El mismo día que Forestalia festeja “la declaración de interés autonómico por parte del Gobierno de Aragón de las actuaciones de energías renovables que deriven de las subastas ministeriales y se ejecuten en la Comunidad”, que incluye 108 megavatios de biomasa conseguidos por esta empresa en la subasta de 2016, APPA Biomasa critica abiertamente la planteada para este año.
Como ya adelantó hace unas semanas en declaraciones a Energías Renovables, la asociación pide que “la regulación de la subasta anunciada por el Ministerio de Energía contemple por su especificidad el encaje de proyectos de instalaciones de biomasa, biogás y residuos renovables”. Consideran que “la metodología planteada excluye, de hecho, a las instalaciones de biomasa, al no contemplar aquellas plantas de generación que tienen asignada retribución a la operación”.
Diferenciar tecnologías
Manuel García, presidente de APPA Biomasa, advierte que “si no se corrigen los términos del borrador de la subasta se quedarán fuera de la misma tecnologías como la biomasa, que aporta grandes beneficios socioeconómicos y medioambientales, y se desaprovecharán los importantes recursos biomásicos con los que cuenta nuestro país”.
APPA Biomasa vuelve a demandar subastas que diferencien tecnologías renovables entre sí, bien de manera independiente (como la primera subasta dirigida a biomasa y eólica) o bien en conjunto (por un lado, tecnologías gestionables, y por otro, no gestionables).
Prioridad frente al vertido
Por último, la misma asociación afirma que “si los residuos no se someten a procesos de valorización como opción prioritaria ante su vertido, se desaprovechará el recurso material y energético que suponen”. Advierten que si la generación energética procedente de residuos no es incluida en los regímenes de fomento de energías renovables “puede obligar a desaprovechar el recurso y tirarlo al vertedero”.
Esta postura no la tiene tan clara la Comisión Europea. En la reciente presentación del informe sobre los resultados y avances de las principales iniciativas asociadas a su plan de acción de 2015 sobre la economía circular aportaba un documento de orientaciones a los Estados miembros sobre la transformación de residuos en energía en la que esta quedaba muy cuestionada.
