El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) pide en su demanda -que ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo- "la nulidad de pleno derecho del Plan Nacional de Transición". Este Plan afecta a 29 plantas de combustión. De ellas, 21 son centrales térmicas de carbón, que están emitiendo actualmente altos niveles de NOx, SO2 y partículas. Pues bien, según el Instituto IDMA, el Ejecutivo está obligado a realizar una Evaluación Ambiental Estratégica en estos casos y, sin embargo, "no lo ha hecho, por lo que el Plan no cumple con la ley". Además, durante la elaboración del PNT no se cumplió con la exigencia de participación pública, por lo que el Instituto denuncia que "ha faltado transparencia en el proceso y que no cumple con los requisitos del Convenio de Aarhus, del que España es Parte".
El Instituto repasa los hechos
Dos semanas después de que el Consejo de Ministros enviara el Acuerdo de París a las Cortes Generales para su ratificación, el PNT fue aprobado por ese mismo Consejo el 25 de noviembre de 2016. El Instituto denuncia que, aunque no fue aprobado hasta esa fecha, finales de noviembre, las centrales térmicas han estado operando "bajo los límites menos restrictivos del PNT" desde enero de 2016, o sea, desde 10 meses antes de su aprobación. Es decir, que el Ejecutivo ha estado haciendo la vista gorda durante esos 10 meses. Además, el Instituto IDMA denuncia que la Administración ha demorado deliberadamente el envío del expediente administrativo necesario para poder presentar la demanda (IDMA inició el proceso en enero de 2017).
Las centrales térmicas de carbón -apuntan desde el Instituto- son las principales emisoras de gases de efecto invernadero del sector eléctrico, y una de las causas principales del cambio climático. Sus emisiones -continúa el Instituto- causan (1) daños ambientales como la acidificación atmosférica o lluvia ácida, (y 2) problemas de salud pública: pueden causar ataques al corazón, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Según revela el informe "Un oscuro panorama" (publicado por el propio Instituto el pasado mes de julio), las emisiones de carbón fueron responsables de más de 700 muertes prematuras en 2014 en España y los costes sanitarios ascendieron a entre 880 y 1.667 millones de euros.
Según la directora del Instituto, Ana Barreira, "este Plan no responde a las exigencias del Estado de Derecho"
El Gobierno -ha dicho Barreira- no puede adoptar un plan "que no respeta el marco normativo vigente, puesto que no fue sometido a Evaluación Ambiental Estratégica ni cumplió con otros requisitos de nuestro ordenamiento". Frente al PNT irregularmente aprobado, la directora del Instituto pide "un plan de abandono progresivo del carbón y el cierre de las centrales térmicas, que son uno de los principales focos de CO2 en España". Según Barreira, "el Gobierno debe tomar medidas urgentes para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París y unirse a los países de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido, Portugal o Italia, que ya han anunciado que dejarán el carbón entre 2025 y 2030”.
El Instituto IDMA recuerda que "la Unión Europea deja claro que sus medidas, cada vez más restrictivas, se dirigen hacia el fin del carbón. Este objetivo final lo ha dejado claro el Parlamento Europeo -concluyen desde el Instituto- en su Resolución de 4 de octubre: en su punto 22 hace un llamamiento a las partes a una descarbonización temprana para cumplir con los objetivos climáticos".
Señas de identidad
El Instituto IDMA se define como "una organización sin ánimo de lucro fundada en 1996 con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente". Declara como objetivo "conseguir un desarrollo sostenible a través de la investigación, la aplicación y ejecución del Derecho desde una perspectiva internacional y multidisciplinar". Desde 1998, el Instituto es una organización acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. IDMA fue declarado en 2001 "de utilidad pública".
