"Lamento francamente este voto de la Comisión de Medio Ambiente. Va en el mal sentido y dificulta aún más la consecución de un acuerdo entre Estados miembros”. Pekka Pesonen, secretario general del Copa-Cogeca (confederación europea de organizaciones profesionales y cooperativas agrarias), es una de las personas más críticas con la decisión tomada el pasado martes por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (Envi). Su organización avisa de las consecuencias: “reducción de la superficie de colza, perturbación de los mercados de cereales y del azúcar y reducción de la posible diversificación de cultivos”; además del “cierre de plantas” de biocarburantes y de “hacer peligrar la seguridad del suministro de piensos”.
En el polo opuesto estarían valoraciones como la de Ecologistas en Acción, que considera la decisión como un “penúltimo paso para la reforma de las políticas europeas de agrocombustibles que recupera terreno a favor del clima y la alimentación”. Apostillan, no obstante, que “la posición respaldada mayoritariamente es claramente insuficiente, pero va en la dirección correcta, dadas las implicaciones de la política actual y la posición del Consejo de la Unión Europea, mucho más cercana al lobby del sector”.
39 votos a favor, 26 en contra y 4 abstenciones
Realmente la votación se ganó por nueve votos de diferentes: 39 europarlamentarios y europarlamentarias votaron a favor, 26 en contra y 4 se abstuvieron. Nils Torvalds, del Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa y relator de la propuesta de reforma de las directivas, declaró que el acuerdo ha supuesto “un gran desafío y, al mismo tiempo, interesante y complicado técnica y tecnológicamente”. Torvalds añadió que espera que el desafío se convierta “en un buen resultado en los diálogos a tres bandas”, en referencia a las posturas del Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos.
Las tres medidas más significativas que contiene la propuesta de la comisión Envi son, en primer lugar, la limitación de los biocarburantes derivados de cultivos alimentarios a un máximo del 6% en el objetivo del 10% de participación de energías renovables en el transporte para 2020. En este sentido, aumenta un 0,5% con respecto a la propuesta derivada de una primera lectura. Sin embargo baja, en relación a esta misma primera lectura, lo acordado ahora para los biocarburantes avanzados o de segunda generación, derivados principalmente de algas y residuos, al marcar un 1,25% para 2020, en lugar del 2% votado en julio de 2013.
ILUC sí, pero a partir de 2020
La tercera medida está relacionada con el ILUC. La Comisión Envi expone que “el uso de tierras agrícolas para producir cultivos para biocarburantes reduce el área disponible para cultivos alimenticios”, lo que supone que “se libere más tierra para estos cultivos que provocan, por ejemplo, la deforestación y el aumento de las emisiones GEI y se anule una parte los efectos beneficiosos del uso de los biocarburantes”.
Sin embargo, la comisión del Europarlamento propone que este factor sea tenido en cuenta a partir de 2020. Ecologistas en Acción considera negativa esta decisión y que además solo se tenga en cuenta en la directiva de calidad de combustibles. “Quedan al menos cinco años más de carburantes como el agrodiesel de aceites de soja o palma, que generan grandes emisiones GEI y provocan importantes problemas de deforestación e impactos a las comunidades campesinas del Cono Sur americano o el Sudeste Asiático”.
5% Comisión Europea, 6% Comisión Envi, 7% ePure y 8% Copa Cogeca
En cuanto al porcentaje fijado para los biocarburantes de segunda generación, Thomas Nagy, vicepresidente ejecutivo de Novozymes, líder mundial en el suministro de enzimas para la producción de etanol convencional y avanzado, declaró a la agencia Reuters que “la decisión del martes debería haberse tomado hace tiempo y debe ayudar a estimular la inversión necesaria en el tipo más idóneo de biocarburantes”. Añade que “un marco estable y eficaz es el único camino a seguir para asegurar el despliegue comercial".
Reuters recoge también el parecer de la European Renewable Ethanol Association (ePure), que pide a los Estados miembros que "se mantengan firmes en establecer un límite del 7% mínimo para los biocarburantes convencionales". Por su parte, Copa Cogeca sube el mínimo al 8%, porque “fijar un techo por debajo de ese 8% podría también socavar las inversiones en biocarburantes de segunda generación, que derivan de la primera generación, y en la bioeconomía en general”, declaró Pesonen. Ecologistas en Acción opinan que “resulta negativo que se haya establecido un límite del 6%, por encima de la cuota del 5% propuesta por la Comisión Europea”.
