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Que los 1.500 millones del céntimo verde sean para promover el ahorro energético y las renovables

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Eso es lo que pide Greenpeace, que ha difundido hoy un comunicado en el que apuesta con claridad por la implantación de una tasa ambiental de carácter finalista sobre los carburantes, el llamado céntimo verde... "siempre que ese dinero sirva para promover la eficiencia energética y las energías renovables". Para la organización ecologista "no sería aceptable que Hacienda destinara los 1.500 millones de euros que tiene previsto recaudar con esta medida a otros fines".

Greenpeace insta en su comunicado al gobierno "a que actúe con responsabilidad para evitar más fiascos, como el cometido con las energías renovables con el Real Decreto 1/2012 [por es que se ha impuesto de facto la moratoria renovable] y a que aproveche la oportunidad para solucionar conflictos como el del carbón". La organización ecologista pide además al gobierno que adopte "medidas para evitar la remuneración excesiva que reciben las centrales nucleares y las grandes hidroeléctricas a causa del sistema marginalista de formación de precios en el mercado eléctrico". Más aún, según Greenpeace, "esta es una perversión del sistema que conduce a inflar significativamente el déficit tarifario y, además, genera presiones del lobby eléctrico para mantener a toda costa en funcionamiento, más allá de su vida de diseño, un parque de centrales nucleares ya amortizadas, muy envejecidas y peligrosas".

Los ecologistas piden al gobierno que deje de subsidiar a los combustibles fósiles
En el mismo comunicado, los ecologistas se muestran contrarios a la imposición "de cualquier tasa a la producción de electricidad renovable" y reiteran "la necesidad de abandonar los subsidios a los combustibles fósiles y abordar la adecuada reconversión del sector del carbón", que va a recibir este año 655 millones de euros de los presupuestos generales del estado. Según el responsable del Área de Energía y Cambio Climático de la organización ecologista, Carlos Bravo, "Rajoy debería fijarse en la apuesta por las renovables y la eficiencia energética que están haciendo potencias industriales como Japón, Bélgica, Suiza o Alemania, que han decidido decir no a la energía nuclear y apostar por las energías limpias, lo que contribuye a la creación de empleo y al desarrollo tecnológico de estos países". En esa línea, Greenpeace cita la "Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012", documento que efectivamente evalúa las reformas emprendidas por Mariano Rajoy desde su llegada al poder y que, lógicamente, también repasa las medidas que, en materia de política energética, ha ido alumbrando el ejecutivo español.

Más sucios y más dependientes
Pues bien, ese informe constituye un auténtico tirón de orejas en toda regla al gobierno popular por mor de las reformas que ha introducido en el mercado energético español. A saber, la "Evaluación..." de la CE dice literalmente que "la suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020. Por otra parte, con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada aumentaría respecto de la tasa actual del 79% (que es ya muy superior a la media de la UE, del 54%)". La Comisión también afirma que "una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón. Estas medidas no se han traducido en menores precios, por lo que obstaculizan el crecimiento económico".

Del carbón
Con respecto a la protesta del sector minero que, en forma de marcha negra, llega esta semana a Madrid, Greenpeace recuerda que, a pesar de que es necesario el abandono de los combustibles fósiles para frenar el cambio climático, "hay que dar todas las garantías a los mineros, lo que pasa por reconvertir el sector y no abandonarlo a su suerte". En ese sentido, la organización ecologista, que "apoya a los trabajadores de la mina", considera indispensable la depuración de responsabilidades y el centrar los esfuerzos "en gestionar adecuadamente la reconversión para evitar que, finalizadas las ayudas, las cuencas queden a merced del desempleo y el éxodo rural". En ese sentido, la responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, Aida Vila, ha señalado que "el carbón -nacional e importado- cubre solo un 15% de la demanda eléctrica que puede ser fácilmente sustituido por energías renovables; no se trata de cambiar carbón nacional por importado, se trata de avanzar hacia un modelo energético 100% renovable que es el único que, tanto a nivel económico como ambiental, en 2050 nos podremos permitir".

Además, Greenpeace plantea las siguientes reivindicaciones en su comunicado
-Es necesaria la creación de un marco regulador definido, previsible y estable, con rango de ley, para las energías renovables y la eficiencia energética, para hacer atractivas las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos. Hay que analizar qué tecnologías renovables deben ser remuneradas en libre competencia y cuáles necesitan, aunque sea de modo transitorio, una remuneración adicional para ser viables.

-Es preciso, pensar en una distribución independiente puede facilitar el desarrollo de las renovables y la implantación de redes inteligentes que, junto con el recorte a la remuneración de la generación convencional, den lugar a un suministro eléctrico más eficiente y a una industria competitiva. Tiene que haber una separación jurídica real de los negocios de la generación, distribución y comercialización de la electricidad.

-La remuneración del suministro energético debe incluir todos los costes que ha supuesto, incluidos los costes ambientales.

-Hace falta una planificación y gestión integrada de los sistemas eléctrico y de combustibles (biogás e hidrógeno) para facilitar la incorporación creciente y de forma eficiente de la energía renovable y optimizar las infraestructuras existentes.

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