"La propuesta de Taxonomía finalmente planteada por la Comisión Europea no envía las señales adecuadas a la inversión en energía limpia, desde el momento en que otorga el mismo tratamiento al gas y la nuclear que a fuentes indiscutiblemente limpias, como la eólica o la solar". Es la valoración que ayer, solo unas horas después de anunciada la decisión de la Comisión Europea, distribuía el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera. "España siempre ha abogado por una clasificación basada en la ciencia y la evidencia, útil y creíble. La inclusión en la Taxonomía verde -continúa el Ministerio- de energías más costosas y contaminantes [en alusión al gas y la nuclear], con largos plazos de amortización, puede distraer fondos e inversiones que podrían destinarse en la dirección correcta: las tecnologías renovables".
La Taxonomía es una clasificación de "actividades económicas sustancialmente contribuyentes a los objetivos medioambientales basados en criterios científicos" que se ha fijado la Unión Europea. Y los objetivos son el -55% en CO2 en 2030 (la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% de aquí a 2030, con respecto a lo que la UE emitía en 1990) y el cero neto en CO2 en 2050. Lo que viene a hacer la Taxonomía verde de la Unión Europea es, grosso modo, señalar qué soluciones climáticas deben ser beneficiadas (regulatoria, fiscalmente, o mediante inversiones, por ejemplo). Su gran aportación es pues que orienta a los inversores, a los que se les viene a plantear que unas tecnologías recibirán un mejor trato fiscal, regulatorio, que otras. Así, atrae inversión a unas u otras tecnologías.
Pues bien, la propuesta de Taxonomía que elevó ayer la Comisión Europea incluye al gas natural, que es un combustible fósil cuya extracción, transporte y quema (para generación de energía) produce gases de efecto invernadero. La Taxonomía señala los criterios específicos que deben cumplir las centrales de gas para ser calificadas como “sostenibles”. Según la propuesta de la Comisión, las inversiones en centrales de gas serán consideradas verdes si vienen a sustituir a una central de combustibles fósiles más contaminante (y reciben el permiso de construcción de aquí a 2030) y producen emisiones inferiores a 270 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora producido (frente a los 100 gramos por kilovatio que proponen los expertos y expertas consultados por la propia Comisión).
Por otro lado, y en relación a la energía nuclear, los proyectos deberán contar con un plan, un emplazamiento y los fondos necesarios para eliminar de forma segura los residuos radiactivos (en ese sentido, el movimiento ecologista europeo y los más críticos recuerdan que la ciencia aún no ha descubierto la manera de desactivar los residuos radioactivos, que ahora mismo solo pueden ser almacenados, confinados y custodiados para evitar fugas). A pesar de ello, la Comisión ha decidido clasificar la inversión en nuclear como "verde" o sostenible siempre y cuando responda a esos requisitos y reciba su permiso de construcción en los próximos 23 años, hasta 2045. La crítica más recurrente es la relativa al largo proceso de construcción de una central nuclear (que puede durar incluso décadas).
El caso es que, en su nota de ayer, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico insinúa la posibilidad de elevar el listón de la Taxonomía UE, las exigencias, a nivel nacional: "cabe, de hecho -dice literalmente la nota-, la posibilidad de que el estándar de la UE se vea mejorado a nivel nacional por terceros países o, incluso, por sus estados miembros, aplicando la propuesta original [de la Comisión], como hizo España con su primera emisión de bonos verdes en verano de 2021".
Efectivamente, el pasado mes de septiembre, el Tesoro Público realizó la primera emisión de bonos verdes soberanos del Reino de España por importe de 5.000 millones de euros a un plazo de 20 años. Y en esa emisión, el Gobierno del Reino de España estableció como categorías elegibles las siete siguientes: las energías renovables; el transporte limpio; la gestión sostenible del agua y los residuos; la eficiencia energética; la protección y restauración de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales; la prevención y control de la contaminación y la economía circular; y la adaptación al cambio climático. Es decir, nada que ver con gas o nuclear.
Pues bien la emisión registró una demanda extraordinaria, superior a los 60.000 millones de euros, 12 veces la cantidad emitida, "y muy superior -presumía en septiembre el Gobierno- a la registrada por el resto de emisiones inaugurales de bonos verdes de otros países europeos".
Atendiendo al tipo de inversor -informaba a la sazón el Ejecutivo-, la mayor participación ha correspondido a las aseguradoras y fondos de pensiones, que han representado un 47%, seguidas de las gestoras de fondos (18,8%), los bancos centrales e instituciones oficiales (9,5%), y las tesorerías de los bancos (8,9%). El resto de inversores bancarios ha representado un 8,7%, los fondos apalancados un 2,9% y el resto de inversores un 4,2 %.
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