunidades autónomas en materia de regulación del sector de la biomasa". El presidente de APPA Biomasa entiende que esta decisión “redundará en un mayor desarrollo sectorial, con el consiguiente aumento de la producción, la mejora en la limpieza de los bosques, lo que evitará incendios; y el incremento de puestos de trabajo en todo el ciclo de la generación eléctrica con biomasa".
