Nos encontramos en un escenario energético en el que la electricidad de España es la tercera más cara de Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas españolas de Unesa tienen un margen de beneficios del doble de las europeas. En una situación de crisis, en la que el 10% de la población sufre pobreza energética, es necesario llevar a cabo medidas estructurales de reforma del mercado eléctrico, evaluando las causas reales del déficit tarifario. Los múltiples cambios regulatorios que ha acometido el Gobierno no han solucionado el problema del déficit, y lejos de resolver los problemas sistémicos, se han empecinado en medidas estrictamente recaudatorias y cortoplacistas. El déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no económica, tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente.
El Gobierno ya ha anunciado su intención de presentar antes de agosto una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente necesaria si se aborda en profundidad para que nuestro mercado sea competitivo y se base en la eficiencia, la independencia energética y las energías limpias. Para ello será necesario llevar a cabo una auditoría energética que determine las causas reales del déficit tarifario, eliminando aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios, como los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o compensando los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las eléctricas, y cifrados en 3.400 millones de euros (M€) por la Comisión Nacional de Energía.
Esta reforma debería garantizar una implantación progresiva de las renovables, que asegure una retribución estable y justa, estableciendo criterios de ahorro y eficiencia energética y que tenga en cuenta que el impacto de las múltiples regulaciones aprobadas hasta ahora han supuesto una pérdida de 5.500M€ en el sector de las renovables (mientras que para el sector convencional han supuesto un impacto de 1.400M€).
También se hace necesario aprobar el autoconsumo de energía con balance neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético en el marco del peak oil, supondría una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los costes medios del kw, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
Por todo ello, se presenta la siguiente Moción
I. El Congreso de los diputados insta al Gobierno a, en el marco de la reforma regulatoria que va a presentar antes de agosto del 2013, incluir lo siguiente:
1. Auditoría energética independiente de la composición del déficit tarifario revisando aquellos conceptos prescindibles en un mercado competitivo y basado en la eficiencia, la independencia energética y las energías limpias, así como la metodología de retribución de la producción, transporte y distribución. Se establecerá el mecanismo adecuado para recuperar los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las eléctricas, y cifrados en 3.400M€ por la CNE. Se establecerá una quita de la deuda contraída por el déficit tarifario.
2. Modificación en profundidad del funcionamiento del mercado eléctrico, revisando el funcionamiento de las subastas de energía, excluyendo las instalaciones ya amortizadas del pool, y garantizando una retribución justa según el coste de producción efectivo con el objetivo de reducir el déficit tarifario, garantizar un sistema transparente, equitativo y de fomento de las energías limpias.
3. Proyecto de Ley de Renovables que sea la transposición completa de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y que establezca un marco regulatorio estable, con simplificación administrativa, normas públicas de conexión y que reconozca las externalidades positivas de las energías renovables, facilitando el acceso de las renovables en hogares, empresas y ciudades y garantizando el desarrollo de la biomasa. Se asegurará el mantenimiento de las primas del régimen especial de acuerdo a una rentabilidad razonable y al nivel de inversión realizada para cada tecnología permitiendo un crecimiento sostenido de las energías limpias.
4. Aprobar una Planificación Energética integral que incluya los planes de ahorro de emisiones, los planes de renovables y los de ahorro y eficiencia energética, incrementando los objetivos europeos (30+30+30) para el 2020, internalizando costes para todas las fuentes de energía, con un modelo de generación distribuida mediante un sistema de redes inteligentes y un sistema público de contadores inteligentes.
5. Realizar todas las modificaciones legales necesarias para fomentar y desarrollar el autoconsumo de energía renovable con balance neto. Se computarán los peajes de acceso para la energía intercambiada en la red, y no para la energía autoconsumida de manera instantánea.
6. Suspensión para los territorios extrapeninsulares e insulares del Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, por la inseguridad jurídica que ha generado y el impacto negativo en el desarrollo de la producción energética a partir de fuentes renovables; y del Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, por la inseguridad jurídica que ha generado y el impacto negativo en el desarrollo de la producción energética a partir de fuentes renovables.
7. Derogar el impuesto del 7% establecido en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética a las tecnologías en régimen especial y las renovables destinadas al autoconsumo.
8. Proceder al cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña el día 6 de julio de 2013, tal y como establece la Orden IET/1453/2012, y no se autorizará la renovación de la explotación de la central.
9. Evitar la pobreza energética regulando un precio social en los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano, tramificando la tarifa para garantizar el consumo mínimo necesario de las familias en función del número de miembros en la familia, de la estación del año y de las rentas familiares.
10. Establecer una moratoria sobre el uso de la fractura hidráulica en todo el territorio del Estado Español, cesando de inmediato las explotaciones no convencionales de gas que ya estuviesen en marcha, y paralizando la concesión de nuevas autorizaciones. En aquellas zonas sensibles y especialmente en peligro como, por ejemplo, en áreas de protección de agua potable declaradas y en zonas con minas de carbón, prohibir totalmente la fracturación hidráulica.
II. El Congreso de los diputados insta al Gobierno a apoyar decididamente la propuesta de la Comisión Europea de reforma del mercado europeo de carbono de reducir en 900 millones el número de derechos de emisión que saldrán a subasta entre 2013 y 2015.
III. El Congreso de los Diputados aprueba la creación de una Comisión de estudio sobre la utilización de las técnicas de fractura hidráulica con inyección de agua y/o de otros aditivos químicos que evalúe los riesgos e impactos de esta técnica sobre el medio ambiente.
Esta moción fue rechazada por el Congreso el pasado 26 de junio
300 de los 323 diputados presentes en el Congreso el pasado 26 de junio paralizaron la propuesta. 195 votaron directamente en contra. 105 se abstuvieron. Solo 23 votaron a favor. Fueron estos. Por Izquierda Plural, José Luis Centella Gómez, Joan Coscubiela Conesa, Ascensión De las Heras Ladera, María Caridad García Álvarez, Alberto Garzón Espinosa, Cayo Lara Moya, Gaspar Llamazares Trigo, Joan Josep Nuet Pujals, Laia Ortiz Castellví y Chesús Yuste Cabello; por el Grupo Mixto, Joan Baldoví Roda (Coalició Compromís), Uxue Barkos Berruezo (Geroa Bai), Alfred Bosch i Pascual (Esquerra Republicana de Catalunya), Mª Olaia Fernández Davila (Bloque Nacionalista Galego), Teresa Jordà i Roura (ERC), Rosana Pérez Fernández (BNG) y Joan Tardà i Coma (ERC); por UPyD, Álvaro Anchuelo Crego, Antonio Cantó García del Moral, Rosa María Díez González, Irene Lozano Domingo y Carlos Martínez Gorriarán; y, por el PSOE, Helena Castellano Ramón.
