Dos nuevos documentos sirven a la sección de Biocarburantes de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) para reafirmar su postura de que el Consejo de la Unión Europea (UE) se incline por posponer cualquier decisión sobre la aplicación de valores sobre el cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC, en sus siglas en inglés) a los biocarburantes. Uno es un libro, Biofuel cropping systems:Carbon, land and food, escrito por investigadores en temas de biomasa de los Países Bajos y Australia. El otro es un reciente estudio llevado a cabo por científicos de las universidades de Utrecht y de Groningen, también de los Países Bajos.
Para APPA Biocarburantes, este último trabajo “ha demostrado que el ILUC es un riesgo que puede ser mitigado y en muchos casos totalmente evitado mediante la adopción de diversas medidas, como, por ejemplo, mejoras en los rendimientos agrícolas y el uso de tierras subutilizadas”. También valoran su conclusión: “se pueden producir importantes cantidades adicionales de biocarburantes en Europa y en otras regiones del planeta con bajo riesgo de producir ILUC”. En cuanto al libro, destacan que “analiza las dinámicas agrícolas y de uso del suelo realmente ocurridas en todo el planeta en el período 2000-2010 y se llega a la conclusión de que el incremento de la producción mundial de biocarburantes no ha provocado un efecto ILUC ni es previsible que lo haga automáticamente en el futuro”.
“La posición española está acertadamente alineada”
Con estos argumentos, APPA Biocarburantes considera que “la posición española está acertadamente alineada con la de la gran mayoría de los Estados miembros de la UE, que defienden una regulación sensata y robusta en términos científicos y, por tanto, alejada de tentaciones demagógicas”. Y esto afecta tanto al ILUC como al límite que se discute a los biocarburantes de cultivos alimentarios. Entienden que el del Consejo (7%) “es el más cercano a la cuota de mercado ya alcanzada por los biocarburantes en España (8% en 2012), en línea con los niveles también ya conseguidos en otros países europeos como Francia, Alemania, Austria y Suecia”. Si se toman como referencia los datos provisionales de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y de APPA Biocarburantes de 2013, último año del que se tienen referencias, la cuota en España cayó al 4%.
La industria española exhorta al Gobierno español a que se mantenga firme en su compromiso público de no aceptar ningún techo inferior al 7%, “ya que cualquier limitación adicional tendría un considerable impacto en las inversiones ya realizadas (1.800 millones de euros sólo en España) y en los puestos de trabajo directos e indirectos generados en el sector de biocarburantes en la UE (más de 200.000, según la Comisión Europea)”. En cuanto al 0,5% indicativo para los avanzados en 2020, APPA Biocarburantes, en línea con la posición del Parlamento Europeo, cree que este objetivo debería ser obligatorio para que tenga un efecto real. Hay que recordar que dentro de la UE hay posturas, como la de la Comisión de Medio Ambiente del PE, que difiere de la del Consejo: 6% de biocarburantes de cultivos de alimentos, 1,25% de avanzados y e inclusión del ILUC.
“El Gobierno español está a tiempo de corregir sus posturas”
Pero puestos a mostrar diferencias, destacan las de las ONG ecologistas y sociales, que también se dirigen en estos días al Ejecutivo del PP, en concreto al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, pero con un mensaje muy diferente: "el Gobierno español está a tiempo de corregir sus posturas respecto a las negociaciones previas y alejarse de las posiciones de aquellos estados menos comprometidos con la lucha contra el cambio climático y el derecho a la alimentación". Así lo han expresado por carta, de cara a la reunión de mañana, Coalición Clima, la Coordinadora de ONGD-España y Plataforma Rural.
Las plataformas firmantes consideran la posición defendida por el Gobierno español y el Consejo "muy alejada de la respuesta necesaria a las crisis climática, energética o alimentaria". Denuncian que no se incluya el ILUC y se defienda el 7% de límite a los biocarburantes de primera generación, frente al 5% propuesto por la Comisión Europea o el 6% del PE, y que se priorice "la protección de las inversiones realizadas para la fabricación de agrocombustibles, que en el caso español, no respondieron a ninguna planificación o estimación de consumos razonables, ni a la disponibilidad de materias primas autóctonas excedentarias".
Más prioridades y una denuncia
Desde APPA Biocarburantes defienden a la industria y establecen otras prioridades a incluir en la reforma de la directiva de energías renovables: mantenimiento del doble cómputo para aceites usados y grasas animales (eliminación del cómputo cuádruple); pleno respeto a la integridad del objetivo de renovables en el transporte fijado para 2020 (10%); mantenimiento de las restricciones para el desarrollo de la directiva mediante actos delegados; establecimiento de sendos objetivos mínimos nacionales obligatorios de renovables en gasolinas y gasóleos del 6,5% para 2020; eliminación de los nuevos multiplicadores eléctricos para coches y trenes (se proponen para la electricidad de fuentes renovables); e introducción de referencias al papel de los biocarburantes sostenibles con vistas a 2030.
Por el contrario, la misiva enviada por las ONG y difundida por Ecologistas en Acción también alerta sobre el riesgo de que España sea sancionada por la CE por no aplicar los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes recogidos en la directiva actual. “España es el único gran actor europeo en el mercado de agrocombustibles que incumple este requisito legal, situación que ha dado lugar a un procedimiento de infracción (num. CHAP(2013)03972), a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción”, recuerdan desde esta asociación. Avisan de que dicho procedimiento podría traducirse en cualquier momento en una sanción económica.
