La Estrategia -informa el Gobierno- se construye con un enfoque integral, con medidas paliativas y estructurales, y con actuaciones a corto, medio y largo plazo. Parte de la necesidad de mantener y mejorar los sistemas prestacionales, compuestos en la actualidad por los bonos sociales de electricidad y térmico, que se conciben como “instrumentos de transición” que dejarán paulatinamente mayor protagonismo a “medidas estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo”.
El documento define la pobreza energética como “la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y/o de una vivienda ineficiente en energía”
De igual modo, enumera manifestaciones de esta pobreza como son la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos, conforme a los indicadores oficiales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Además, analiza las implicaciones de este fenómeno sobre la salud, el desarrollo personal, social y de igualdad de oportunidades.
La definición de consumidor vulnerable, por su parte, se concreta en aquel “consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética y cumple con las condiciones para percibir las medidas de apoyo establecidas por las administraciones”.
Indicadores
Para medir la pobreza energética, la Estrategia ha tomado los indicadores primarios determinados en el EPOV (Observatorio Europeo de Pobreza Energética), que son:
• El retraso en el pago de las facturas energéticas
• La pobreza energética escondida (aquellas familias con consumos reducidos que no utilizan los suministros porque no pueden pagarlos)
• El gasto desproporcionado de energía con respecto a los ingresos
• La incapacidad para mantener el hogar a la temperatura adecuada. [La información del estado de estos indicadores en España se obtiene de la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el indicador empleado, es posible determinar que entre 3,5 y 8 millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética en España en sus diferentes manifestaciones].
Objetivos de reducción
A partir del diagnóstico sobre el estado de la pobreza energética en España y del análisis de las medidas actualmente en funcionamiento, el borrador de la Estrategia -informa el Ministerio- plantea objetivos de reducción en el período 2019-2024 que permitan evaluar el grado de efectividad y eficiencia de las políticas públicas. En concreto, el documento fija un doble objetivo para cada uno de los indicadores empleados.
• Mejorar el valor más bajo de la serie 2008-2017, generalmente el del ejercicio 2008, previo al inicio de la recesión económica.
• Mejorar la media de la UE (véase tabla a la derecha).
Ejes y medidas de actuación
El marco de actuación de la Estrategia se organiza en torno a cuatro ejes. En el primero de ellos, se establecen medidas para mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética a través de la puesta en marcha de un sistema robusto que permita el cálculo periódico de los indicadores de pobreza energética. Este sistema vendrá acompañado de medidas para garantizar la transparencia de la información y la mejora del conocimiento de las necesidades de gasto energético. En particular, el Ministerio para la Transición Ecológica realizará un estudio detallado del gasto térmico de los hogares, en función de la zona climática de España en la que habiten.
El segundo eje está dedicado a mejorar la respuesta frente a la situación actual de pobreza energética. Para ello, la Estrategia realiza un análisis de las actuales prestaciones -bono social eléctrico y térmico- y determina los tres componentes sobre los que diseñar el nuevo mecanismo prestacional: deberá ser una ayuda integral para el conjunto de los suministros energéticos; de concesión automática, evitando así procesos de solicitud complejos; y gestionada con la coordinación de todas las administraciones implicadas. Asimismo, se articulan respuestas extraordinarias para situaciones meteorológicas extremas como la prohibición del corte de suministro.
El tercer eje se centra en el impulso de cambios estructurales para reducir la pobreza energética a partir del análisis de las características del parque de viviendas edificado. Se plantean medidas en el corto plazo, como la rehabilitación de viviendas exprés, con actuaciones sencillas y de bajo coste. También en el medio plazo, como la sustitución de electrodomésticos y calderas por sistemas más eficientes, y actuaciones de rehabilitación sobre el aislamiento de ventanas y envolventes en los edificios. Y, por último, en el largo plazo, a través de la rehabilitación integral de los edificios en áreas de regeneración y renovación urbanas, en coherencia de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, que lidera el Ministerio de Fomento.
Por su parte, el cuarto eje plantea medidas de protección a los consumidores y concienciación social. Entre otras, un protocolo para que los profesionales de atención primaria puedan detectar las situaciones de pobreza energética y el desarrollo de mecanismos de sensibilización y generación de conciencia colectiva sobre el problema de la pobreza energética.
El marco temporal de aplicación de la Estrategia será de 5 años, en el periodo 2019-2014, y para su ejecución se prevé el desarrollo de planes operativos. Se designa al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) como órgano encargado del seguimiento de esta Estrategia, que estará regida por los principios de cooperación interadministrativa y la alineación de acciones.
En la elaboración de este borrador -informa el Ministerio- se ha contado con las comunidades autónomas, las entidades locales, así como numerosos agentes y colectivos sociales. También se realizó una consulta pública previa a la elaboración del borrador recibiéndose alrededor de 100 aportaciones.
Asimismo, su articulado se ha desarrollado en coherencia con los compromisos adquiridos por España, tanto a nivel internacional como nacional. En particular, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización Nacional de Naciones Unidas, el denominado Paquete de Invierno de la Unión Europea, el Pilar europeo de Derechos Sociales, la nueva Agenda Urbana sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, en elaboración, la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia Nacional para la Transición Justa.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, "para la elaboración del documento definitivo, que deberá ser aprobado en Consejo de Ministros, se tendrán en cuenta las aportaciones que se realicen durante este periodo de consulta pública".
Este es el borrador de la Estrategia Nacional contra la pobreza energética
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