Casi treinta mil millones de litros de etanol de caña de azúcar salieron de las fábricas de Brasil en 2018, convirtiéndose en el segundo mayor productor mundial de etanol tras Estados Unidos y acaparando junto a este el 83 por ciento de la producción mundial. En Brasil, tan importante es el azúcar que se extrae de la caña como el etanol, e incluso la electricidad de su principal residuo, el bagazo.
Sin embargo, la ambición por producir más y la falta de respeto hacia el medio ambiente mostrada en varias ocasiones por Jair Bolsonaro le hicieron derogar en noviembre de este año un decreto de 2009 que restringía el cultivo de la caña de azúcar en áreas de la cuenca del río Amazonas, el Pantanal, Alto Paraguay, tierras indígenas y, en general, áreas de protección ambiental, para evitar que la producción de etanol fomentara la deforestación.
Por este motivo, el MPF anunció este lunes la presentación de una demanda “para revocar el decreto presidencial que autoriza la plantación de caña de azúcar en la Amazonía”. Solicita a la Justicia Federal que suspenda “inmediatamente” los efectos del decreto 10.084 /2019 firmado por Bolsaonaro para reanudar la validez de la legislación de 2009, y exige que “no se emita un nuevo decreto hasta la presentación de estudios técnicos que demuestren la ausencia de amenaza para la protección del medio ambiente”.
“Mayor deforestación en la Amazonia y amenazas para la biodiversidad y los bosques adyacentes”
El mismo ministerio fiscal añade que “los estudios científicos indican que la revocación de los límites para el cultivo de la caña de azúcar tendría, como efecto secundario, una mayor deforestación en la región, además de presentar amenazas para la biodiversidad y los bosques adyacentes, considerando que los pastos naturales de la Amazonia (lugares destinados a la siembra de caña de azúcar) forman ecosistemas de gran diversidad biológica, que albergan especies raras o en peligro de extinción”.
En la mente del MPF están varios estudios científicos y muy especialmente artículos recientes aparecidos en la revista Science. Uno de los últimos, de ayer mismo (Punto de inflexión en la Amazonia: última oportunidad para la acción), está firmado por Thomas Lovejoy, investigador y autor de referencia en cuestiones de biodiversidad, y Carlos Nobre, investigador sénior en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo (Brasil).
Los autores afirman que es necesaria una nueva visión de la Amazonia que “requerirá un desarrollo económico basado en sus recursos biológicos, lo que eliminaría de inmediato las economías ilógicas y miopes, como los monocultivos nada fiables asociados al ganado, la soja y la caña de azúcar”. Sí ven la Amazonia como recurso de una bioeconomía basada en el uso de los bosques sin alterarlos, el aprovechamiento eléctrico de sus ríos o la recolección sostenible de materias primas.
Un clima y unos suelos que no son aptos para la caña de azúcar
Un mes antes, el Editor Asociado de Science, Jeffrey Brainard, advertía que “el clima extremadamente húmedo y los suelos pobres de la Amazonia no son ideales para las variedades populares de caña de azúcar, y los estudios indican que Brasil tiene mucho espacio para expandir la producción de este cultivo en otros lugares sin competir con otros tipos de producción o conservación de alimentos”.
También lo piensa el MPF, que cita un estudio técnico que sirvió para promulgar el decreto de 2009 durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Dicho estudio sostenía que Brasil tenía, en ese momento, alrededor de 63,5 millones de hectáreas adecuadas para la expansión del cultivo de caña de azúcar, de las que 18 millones tenían un alto potencial productivo, “lo que indica que no era necesario incorporar nuevas áreas con cobertura virgen en el proceso de producción”, apostilla el MPF.
Amenazas para la “buena imagen” del etanol de caña de azúcar
Entre los “daños ambientales, sociales y económicos graves e irreversibles” que se corre el riesgo de alcanzar con este nuevo decreto, el ministerio fiscal cita “las exportaciones de biocombustibles del país, debido a las medidas proteccionistas de los países importadores basadas en garantías ambientales, lo que causaría daños al sector productivo de la caña de azúcar”.
El etanol de caña de azúcar está entre los mejores valorados desde el punto de vista ambiental. Un estudio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) le colocó en primer lugar entre los biocarburantes de cultivos en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otro lado, el informe de la Comisión Europea basado en el modelo Global Biosphere Management Model le sitúa como uno de los que genera menos emisiones por el cambio indirecto del uso de la tierra. Además, según los informes sobre el empleo de la Agencia Internacional de Energías Renovables, el etanol de caña de azúcar es uno de los que más puestos de trabajo genera, muy por encima del etanol de maíz.
Desde la patronal del sector, la União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), su presidente Evandro Gussi, hace valer la Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) adoptada por Brasil, ya que “la deforestación está fuera de ella y el etanol y todos nuestros productos deben ser sostenibles de principio a fin”. Añade que el decreto de 2009 sirvió solo como un marco burocrático porque el sector siempre ha avanzado para impulsar una movilidad sostenible.
Las ONG ecologistas en contra, con campaña de recogidas de firmas incluida
ONG ambientales como Mongabay y Salva la Selva no piensan igual. Desde la primera consideran que “las declaraciones de Gussi sobre que RenovaBio (la política de biocombustibles aprobada en 2017) sería suficiente para mitigar los impactos de la derogación del decreto son delirantes y no tienen respaldo científico.
Por su parte, Salva la Selva, que ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Internet, ve detrás de la derogación impulsada por Bolsonaro el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur (Mercado Común del Sur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para la exportación de 650.000 toneladas de etanol. La ONG pide que, a falta de que el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE aprueben el acuerdo, “no haya libre comercio de etanol de caña de azúcar desde la selva tropical”.
