La parada no programada de Ascó II, producida anoche y sumada a las otras tres paradas, deja la potencia nuclear en operación en España en el 55%, es decir, poco más de la mitad, porque la otra mitad está fuera de servicio por motivos varios y variopintos. A pesar de ello, el operador del sistema eléctrico nacional, Red Eléctrica de España, no ha informado de problema alguno en el abastecimiento, y eso que dos de las paradas han sido "no programadas", es decir, que se han producido como consecuencia de sucesos súbitos que han obligado a los propietarios (Endesa e Iberdrola en ambos casos) a parar la máquina. El caso es que la desconexión de las cuatro centrales contrasta con las maniobras que han protagonizado a lo largo de las dos últimas semanas Nuclenor -empresa propietaria de Garoña- y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A saber: Nuclenor (Iberdrola, 50%; Endesa, 50%) presentó el pasado 16 de mayo un escrito al Ministerio de Industria para pedir que se revocara parcialmente una orden ministerial -IET/1453/2012, de 29 de junio- con el objetivo de "mantener así la posibilidad de solicitar la renovación de la autorización de explotación vigente", o sea, con el fin de prorrogar la operación de Garoña. Y el CSN ha dicho sí a esa revocación, abriendo de ese modo la puerta a la reconexión de la central más vieja del parque nuclear nacional, Garoña, gemela de Fukushima.
Un estudio a toda prisa
El CSN le ha dicho en fin al Gobierno que puede modificar la Orden Ministerial IET/1453/2012, de 29 de junio. Y, así, si esa orden decía antes que "con anterioridad al 6 de septiembre de 2012 el titular podrá solicitar del Ministerio de Industria una renovación de la autorización de explotación por un nuevo periodo no superior a seis años"... pues, ahora, esa orden dice que "con anterioridad al 1 de junio de 2013, el titular podrá solicitar del Ministerio de Industria una renovación de la autorización de explotación por un período de un año, en el que la central se mantenga sin operar a potencia". ¿Qué ha ocurrido entre medias? Pues que Nuclenor no solicitó la prórroga antes del 5 de septiembre y sí comunicó, sin embargo, al Ministerio de Industria, el 28 de diciembre de 2012, su decisión de cese de la actividad de Garoña. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que Nuclenor ha cambiado de opinión, el CSN ha dicho sí a su petición y los técnicos -denuncia Ecologistas en Acción- "se van a ver obligados a estudiar la seguridad de la central en 7 días naturales y solo 5 laborables".
La postura de PP y CiU en relación a la energía nuclear
Ese estudio en tiempo récord -dice Ecologistas- desatiende gravemente al Organismo Internacional de la Energía Atómica, que recomienda espacios de varios meses para la realización de este tipo de informes. En efecto, y según varios medios, los técnicos del CSN le habrían dicho a los cinco consejeros responsables de tomar la decisión que no tenían tiempo de estudiar el caso de aquí al próximo uno de junio. Más aún: una de las consejeras, la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, ha denunciado ante la prensa presiones del Gobierno sobre el pleno del CSN, que está compuesto por cuatro consejeros y el presidente. Esas presiones se habrían traducido en los votos a favor del presidente del Consejo, Fernando Martí Scharfhausen (elevado a ese puesto a instancias del Partido Popular) y los consejeros Fernando Castelló (PP) y Antoni Gurguí (CiU). Frente a ellos, las consejeras del CSN nombradas a petición del PSOE, Cristina Narbona y Rosario Velasco, han rechazado la propuesta y han anunciado que presentarán el próximo lunes por separado un voto particular en el que expresarán los motivos por los que se han opuesto.
De Iberdrola y Endesa
El sí a Nuclenor de populares y convergentes (PP y CiU) ha desatado un aluvión de críticas en el seno del movimiento ecologista nacional. Greenpeace, por ejemplo, ha difundido un comunicado en el que, en sintonía con Ecologistas en Acción, también "considera que la decisión política tomada por el CSN afecta negativamente al rigor y a la profundidad necesarios para realizar las inspecciones". Más aún: la organización ecologista ha explicado que "la solicitud de una compañía privada como Nuclenor, propiedad de Iberdrola y Endesa, en defensa de sus intereses económicos ha prevalecido sobre la protección de la población y el medio ambiente". Según el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, "si el ministro de Industria rectifica sus leyes al dictado de Iberdrola y Endesa, Greenpeace lo va a denunciar en los tribunales". De momento, la organización ecologista ya ha anunciado que denunciará el caso en Bruselas, los próximos once y doce de junio, en el marco de la segunda conferencia del Grupo de Reguladores de Seguridad Nuclear Europea (Ensreg) y que reforzará la denuncia que ya tiene abierta ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Industria.
Los antecedentes
La Orden Ministerial IET/1453/2012, de 29 de junio de 2012, establecía dos cosas. Una: autorizaba la explotación de Garoña hasta el día 6 de julio de 2013. Y dos: "con anterioridad al 6 de septiembre de 2012 el titular podrá solicitar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo una renovación de la autorización de explotación por un nuevo periodo no superior a seis años". El titular de la central nuclear de Santa María de Garoña es la empresa Centrales Nucleares del Norte SA (Nuclenor SA) y Nuclenor no solicitó, "con anterioridad al 6 de septiembre de 2012", la susodicha renovación de la autorización de explotación. El pasado 16 de mayo, sin embargo, Nuclenor cambió de opinión y decidió volver a las andadas. Así, envió al Ministerio de Industria un escrito en el que pedía -ahora sí- "una nueva fecha para poder solicitar una renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear Santa María de Garoña por un periodo de un año, en el que la central se mantenga sin operar a potencia".
Contra esa solicitud se pronunciaron las oenegés ecologistas, entre ellas, Ecologistas en Acción, que difundió días después de la maniobra de Nuclenor un comunicado en el que señalaba "al menos dos motivos claros" para que Industria dijera no a la petición de Nuclenor. El primero sería "de índole técnica", porque en tan corto plazo -de aquí al uno de junio- el CSN no podría evaluar la documentación que Nuclenor debe enviarle para que dictamine si se puede o no prorrogar la vida de la central y por cuánto tiempo. El segundo motivo que señalaba Ecologistas "es de índole política, puesto que Iberdrola y Endesa, propietarios de Nuclenor, usaron Garoña como elemento para chantajear al Gobierno y lograr así que que retirase el impuesto sobre gestión de residuos radiactivos de la Ley de Medidas Fiscales". De hecho -concluía la nota difundida por esta organización-, la concesión de esta nueva prórroga sería "un verdadero escándalo desde el punto de vista político, puesto que el Ministerio se plegaría a los deseos de estas empresas".
Lo que dice Ecologistas y lo que establece el Consejo de Seguridad Nuclear
La oenegé Ecologistas en Acción difundió un comunicado el pasado viernes en el que señala que "los técnicos del CSN, que han resultado ejemplares en los últimos tiempos, no se merecen que se les coloque en esta situación; la decisión ha sido finalmente por votación, no unánime y ha sido necesario el voto de calidad del presidente para inclinar la balanza; esto muestra que no había argumentos técnicos de suficiente peso para dar la autorización, lo que nos lleva a pensar en una decisión política". Ecologistas concluye en ese comunicado que "hemos visto cómo el lobby nuclear ha torcido el brazo de un gobierno democrático (...), nos preguntamos qué se estará negociando entre Endesa, Iberdrola y el Gobierno para dar tan lamentable espectáculo".
El mismo viernes, el CSN distribuyó una nota de prensa en la que explica que Garoña deberá permanecer en "situación de parada y sin combustible en el reactor". El Consejo de Seguridad Nuclear ha impuesto por otra parte la condición de que el titular no pueda introducir combustible en el reactor sin su autorización previa y ha añadido, además, que, para poder realizar una hipotética carga del combustible, el CSN exigiría que:
- Se realicen las modificaciones de diseño requeridas y establecidas en anteriores informes del CSN e instrucciones técnicas complementarias, relacionados con los programas de mejora de la seguridad que figuran la vigente Orden Ministerial por la que se autoriza la explotación (relativos al diseño, instalación y puesta en servicio de un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva, las modificaciones sobre el aislamiento de la contención y sus pruebas de fugas, las modificaciones sobre la independencia de los sistemas eléctricos y las modificaciones sobre protección contra incendios);
- Se mantenga el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras a implantar derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de la central nuclear Fukushima Dai-ichi, recogidas en el informe de las pruebas de resistencia e instrucciones técnicas complementarias del CSN;
- Se efectúe la inspección de la vasija, que permita descartar la aplicabilidad del suceso, acontecido en junio de 2012, de detección de defectos en la vasija de la central nuclear belga de Döel 3;
- Se lleve a cabo un programa de inspección de los manguitos de las penetraciones de los mecanismos de accionamiento de las barras de control, de las soldaduras de la vasija, y en general de todos los componentes internos sometidos a la inspección de servicio.
