Seguramente es posible decirlo más alto, pero va a ser difícil decirlo más claro. La Comisión Europea acaba de hacer pública su "Evaluación..." de las reformas que ha emprendido el Gobierno Rajoy y, en lo que se refiere a energía, el veredicto está muy claro: "la suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020". Más aún: la Comisión apunta a que, con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada crecerá por encima de la tasa actual, que se sitúa en el 79%, valor que es ya muy superior a la media de la UE, que está en el 54%. La trascendencia de ese incremento de la dependencia está fuera de toda duda: España importó en 2011 petróleo y gas (en la imagen, buque metanero) por valor de más de 53.000 millones de euros.
La Comisión también critica con nitidez las trabas burocráticas que padecen las renovables españolas y propone simplificar "los complejos procedimientos de autorización y planificación" y suprimir "otros obstáculos al desarrollo de las energías renovables", todo lo cual –considera la CE– puede "contribuir a reducir el coste de estas energías" (sobre el particular, véase el informe PV Legal). Pero la evaluación de la CE no se limita a las energías renovables, sino que también aborda las convencionales y, ahí, las conclusiones son muy distintas. Hasta el punto de que el documento de la Comisión se muestra particularmente duro cuando habla de los "costes ocultos" del sistema eléctrico, que asegura se derivan "del apoyo a ciertas actividades reguladas", actividades que la CE cita explícitamente. A saber: las "subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente concedidas a las minas de carbón", en primer lugar, y, en segundo, la "rentabilidad del transporte y la distribución en función del valor neto de los activos utilizados".
No deja títere con cabeza
A la luz de lo susodicho, la "Evaluación..." concluye que el sistema de tarificación de la electricidad en España es "ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente". La Comisión señala que esa competencia insuficiente en el sector energético "ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario, al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón". Para colmo, apunta la CE, "estas medidas no se han traducido en menores precios". Y un apunte para contextualizar: las propietarias de la inmensa mayoría de las centrales térmicas que queman carbón en nuestro país, de las grandes presas hidroeléctricas y de todas las centrales nucleares de España son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On y EDP, compañías eléctricas todas integrantes únicas de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, la gran patronal Unesa).
Cómo define el déficit la CE
En su "Evaluación...", la Comisión explica el déficit de tarifa del siguiente modo: "España ha limitado tradicionalmente los precios finales de la electricidad para una serie de grupos de consumidores en el marco de un sistema de tarifas reguladas. Las tarifas no siempre cubren los costes, lo que implica que el sistema genera un déficit tarifario a expensas de la empresa suministradora del servicio. Dado que los costes de generación y los costes regulados (por ejemplo, costes de transporte y distribución) aumentan más deprisa que las tarifas, el déficit ha aumentado significativamente en los últimos años, habiendo alcanzado un importe acumulado de 24.000 millones de euros (equivalentes a más del 2% del PIB)". Sobre los costes del sistema, vénase páginas seis y siete del Informe sobre el Sector Energético Español de la Comisión Nacional de Energía.
La explicación de la CE continúa así: "dos terceras partes de este importe (aproximadamente 17.000 millones de euros) están garantizadas por el gobierno, lo que ha permitido a las empresas suministradoras su cobertura. En 2009, el gobierno revisó íntegramente el sistema de tarificación con el fin de garantizar que los precios de la electricidad cubrieran todos los costes. Sin embargo, se siguió permitiendo a los hogares de bajo consumo, que representaban el 83% de los consumidores, disfrutar de precios de la electricidad que no reflejaban todos los costes del sistema (entre los elementos integrantes de los costes totales se incluye la producción, el transporte y la distribución de electricidad y diversas medidas de política energética), mediante la aplicación de la tarifa de último recurso (hogares con una capacidad de consumo limitada a 10 kW). Como consecuencia de ello, el déficit tarifario siguió acumulándose".
Qué es la Tarifa de Último Recurso, TUR
El uno de julio de 2009 entró en vigor un nuevo sistema de tarifas eléctricas en el que coexisten, por un lado, el mercado libre, y por otro, una tarifa fijada por el gobierno: la denominada Tarifa de Último Recurso. La TUR es el precio regulado por el gobierno para el suministro obligatorio a los clientes que no quieren o no pueden buscar otras ofertas en el mercado. Según el gobierno, la TUR "se configura como una tarifa refugio y está reservada para los consumidores que tienen una potencia contratada inferior a 10 kW, segmento en el que se encuentran prácticamente todos los consumidores domésticos". El ejecutivo eligió cinco empresas, denominadas comercializadoras de último recurso, para dar servicio a los clientes con derecho a la TUR. Esas cinco empresas son filiales de las mismas que integran Unesa. A saber: Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialización de Último Recurso, Gas Natural, HC-Naturgás Comercializadora Último Recurso y E.ON Comercializadora de Último Recurso.
