A la Fundación no le gusta la palabra nacionalización. Ni a su presidente, Fernando Ferrando, que hace apenas unas semanas nos adelantaba algunas claves de este informe en mitad de una entrevista en la que hablábamos de la factura de la luz. "¿Por qué no puede ser mañana pública la red de distribución?", decía Ferrando en un momento dado. ¿Nacionalización?, contestaba yo. "Noooo...", respondía automático: un no redondo, ipso facto, sin duda. Y el presidente de la Fundación nos venía a decir dos cosas: (1) que la idea era que la infraestructura fuera pública, eso sí ("lo que yo tengo muy claro -apuntaba- es que a una infraestructura pública no se le exige la misma rentabilidad que a una infraestructura privada, por lo que el recargo que le podría suponer a la tarifa sería necesariamente menor"); y (2) que la gestión era otra cosa. Ahí coincidía la Fundación con Greenpeace, con quienes también hablábamos en aquel reportaje sobre la factura de la luz (los ecologistas consideran “deseable” que la gestión de las redes de distribución “sea asignada periódicamente por concurso”).
El informe
La Fundación Renovables reclama en su informe "un dominio público en las redes eléctricas para comenzar a democratizar la energía". Según la FR, (1) "es preciso recuperar la caracterización de utilidad pública de la electricidad al ser un bien de primera necesidad para la sociedad, permitiendo empoderar a la ciudadanía"; y (2) la presencia del Estado en la propiedad pública de las redes de distribución y la asunción de las funciones del Operador del Sistema "es fundamental para integrar con agilidad el autoconsumo y la generación distribuida". ¿Objetivo último? "Aprovechar la oportunidad de aumentar la independencia energética de la ciudadanía y aumentar su inclusión como eje vertebrador y activo del sistema eléctrico del futuro".
Es el discurso que articula la FR en el informe, de largo título, que acaba de publicar. Un discurso que enmarca en un contexto muy específico: el de los Fondos Next Generation UE, que la Fundación considera pueden favorecer "una aceleración para llevar a cabo dichos objetivos". Eso sí, aunque la propuesta no bebiera (económicamente) de esas fuentes (de esos fondos), la Fundación Renovables considera que el planteamiento que hace en su informe se podría materializar de la mano de otras vías de financiación, "considerando los numerosos beneficios de aplicarla y los riesgos del modelo continuista actual". (La inmensa mayoría de las redes de distribución de España pertenecen a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo).
Exposición de motivos, o causas que justifican la propuesta de la FR
Uno. Endesa, Iberdrola, Naturgy... entorpecen, en vez de agilizar. A saber: según la Fundación, los propietarios de las redes "son, en muchos casos, más una barrera a la inclusión de agentes distribuidos y diversificados que un medio facilitador". La FR denuncia en ese sentido los "inconvenientes que tienen un gran número de consumidores e, incluso, los nuevos actores, ante esa posición de poder dominante sobre los activos de redes", todo lo cual resultaría incongruente con la transición energética que el Gobierno está presuntamente impulsando a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático, primera de su género en la historia de España.
Y dos. Otro de los motivos sería el coste, o sea, lo que a la ciudadanía le cuesta el transporte y la distribución: 6.891 millones de euros en 2019. Esa cantidad supone un 38% de los costes regulados, costes que establece el gobierno para pagar determinados productos o servicios, en este caso, el transporte y la distribución de electricidad (ó un 22% del total de la tarifa, o sea, de lo que pagamos en la factura de la luz). Esos casi siete mil millones de euros (7.000 M€) prácticamente se los reparten entre las empresas susodichas y Red Eléctrica de España.
Fundación Renovables: «Por todo ello, es fundamental que tengamos una política energética que apueste por la inclusión de la ciudadanía, por la electrificación de la demanda de energía de manera progresiva y sostenible, permitiendo garantizar el acceso universal a la energía, un coste de la electricidad más reducido y transparente, una fiscalidad activa y verde, la integración de las renovables en el territorio con criterios de inclusión y que la energía no esté conceptualizada como un negocio y sí como un servicio público, al ser un recurso básico»
«La transparencia y la consideración de la electricidad como servicio público democratiza la energía al permitir a la ciudadanía, como reconoce la Directiva de Renovables, comprar, vender, gestionar, generar y almacenar energía eléctrica, como un derecho inalienable para la sociedad. Para conseguirlo cuanto antes, una de las claves está en aprovechar la modernización y digitalización de la red eléctrica, ante la previsión de una mayor inclusión de fuentes de generación renovables, descentralizadas y distribuidas a lo largo de todo el territorio»
En ese marco discursivo, la Fundación Renovables propone "que el Estado adquiera el papel de inversor, gracias a los Fondos Next Generation EU, con el fin de modernizar nuestras infraestructuras eléctricas y empoderar a la ciudadanía" y, para ello, recoge en su informe las siguientes líneas de actuación:
1. Separar las funciones del Operador del Sistema de la de transportista, recobrando su carácter de servicio público. El Operador del Sistema, como ente público, debería incluir la propiedad de los elementos y las infraestructuras que sean necesarias para la gestionabilidad óptima del sistema.
2. Recuperar la propiedad pública de los activos y de las funciones de la distribución, sobre todo la ligada a los municipios. Entre sus muchos beneficios, esta actuación implicaría evitar los efectos de la concentración de la propiedad de la red, romper la integración vertical del sistema eléctrico y favorecer el autoconsumo y la gestión de la demanda, democratizando la gestión del sistema eléctrico al incluir a la ciudadanía.
3. El perímetro de actuación debería definirse de forma progresiva, es decir, comenzando con las redes de distribución de cercanía, aquellas que son urbanas y municipales y modificando los criterios retributivos del transporte y de las redes de distribución.
4. La garantía de que la modernización y la digitalización de las redes sea un objetivo de servicio público y que el Estado tenga voluntad para llevarla a cabo.
5. Una apertura a diferentes modelos de coparticipación público privada. Se trata de infraestructuras vertebradoras de una realidad local y es importante que las Comunidades Autónomas participen en esta estructura empresarial.
En definitiva, la propuesta de la Fundación Renovables es la de "recuperar la titularidad pública, tanto del Operador del Sistema como de la propiedad, de forma paulatina, de las redes de distribución con el compromiso de modernización y digitalización de estas como base para la activación del consumidor y con el objetivo de conseguir democratizar y diversificar la oferta en autoconsumo, vehículo eléctrico, almacenamiento energético, generación distribuida y comunidades energéticas". Ello supondría -concluyen desde la Fundación- comenzar a poner la energía en manos de toda la ciudadanía.
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