La propuesta de revisión de las directivas de energías renovables y de calidad de los carburantes que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros de Energía de la UE en Luxemburgo se titula Propuesta sobre el cambio indirecto del uso de la tierra: el Consejo alcanza un acuerdo. Con este encabezamiento da a entender que todas las medidas acordadas tienen a dicho cambio (ILUC en sus siglas en inglés) como leit motiv, lo que conlleva reconocer su existencia e impacto. Realmente, la propuesta no se ha movido una coma en lo sustancial de la que aprobó el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados Miembros del Consejo (Coreper) hace quince días.
El acuerdo incluye un 7% de biocarburantes convencionales en el transporte para 2020 para así “mitigar el ILUC”; un 0,5% indicativo de avanzados para la misma fecha que incluye exigencias a los Estados para que marquen sus objetivos propios y justifiquen cualquiera menor al de referencia; la contabilidad doble de algunos avanzados que utilicen determinadas materias primas; provisión de incentivos destinados a la electrificación del transporte con fuentes renovables; los gobiernos deben aportar información del factor ILUC relacionado con su consumo de biocarburantes; y establece una cláusula de revisión que incluye la posibilidad de introducir factores ILUC ajustados a los criterios de sostenibilidad.
Esperan mayor compromiso vinculante para los avanzados
“El Consejo de Ministros ha dado un paso importante, pero pequeño, para dotar de seguridad a los mercados de bocarburantes”, reaccionó rápidamente la alianza Leaders of Sustainable Biofuels. En lo que les toca directamente, los avanzados, lamentan “el hecho de que los objetivos se han diluido al no ser vinculantes, pero esperamos que la directiva final garantice la seguridad normativa para el sector". Avanzan además que esta revisión final “debería finalizarse durante la próxima presidencia italiana, y los Estados miembros ponerse de acuerdo en la reunión del Consejo de octubre sobre el aumento progresivo y vinculante de la obligación de biocarburantes avanzados más allá de 2020".
Por su parte, la confederación europea de agricultores y cooperativas agrarias (Copa-Cogeca) muestra su oposición al límite propuesto para los biocarburantes convencionales. “Creemos que para el año 2020, al menos el 8% de los combustibles para el transporte debería provenir de biocombustibles obtenidos a partir de cultivos y al menos el 2% de biocombustibles avanzados”. El Copa-Cogeca rechaza la introducción de los factores ILUC en esta legislación “por no tener fundamento científico” y se opone a la “contabilización múltiple, que engaña a los ciudadanos sobre el nivel real de renovables incorporadas en la mezcla energética de la UE”.
Objetivo: reducción en los consumos del transporte y mejora de la eficiencia energética
Ecologistas en Acción mantiene su crítica al Gobierno español por sumarse “al bloque de ‘países más sucios’ para impedir una posible reducción del límite a los agrocombustibles convencionales en la cercana negociación con el Parlamento Europeo”, y advierte de que el acuerdo alcanzado por los ministros de energía “apenas reducirá mínimamente los impactos del consumo de agrocombustibles sobre el clima y la alimentación”.
Para Ecologistas en Acción, cualquier objetivo de renovables en el transporte europeo “solo tendrá sentido si viene acompañado de ambiciosos objetivos de reducción en los consumos y mejora de la eficiencia energética”. Para ello recuerdan que “es imprescindible reducir las necesidades de transporte de personas y mercancías, y fomentar el no motorizado y los medios colectivos y alimentados con electricidad de origen renovable”. “En estas condiciones –concluyen–, aquellos biocarburantes que garanticen su sostenibilidad podrán ser buenos aliados de un modelo de transporte europeo sostenible”.
