Más de 10.000 casos de asma, 1.233 de bronquitis infantil y 700 muertes prematuras de adultos. Esos son los números que presenta el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) en su informe «Un oscuro panorama», estudio que esta organización no gubernamental presentó el mes pasado ante el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU y que acaba de ser contestado con un documento de «Recomendaciones a España» en el que Naciones Unidas, entre otras cosas, “recomienda al Estado español que lleve a cabo una evaluación de los impactos de la contaminación atmosférica generada por las centrales térmicas de carbón en la salud de los niños y adolescentes".
Actualmente -informa el Instituto IDMA-, en España operan 15 centrales de carbón, que emiten 105.650 toneladas de SO2, 83.723 toneladas de NOx y 4.008 toneladas de partículas, emisiones que el Instituto relaciona con alrededor de 700 muertes prematuras anuales en su informe «Un oscuro panorama». El Instituto IDMA ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Plan Nacional de Transición de España, mecanismo ideado por el Ejecutivo Rajoy que permite a las térmicas de carbón españolas emitir hasta 7 veces más que la legislación de la Unión Europea, contrariando las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que exige que se regulen de forma estricta techos de emisión de contaminantes.
Pues bien, en ese marco, los presidentes autonómicos de Aragón, Javier Lambán (PSOE); Asturias, Javier Fernández (PSOE); Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP); y Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), han anunciado mantendrán una reunión hoy para promover una alianza "en defensa del carbón".
La ciudad de León será el escenario de esta reunión, en la que los convocantes defenderán "alianzas de Estado en defensa de los intereses comunes que comparten estos territorios". Según un comunicado que difundió ayer el Gobierno de Aragón, "estas cuatro Comunidades sufren problemas demográficos como la baja densidad de la población, la dispersión de la misma o su elevado índice de envejecimiento, lo cual repercute directamente en un encarecimiento de los servicios públicos fundamentales propios del Estado del Bienestar que prestan las Autonomías y por tanto en su financiación".
Además -continúa el Ejecutivo que preside el socialista Javier Lambán-, Aragón comparte con Asturias y Castilla y León "la inquietud por el futuro próximo del carbón autóctono y las centrales térmicas que lo transforman, actividades que -asegura- son fundamentales para la supervivencia de los territorios donde se asientan y que todavía carecen de alternativas económicas claras".
En este sentido, el consejero aragonés de presidencia, Vicente Guillén, ha avanzado que en esta “importante reunión” del lunes en León está prevista la firma de sendos acuerdos, “uno relativo a la financiación autonómica y la lucha contra la despoblación y otro fijando una posición común sobre las centrales térmicas y los problemas que tiene en estos momentos la minería del carbón”.
El presidente Lambán ya anunció la semana pasada, tras recibir a dirigentes nacionales del sindicato UGT, que buscará un Pacto de Estado por la Energía para defender las térmicas. Además, el Gobierno de Aragón asegura que "también se ha incorporado junto a las dos Comunidades mineras que acuden este lunes a León, y también con Castilla La Mancha, a alianzas europeas en defensa del sector".
Aragón mezcla su futuro demográfico con la supervivencia del carbón
Al inicio de la actual legislatura bajo el mandato de Javier Lambán, Aragón se incorporó al Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, integrado por ocho Comunidades. En noviembre de 2016 -informa el Gobierno aragonés- visitó Teruel por primera vez una comisaria europea, Corina Cretu, que pudo comprobar in situ "la necesidad de fondos contra la despoblación igual que los que reciben algunas regiones del norte de Europa". Además, en enero de 2017 el problema de la despoblación pasó a ser integrado en la Agenda de Asuntos de Estado.
Según el Gobierno de Aragón, "los problemas demográficos inciden directamente en el encarecimiento de las actividades y actuaciones públicas fundamentales de sanidad, educación o servicios sociales, a la vez que la escasez de población también reduce la capacidad de las Comunidades que la padecen para generar ingresos tributarios, de ahí que en el encuentro autonómico de León se vaya a insistir en apremiar una reforma del sistema de financiación autonómica que respete y atienda, los principios de igualdad y de suficiencia".
Curiosamente, los servicios públicos también son abordados en el informe del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente: en España -apunta el Instituto-, las centrales térmicas de carbón tienen un impacto en costes sanitarios -derivados de las afecciones que causan los gases que emiten esas centrales en niños, adolescentes y adultos- de entre 880 y 1.667 millones de euros anuales.
Señas de identidad
El Instituto IDMA se define como "una organización sin ánimo de lucro fundada en 1996 con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente". Declara como objetivo "conseguir un desarrollo sostenible a través de la investigación, la aplicación y ejecución del Derecho desde una perspectiva internacional y multidisciplinar". Desde 1998, el Instituto es una organización acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. IDMA fue declarado en 2001 "de utilidad pública".
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