STR Cepsa se une a Repsol en su oposición al impuesto sobre las grandes energéticas

Cepsa, cuyos dos principales accionistas son Mubadala Investment Company (compañía estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group, anunció la semana pasada, a través del diario Expansión, que está valorando la posibilidad de llevarse sus inversiones a otros países si el Gobierno mantiene el impuesto del 1,2, y ahora el sindicato STR refuerza la campaña de la compañía, en este caso a través del diario El Economista, que ha publicado una información en la que recoge un comunicado de STR que va en la misma línea. El sindicato corporativo expresa en él su preocupación ante el anuncio del Gobierno de convertir en “permanente” el impuesto “extraordinario” a las energéticas, anuncio –dice- que ha generado "incertidumbre" en torno a las iniciativas vinculadas al Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, en las provincias de Huelva y Cádiz (Cepsa tiene importantes instalaciones en ambas). El sindicato, que considera fundamental la inversión en la industria petroquímica “nacional”, asegura en su comunicado –según El Economista- que “miles de familias” ven “con preocupación y asombro” cómo “decisiones políticas y/o fiscales que van en contra de la estabilidad de la industria” ponen en riesgo el empleo.

STR exige en ese sentido "un diálogo de los de arriba para que tengan en cuenta a los de abajo", con el propósito de "atajar la realidad de la situación laboral y económica", al tiempo que insta al Gobierno a "revertir" decisiones que considera “tomadas a la ligera".

En línea con sindicato y patronal se ha manifestado el Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (el PP gobierna Andalucía con mayoría absoluta). Así, por una parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha criticado al Ejecutivo central este viernes porque, "en lugar de trabajar para que llegue la inversión, lo único que hace es generar incertidumbre y ahuyentar a las empresas".

Mientras que, por otro lado, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, criticaba también este viernes –informa Europa Press- el "impuestazo" a las energéticas y a la banca: "no entendemos la voracidad fiscal del Gobierno",

Los dos accionistas de Cepsa (Mubadala, el gran grupo empresarial estatal del Emirato de Abu Dabi) y el fondo de inversión Carlyle, han cobrado en 2023 un dividendo total de 869 millones de euros, cifra histórica. 

Sobre el impuesto
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestion grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.

Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales para el sector energético

«El importe de la prestación a satisfacer por cada obligado al pago será el resultado de aplicar el porcentaje del 1,2 por ciento a su importe neto de la cifra de negocios derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior al del nacimiento de la obligación de pago que figure en su cuenta de pérdidas y ganancias, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable que sea de aplicación. El importe de la prestación será minorado por la cuantía del pago anticipado que se hubiera ingresado»

«Se excluirán del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo y los Gravámenes Complementarios a Carburantes y Combustibles Petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión»

El coloquialmente conocido como impuesto a banca y energéticas tiene un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, y sigue -según el Gobierno- las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos (banca y energéticas), el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.

Las dos figuras (gravamen a la banca y gravamen a las energéticas) "se enmarcan -explican desde Hacienda- en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen". En este sentido -destacaba hace unos días el Ministerio-, tanto las entidades de crédito como las energéticas "acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país".

Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.

En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.

No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros* y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.

Funcionamiento de los gravámenes
Los gravámenes de la banca y de las energéticas -explica Hacienda- se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.

En el caso de las energéticas, afecta a los "operadores principales", de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.

No obstante, están exentos del pago aquellos "operadores principales" cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros* y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.

* La propia Cepsa declaró un "importe neto de la cifra de negocios" de más de 20.000 millones de euros en 2019

En cuanto al gravamen a las entidades financieras, se ven afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.

Según explicaba recientemente Hacienda, simultáneamente a la imposición de estos gravámenes, "la política fiscal del Gobierno ha permitido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través de la mayor rebaja de la historia en impuestos vinculados a la energía o del IVA, que ha supuesto un ahorro para las familias de 25.000 millones de euros".

A esta cantidad hay que añadir la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, que ha supuesto 5.000 millones de ahorro en las retenciones del impuesto. También la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón de euros.

El Sindicato de Trabajadores se define como una organización de trabajadores "con total independencia de Grupos Políticos, Económicos y Sociales". Creado en el año 2003 por iniciativa de un Grupo de Trabajadores de Repsol Petróleo en sus 4 Refinerías, se abre a otras empresas en 2015. Al año siguiente el Sindicato CTR (Sindicato del Grupo Cepsa) se integra en STR. A partir de entonces, pasa de denominarse Sindicato de Trabajadores de Repsol a llamarse Sindicato de Trabajadores, que es su actual denominación.

Mubadala Investment Company (empresa estatal de Abu Dabi) y The Carlyle Group son los accionistas principales de Cepsa. La compañía ha repartido entre sus accionistas divididendos por valor de más de 860 millones de euros en su último ejercicio (2023), cifra récord, nunca antes alcanzada (+52,9% con respecto al año anterior).