El primero llegó desde el propio Ciadi en mayo de 2017, mientras que el segundo fue hecho público en febrero, y vino de la mano del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia). El ahora anunciado, el tercero, se refiere a tres centrales termosolares, promovidas por Torresol Energy (Masdar) y la empresa española Sener (las centrales, cuya inversión conjunta habría ascendido a 940 millones de euros, son Gemasolar, en Sevilla; y Valle 1 y Valle 2, en la provincia de Cádiz). Masdar, que es propiedad del fondo soberano Mubadala (Abu Dabi), ha estado representada en el proceso por la firma Allen & Overy. Según EFE, que cita fuentes próximas al Ministerio de Energía, "la Abogacía del Estado estudiará el laudo del Ciadi, de 400 páginas de extensión, antes de decidir si lo recurre". Esas mismas fuentes habrían considerado "un éxito" que la cantidad a pagar haya quedado lejos de la que dicen demandaba Masdar: 165 M€.
Precedentes
En febrero, España perdió un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Estocolmo tras una demanda presentada por la sociedad Novenergia, con sede en Luxemburgo. El laudo, que fue recurrido por la Abogacía del Estado, obliga a España a pagar 53,3 M€ a esta empresa, que desarrolló instalaciones fotovoltaicas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña y que había reclamado 60,4 M€ (la misma cámara de comercio dio la razón a España en un laudo anterior, dictado a instancias de una demanda de Isolux, que reclamaba algo menos de ochenta mil euros). Anteriormente, en mayo de 2017, el Ciadi había dictado otro laudo que obligó a España a pagar 128 millones de euros al fondo británico Eiser Infrastructure (Eiser reclamaba 298 M€).
Rosario de demandas
La primera demanda presentada por una compañía extranjera contra el Reino de España (denunciado por cambiar el marco regulatorio, en lo que se ha venido a denominar el hachazo a las renovables) tiene fecha de 2011. Actualmente, hay, según la Abogacía del Estado, 7.565 millones de euros en juego en los más de 30 litigios que se han ido abriendo tras el recorte a las renovables, lo que ha situado a España como uno de los tres países del mundo con más demandas presentadas en su contra. Por el momento, España ha ganado dos laudos internacionales y ha perdido 3 (por valor de unos 240 millones de euros). Los ciudadanos españoles no tienen derecho a acudir a los tribunales internacionales para denunciar a su propio estado.
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