Ribera ha recordado que precisamente fue la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 la primera en materia de energía aprobada por el Gobierno, y que desde junio de 2018 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) trabaja en el marco legislativo que desarrolla las medidas para reducir la pobreza energética en nuestro país. Además, una de las primeras medidas que tomó el Gobierno fue el decreto ley por el que se reforzaron las medidas de protección de los consumidores, se creó el bono social térmico y se ampliaron los supuestos para acceder al bono social eléctrico.
“Este Gobierno no solo no quiere ver incrementada la desigualdad, sino que tiene marcada como prioridad absoluta en su agenda la reducción de estas brechas y la respuesta adecuada a las causas que las originan. Más aún, todavía, con ocasión de la pandemia del Covid-19”, ha asegurado la vicepresidenta.
Ribera ha explicado que, a la vista de la pandemia, se decidió ampliar la cobertura del Bono Social Eléctrico (BSE) a los nuevos consumidores vulnerables que, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, cuenten en su hogar con, al menos, un miembro de la unidad familiar en situación de desempleo, incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o que haya visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados. Estos hogares, junto al resto de los consumidores vulnerables beneficiarios del Bono Social de Electricidad, recibirán en 2021 el Bono Social Térmico (BST) para sufragar los costes de energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
Ambos bonos permiten aliviar en el corto plazo la situación en la que se encuentran los consumidores vulnerables, no sólo en momentos coyunturales de crisis, como ésta, sino de manera general, contribuyendo de manera estable al pago de las facturas. La vicepresidenta ha recordado que desde que en 2018 el Miteco reforzó el bono social eléctrico, consolidando un descuento en la factura de la luz de los beneficiarios, y estableció un nuevo bono social, el bono social térmico, introduciendo una ayuda directa a consumidores vulnerables en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, estas medidas están operando de manera efectiva. Así, a finales de 2018, el BSE contaba con alrededor de 1.077.000 beneficiarios, mientras que, a 10 de enero de 2021, 1.218.863 hogares reciben el BSE. Es decir, “en dos años hemos logrado llegar a más hogares necesitados”, ha remarcado Ribera.
En el caso del BST, cuenta en 2020 con un total de 1.270.897 beneficiarios, habiéndose incrementado un 16% los hogares protegidos con respecto al año anterior. Para 2021 se han previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un total de 105 millones de euros, que representa un aumento del 16% con respecto al año anterior, para el Bono Social Térmico, cuya gestión y pago desde 2020 corresponde a las Comunidades Autónomas con cargo al presupuesto del Miteco.
Filomena y la factura de la luz
En cuanto al pico en la demanda de energía que ha supuesto el paso de Filomena y su impacto real en la factura, Ribera ha explicado que de media supondrá un aumento de entre 4 y 10 euros para aquellos usuarios acogidos a la tarifa PVPC, es decir, 10,7 millones de hogares. El resto, más de 15 millones de consumidores, no les afecta, pues no tienen su contrato indexado al precio del mercado de energía. Una subida que la vicepresidenta ha explicado que se verá compensada inmediatamente.
Además, la vicepresidenta ha incidido en el hecho de que, como consecuencia de la composición de nuestra factura y del comportamiento del mercado, para dimensionar correctamente el impacto real de un fenómeno determinado en nuestra factura, es imprescindible ver la evolución en trimestres o anualidades y, por tanto, observar la tendencia.
Entre el año 2018 y el 2020, se ha producido un descenso del 40% en el precio de la energía, consecuencia de la progresiva incorporación en nuestro sistema energético de tecnologías renovables con costes variables bajos próximos a cero, el ahorro y la eficiencia. La reducción del precio de la energía se ha traducido en una reducción de la factura PVPC en torno al 17% en dos años y en un ahorro de 120 euros para un hogar de cuatro miembros.
Además, los cálculos indican que entre 2022 y 2023 los precios del mercado energético español estarán por debajo de mercados tradicionalmente más baratos como el alemán o el francés.
Reformas para abaratar la energía
En este sentido, la vicepresidenta Ribera ha explicado las reformas realizadas en el mercado eléctrico que han tenido un claro efecto en la reducción del precio de la energía y en la factura de la luz. “Durante dos años, hemos adoptado más de 50 medidas del mercado, de planificación y de estrategia para acelerar la integración de renovables, el almacenamiento, el autoconsumo y la eficiencia energética. Todo ello capital en la reducción progresiva de la factura de todos los consumidores”, ha subrayado.
Ribera se ha referido que la única manera de contar con precios estables, predecibles y moderados en nuestro sistema energético es contar con fuentes de energía baratas y estables, que no dependan del petróleo y del gas y, por tanto, de la volatilidad de mercados internacionales. Y las únicas tecnologías que producen con costes variables próximos a cero y, por tanto, predecibles y razonables, son las tecnologías renovables. A este respecto, para garantizar la introducción de las energías renovables y el correcto funcionamiento del sistema energético, la vicepresidenta ha anunciado que en las próximas semanas elevará al Consejo de Ministros la Estrategia de Almacenamiento Energético, con la que se pretende asegurar el despliegue del almacenamiento energético para hacer frente a las necesidades de flexibilidad del sistema.
Nuevo modelo de subastas
Teresa Ribera también ha explicado el nuevo modelo de subastas para renovables, que evita los vaivenes de la casación diaria del mercado pero que, además, garantiza la introducción de las renovables a un precio fijo cumpliendo con los objetivos establecidos. “Una reforma que actúa para reducir la factura de la luz de todos los consumidores, especialmente importante para los consumidores vulnerables”. Precisamente, la primera subasta con el nuevo marco retributivo se ha celebrado hoy.
“El nuevo mecanismo de subastas demuestra el compromiso de este Gobierno por la consolidación de las tecnologías renovables en España, pero también por la reducción de la factura eléctrica de todos los consumidores”, ha subrayado la vicepresidenta. Asimismo, con el triple objetivo de evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema, a finales de 2020 el Gobierno aprobó el inicio de la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Este fondo se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, garantizando que todos los vectores energéticos contribuyen a la financiación de los costes de la transición energética.
Este fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos antiguo, que dejarán de formar parte del recibo de la luz, rebajando la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos. Se trata de un mecanismo socialmente progresivo: cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su “cesta energética”, por lo que la bajada del precio de la luz beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos.
Agenda social, ambiental y energética
La vicepresidenta se ha comprometido a seguir trabajando en la agenda social, la agenda ambiental y la agenda energética, que deben servir para reducir desigualdades y facilitar las oportunidades. Sin duda, “el despliegue de la generación distribuida y todos los elementos asociados, como el vehículo eléctrico, el autoconsumo y las comunidades energéticas son herramientas que ayudan a reducir la factura de la electricidad, empoderan al ciudadano, aumentan la independencia energética de las familias y, en definitiva, promueven la democratización de la energía”, ha señalado.
Durante su comparecencia, se ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un buen sistema de observación, predicción meteorológica y alertas ante fenómenos climáticos extremos como ha sido la borrasca Filomena. En este sentido, Ribera ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está constituyendo el Centro Regional del Mediterráneo de Meteorología, Clima y Emergencia Climática y el Centro de Investigaciones y Estudios de Meteorología Subtropical y Tropical de Canarias. Entre las funciones de ambos centros está proporcionar información en coordinación con las unidades del Sistema Nacional de Predicción sobre los fenómenos meteorológicos adversos, así como de los efectos observados e impactos derivados del cambio climático en la región.
El desarrollo de servicios climáticos, que proporcionan información continua sobre el clima, se convierte en una tarea prioritaria a la hora de abordar un problema tan importante que vertebra en mayor o menor medida casi todos los aspectos de nuestra vida. “Cualquier esfuerzo que mejore estos mecanismos, supondrá un retorno que sin duda compensará y mejorará cualquier inversión”, ha concluido Ribera.
En este sentido, Ribera ha señalado que tan importante es incrementar la inversión en modelización y predicción para disponer de datos precisos, como fortalecer las redes de información, los sistemas de alerta y de divulgación. “Es importante entender la complejidad de los fenómenos meteorológicos y sus consecuencias en nuestro capital natural y económico, que nos permita construir resiliencia para disminuir los costes asociados a este tipo de fenómenos adversos”.
