Denuncia inequívoca de la Fundación Renovables, que pasa por ser el colectivo de expertos en energía más prestigioso del país: las distribuidoras -recuerda la Fundación- son las responsables de dar de alta nuevas instalaciones de autoconsumo colectivo, y consecuentemente las que pueden agilizar o ralentizar la multiplicación de los tejados solares o el despliegue de comunidades energéticas, "pero están retrasando los trámites -denuncia la FR-, incumpliendo los tiempos de dos meses que dicta la ley". Ese modus operandi de Iberdrola, Endesa, Naturgy y compañía además "lanza un mensaje inequívoco -plantea la Fundación-: quien quiera instalar paneles en su tejado o impulsar una red de autoconsumo colectivo tendrá que pelear con uñas y dientes". La consecuencia de todo ello -viene a concluir la FR- es que las distribuidoras están desincentivando líneas de trabajo (el autoconsumo colectivo o las comunidades energéticas) que son fundamentales para materializar la transición energética justa que demanda la ciudadanía.
Pues bien, frente a ello, la Alianza por el Autoconsumo (de la que forman parte la FR, Greenpeace, APPA, Comisiones Obrera, la OCU y hasta medio centenar más de organizaciones de la sociedad civil) acaba de publicar un Manifiesto (abierto a la firma) en el que pide, como apuntábamos arriba, "un nuevo marco regulatorio que ponga, negro sobre blanco, las obligaciones que tienen las empresas distribuidoras", y en el que plantea explícitamente que estas cobren o dejen de cobrar en función de si prestan o no los servicios que deben prestar para acelerar la deseada transición energética justa. El nuevo modelo de retribución de las distribuidoras -insiste explícito el Manifiesto- debe responder "a la necesidad de descentralizar el modelo energético y avanzar en la transición energética de España", una transición que persigue, entre otros fines, la descarbonización del sistema energético (que pasa por quemar cada vez menos combustibles fósiles y usar cada vez más energías renovables) y la democratización de la energía.
Las consecuencias de la ralentización de la revolución de los tejados solares serían pues inversamente proporcionales. Cuanto más despacio vaya penetrando el autoconsumo, más tiempo habremos de seguir quemando combustibles fósiles para generar electricidad (el año pasado España produjo con carbón, derivados del petróleo y gas hasta el 26,9% de la electricidad, lo cual se traduce en gases de efecto invernadero y cambio climático). Cuanto menos autoconsuma la ciudadanía, más electricidad se verá obligada a comprarle a las formidables corporaciones empresariales que operan y controlan el mercado nacional. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP manejan prácticamente el 90% de las redes de distribución que recorren y mallan toda España, pero es que también controlan el mercado de la generación y el de la comercialización. Es decir, que cuanto menos autoconsumamos, menor será la soberanía personal. O al revés: mayor será la dependencia que padecerá la ciudadanía, dependencia además de unas muy pocas grandes súpermultinacionales de capital extranjero.
El principal accionista de Iberdrola es el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority). El principal accionista de EDP es la empresa estatal china CTG. Endesa es propiedad del grupo Enel, cuyo principal accionista es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. Y, por fin, accionista de referencia en Naturgy es el estado argelino, a través de la empresa estatal Sonatrach. El estado español no tiene participación en ninguna de las distribuidoras dominantes en España (véase mapa aledaño). Sobre el particular, léase Los estados de China, Argelia, Catar e Italia son propietarios de las redes de distribución de electricidad de España, pieza que publicamos en diciembre del año pasado y que se ha convertido en una de las más leídas de la historia de este medio. A pie de página, repasamos las credenciales (accionariado) de cada una de las grandes distribuidoras de electricidad que operan en España.
Pues bien, la "mala praxis" de esas empresas distribuidoras, "mala praxis" que denuncia la Alianza por el Autoconsumo en su Manifiesto, estaría neutralizando la transición energética toda de un país -España- cuyo objetivo teórico es, por una parte, la descarbonizacion, y, por otra, una soberanía energética fundamentada sobre recursos renovables autóctonos.
Y las distribuidoras estarían neutralizando esa transición, entre otras cosas (presumiblemente), porque está claro que el estado catarí o el argelino (accionistas de esas distribuidoras) siempre estarán más interesados en venderle gas a Iberdrola o a Naturgy para que sus comercializadoras se lo vendan a la ciudadanía que en impulsar el autoconsumo.
¿Propuestas?
Que las distribuidoras cobren o no en función de si hacen o no lo que hay que hacer para que el país -este país, España- pueda ejecutar como es debido su necesaria transición energética, que ha de conducir como se dijo a la descarbonización, a la democratización de la energía, a la soberanía energética.
¿Qué pasa? Pues que "el modelo vigente -apuntan desde la Fundación- no promueve incentivos a las empresas distribuidoras que activan nuevas instalaciones de autoconsumo colectivo". Pues bien, frente a ello, la FR propone "que se premie a quienes presten un servicio adecuado a las necesidades de la transición ecológica".
El Manifiesto abunda sobre el particular: "los nuevos tiempos exigen que su mayor incentivo [el que vayan a percibir las distribuidoras] se base en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Por ello es fundamental -añade- que exista una legislación y protocolos de actuación claros y adecuados a las nuevas necesidades de una transición energética justa y social".
Reproducimos a continuación, íntegramente, el "Manifiesto -abierto a la firma- por un nuevo cambio retributivo a las distribuidoras eléctricas en favor de un nuevo modelo energético que fomente la expansión del autoconsumo individual y colectivo". Dice así.
En los últimos años, el marco normativo europeo ha caminado hacia el empoderamiento ciudadano en el sistema energético, avanzando hacia la necesaria democratización de la energía. Un objetivo, el de hacer de la energía un derecho, que requiere también de herramientas que mejoren la confianza de los consumidores en el sector energético. Y es que, el tablero de juego ha cambiado, pero las normas siguen siendo las mismas de siempre.
No se trata de señalar a nadie, pero sí de reclamar un cambio de paradigma que impulse un nuevo marco regulatorio que ponga, negro sobre blanco, las obligaciones que tienen las empresas distribuidoras para garantizar el necesario y correcto despliegue del autoconsumo en España.
Desde que se logró derogar el perjudicial impuesto al sol en 2018, el autoconsumo ha experimentado una suerte de apogeo sin precedentes. Las cubiertas solares han crecido de manera exponencial y ya superan los 7 GW de potencia instalada, pero en el último año ha habido un estancamiento debido fundamentalmente a la mala praxis de las empresas distribuidoras.
Estas son las responsables de dar de alta nuevas instalaciones de autoconsumo colectivo a la red, pero están retrasando los trámites, incumpliendo los tiempos de 2 meses que dicta la ley. De esta forma, se lanza un mensaje inequívoco: quién quiera instalar paneles en su tejado o impulsar una red de autoconsumo colectivo tendrá que pelear con uñas y dientes.
Si hasta ahora las distribuidoras han visto recompensada su actividad por la cantidad de redes gestionadas, los nuevos tiempos exigen que su mayor incentivo se base en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Por ello es fundamental que exista una legislación y protocolos de actuación claros y adecuados a las nuevas necesidades de una transición energética justa y social.
España vive inmersa en una revolución energética con puntos fuertes, como el peso mayoritario de las renovables en la generación de energía del país, pero también con áreas de mejora, como la electrificación del transporte o el desarrollo de baterías de almacenamiento que permitan ampliar los límites actuales de la electrificación de la economía.
Esa revolución, que no puede entenderse sin las ideas de descentralizar la energía y hacerla accesible a todas las capas ciudadanas, no puede darse de una forma estanca y compartimentada, al margen de cambios legislativos y normativos. De nada sirve fabricar baterías o instalar más puntos de carga para vehículos eléctricos, si no se cambia la forma de operar de las empresas distribuidoras de energía.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sabe de ello y ha abierto un proceso de consulta pública en torno a cómo debe ser la retribución que perciben las distribuidoras para garantizar el suministro. En ese punto es donde se abre una oportunidad para garantizar que no haya más bloqueos al autoconsumo, pero tampoco al proceso de transición justa. Es necesario, de esta forma, que estas empresas reciban una retribución ajustada a los nuevos tiempos; que se cobre o se deje de cobrar en función de los nuevos servicios que deben prestar en la aceleración de la electrificación, distribuida, participada y democrática.
Por todo lo expuesto los abajo firmantes pedimos a la CNMC y Gobierno Central que, en aras de acelerar el necesario despliegue del autoconsumo, el nuevo modelo de retribución de las distribuidoras responda a la necesidad de descentralizar el modelo energético y avanzar en la transición energética de España.
El "Manifiesto por un nuevo cambio retributivo a las distribuidoras eléctricas en favor de un nuevo modelo energético que fomente la expansión del autoconsumo individual y colectivo", de la Alianza por el Autoconsumo y la Asociació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (Amep) está abierto a la firma. Forman parte de la Alianza por el Autoconsumo, entre otras entidades, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, las organizaciones ecologistas WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, las cooperativas Som Energia, Goiener y La Corriente, las asociaciones de consumidores OCU y CECU, etcétera, etcétera, etc.
Principales distribuidoras de electricidad en España
e-distribución (filial de Endesa) suministra electricidad en 24 provincias españolas de 8 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Castilla y León y Galicia) y en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con una extensión total de 195.488 kilómetros cuadrados, abasteciendo así a una población superior a los 21 millones de habitantes. e-distribución distribuye energía eléctrica a lo largo de más de 316.176 kilómetros de red y 12,6 millones de clientes. Suministra anualmente más de 136.00 gigavatios hora, lo que representa en torno al 44% de la demanda total de España.
i-DE es filial de Iberdrola. Tiene más de 11 millones de clientes. Está presente en 25 provincias en 10 comunidades autónomas. i-DE cuenta con más de 98.000 centros de transformación en servicio, más de 1.100 subestaciones y con casi 270.000 kilómetros de líneas, en una superficie que abarca 200.339 kilómetros cuadrados. En 2022 i-DE distribuyó 89.622 GWh de energía eléctrica.
UFD es la distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy. Es el tercer operador de distribución de electricidad en España y está presente en Galicia, donde es el mayor distribuidor de electricidad, en Castilla La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Presta servicio a 3,8 millones de puntos de suministro, a través de una red de 114.000 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión.
E-Redes es la distribuidora de electricidad del Grupo EDP. Tiene una red que mide más de 20.000 kilómetros (red aérea: 15.621 kilómetros; red subterránea: 5.175 kilómetros) y 149 subestaciones (99 de alta tensión y 50 de alta/media tensión). Siete provincias: Alicante, Valencia; Zaragoza, Huesca; Madrid, Barcelona; Asturias. 674.103 clientes (datos 2021). Su mercado tradicional está asentado en Asturias, y en él juega un papel muy importante el sector industrial de la zona central, que supone más del 60% de la energía total distribuida.
Viesgo Distribución Eléctrica se encarga de la distribución de electricidad a más de 533.000 clientes (4.594 gigavatios hora distribuidos en 2022) y cuenta con una infraestructura de distribución de 31.547 kilómetros de red en las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias, Galicia y norte de Castilla y León. 23.933 kilómetros de líneas aéreas. 7.778 kilómetros de líneas enterradas. 14,086 TWh de energía distribuida entre las dos (Viesgo y E-Redes). Datos 2021.
*El principal accionista de EDP es la empresa estatal China Three Gorges
**Endesa es propiedad del grupo Enel, cuyo principal accionista es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia
***El principal accionista de Iberdrola es el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority)
Accionista de referencia en Naturgy es el estado argelino, a través de la empresa estatal Sonatrach.
El fondo estadounidense Black Rock es el segundo mayor accionista de Iberdrola y el segundo mayor accionista de EDP.
Y el banco público noruego Norges Bank es también accionista de referencia en Iberdrola, por lo que también cabría señalarlo como "dueño" de la cuota de red eléctrica española correspondiente
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• Informe CNMC de análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico (2013-2016) (publicado en enero de 2018)
