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Martes, 19 de noviembre de 2024

fotovoltaica

La luz subirá un 20% si España pierde en los tribunales internacionales las demandas a las que se enfrenta la reforma eléctrica

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"Si se perdiesen todos los laudos arbitrales, el sistema eléctrico podría llegar a incrementar sus costes en unos 7.000 millones de euros". Esa cuantía equivaldría "a una subida de la luz del 20% si hubiera que desembolsarlos de golpe en un solo ejercicio". Lo dice Unidos Podemos, que ha registrado en el Congreso una batería de preguntas parlamentarias sobre el particular (sobre las demandas a las que se enfrenta España) y que, así mismo, propone "buscar vías negociadas para las energías renovables que eviten una situación aún más grave de la ya generada por las irresponsables decisiones gubernamentales". [Foto: Acciona].
La luz subirá un 20% si España pierde en los tribunales internacionales las demandas a las que se enfrenta la reforma eléctrica

Esta es la historia: el Gobierno aprobó una serie de normas, que fue publicando en el Boletín Oficial del Estado, que establecían que quienes produjesen energías limpias (electricidad de origen renovable) tendrían derecho a vender sus kilovatios verdes a un precio determinado durante un período determinado (20, 25 años). El Gobierno consideró que esa era una buena manera -la certidumbre en el precio a largo plazo- de animar a la ciudadanía a invertir en energías renovables.

En realidad, el objetivo último del Ejecutivo -el objetivo último perseguido con la aprobación de esas normas, que incentivaban la inversión- era incrementar la cuota renovable (el porcentaje de electricidad limpia, no emisora de CO2) en el mix eléctrico nacional.

¿Y por qué quería el Gobierno incrementar esa cuota?
Pues para cumplir con sus compromisos climáticos: los que había adquirido el Reino de España con la firma, en 1997, por parte del Gobierno Aznar, del Protocolo de Kioto, protocolo internacional que fue ratificado por el mismo Gobierno Aznar allá por el año 2002. En fin, que el Estado animaba la inversión privada en energías renovables, cumplía con sus objetivos internacionales (sustituía electricidad sucia -carbón, gas- por electricidad limpia, no emisora de gases de efecto invernadero, o sea, que reducía sus emisiones de CO2) y así evitaba el tener que hacer con dinero público esas inversiones.

Pero, ¿qué ocurrió? Pues que, transcurridos apenas tres años de la aprobación de esas normas, primero el Gobierno Zapatero (con el Real Decreto 14/2010) y luego el Ejecutivo Rajoy, con todo un rosario de decretos y órdenes (abajo los recogemos), efectuaron toda una serie de recortes a la retribución del kilovatio hora de origen renovable, recortes que fueron denunciados en los tribunales internacionales como "retroactivos".

Fueron denunciados en tribunales internacionales por los inversores y grandes fondos de capital extranjeros que habían puesto en marcha instalaciones renovables en España, y fueron denunciados en tribunales españoles por los pequeños inversores nacionales (los ciudadanos españoles no tienen derecho a acudir a los tribunales internacionales para denunciar a su propio estado).

Grosso modo, en fin, lo que sucedió fue que, si hasta un momento dado, la retribución del kilovatio hora fotovoltaico, termosolar o eólico era equis, a partir de la entrada en vigor de las nuevas normas esa retribución fue reducida en un 20, un 30, un 50%, según los casos (y ello sucedió solo cuatro o cinco años, depende del caso, después de que se aprobaran las normas que establecían un precio a respetar durante 20 ó 25 años). La consecuencia de esa modificación fue que los pequeños inversores que habían solicitado créditos para poner en marcha sus huertas solares (y que se habían comprometido a pagar una letra equis en función de lo que iban a obtener por la venta de sus kilovatios hora durante 20 ó 25 años) se vieron así gravemente afectados en el año 4 ó 5 de sus pagos: comenzaron a ingresar a partir de entonces mucho menos de lo previsto y tuvieron que refinanciar su deuda hipotecándose o solicitando más créditos. Los grandes inversores sufrieron igualmente los recortes, pero su músculo financiero les ha permitido aguantar mejor el en muchos casos brutal recorte retroactivo.

Miles de millones de euros
El caso es que muchas de las multinacionales que desembarcaron en España para, en un marco regulatorio concreto, hacer unas inversiones concretas, decidieron, a la vista de la ruptura del marco, denunciar. La primera demanda fue presentada en 2011 y, actualmente, hay, según la Abogacía del Estado, 7.565 millones de euros en juego en los más de 30 litigios que se han ido abriendo tras el recorte a las renovables, lo que ha situado a España -explican desde Unidos Podemos- como "uno de los tres países del mundo con más demandas presentadas en su contra". Por el momento, España ha ganado dos laudos internacionales y ha perdido dos (por valor de 175 millones de euros), el último de ellos, hace apenas unas semanas. Pues bien, en ese marco de incertidumbre sobre lo que puede suceder con los otros 30 litigios (valorados como se dijo en más de 7.500 millones de euros), el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado, a iniciativa del diputado de Equo Juan López de Uralde, las siguientes preguntas.

Energías Renovables reproduce a continuación la batería de preguntas parlamentarias que ha registrado en el Congreso el diputado Uralde
«España ha perdido su segundo arbitraje internacional por el recorte de las primas a las energías renovables, en este caso en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia). El laudo, dictado por ese tribunal arbitral obliga a España a pagar 53 millones de euros a una sociedad con sede en Luxemburgo, según un comunicado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

Esta decisión se suma al laudo de mayo de 2017, favorable al fondo británico de infraestructuras Eiser, por el que se condenó a España al pago de 128 millones de euros por el cambio de marco regulatorio que costó a las energías renovables más de 3.000 millones de euros.

Desde la primera demanda presentada en 2011 contra la reforma del sector llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero hasta hoy, y según la Abogacía del Estado, actualmente hay 7.565 millones de euros en juego por los más de treinta litigios abiertos tras el recorte a las renovables, lo que ha situado a España como uno de los tres países del mundo con más demandas presentadas en su contra. Por el momento, España ha ganado dos laudos internacionales y ha perdido dos.

Esos más de 7.500 millones de euros equivaldrían (si se perdieran todos los arbitrajes) a una subida de la luz del 20% si hubiera que desembolsarlos de golpe en un solo ejercicio, teniendo en cuenta los algo más de 32.000 millones de euros de costes totales del sistema eléctrico.

Por todo ello, se pregunta
• Si se perdiesen todos los laudos arbitrales, el sistema eléctrico podría llegar a incrementar sus costes en unos 7.000 millones de euros. ¿Cómo valora el Gobierno esta situación? ¿Sigue considerando el Gobierno adecuados los cambios en la regulación sobre energías renovables establecidos mediante el Real Decreto 413/2014?

• ¿Ha valorado el Gobierno cuál sería la situación si ese dinero se hubiera invertido en su momento en energías renovables?

• ¿Tiene pensado el Gobierno adoptar alguna solución consensuada, que sea definitiva, y restaure el daño causado a los inversores, especialmente a las decenas de miles de familias españolas productoras de energía fotovoltaica?

• ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que los inversores españoles se puedan ver perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias frente a inversores de terceros países, al no tener a su alcance los medios que el Tratado de la Carta de la Energía habilita para los inversores extranjeros, y, en particular, del recurso al arbitraje internacional?»

Nota
Las normas que modificaron la legislación y que desencadenaron la cascada de denuncias fueron las siguientes: el Real Decreto-ley (RDL) 14/2010 (con Gobierno Zapatero), por una parte, y, por otra, el RDL 1/2012, el RDL 13/2012, el Real Decreto (RD) 413/2014 y la Orden IET 1045/2014 (estos cuatro últimos, aprobados por el Ejecutivo Rajoy). Según la Abogacía del Estado la cuantía reclamada supera los siete mil quinientos millones de euros (7.500 M€).

El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, emitió en mayo de 2017 un laudo sobre esta cuestión mediante el que obliga al Estado español a indemnizar al fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limited con 128 millones de euros. Ese fue el primero de los juicios perdidos por España. El segundo laudo condenatorio lo dictó hace unos días la Cámara de Comercio de Estocolmo.
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Miguel
Fran, de entrada estás leyendo el artículo modificado, no el original. A mí lo que digan los políticos me importa un bledo, sean del partido que sea, coincida o no coincida con lo que yo diga. Las cosas que yo digo coinciden con datos de documentos oficiales públicos. Yo no pretendo desviar ninguna atención, pero resultaba extraño que en este artículo metiesen en el embrollo a Aznar, cuando no tuvo nada que ver, y curiosamense se olvidasen de mencionar a los implicados. Incluso intentan justificar erróneamente que España tenía un compromiso para realizar ese despliegue de fotovoltaica y solar termoeléctrica. La culpa del origen de este embrollo (en la fotovoltaica) la tienen Joan Clos (como ministro) y Zapatero (como Presidente) por prometer algo que no debían. Una vez cometido el error. Sebastián recortó las primas en primera instancia y posteriormente volvieron a ser recortadas por Soria. De la solar termoeléctrica es responsable Sebastián-Zapatero, que volvieron a repetir el error y después Soria recortó las retribuciones. No me cabe la menor duda que España perderá varios arbitrajes (la mayoría sólo recibirán una parte de lo reclamado) y que tendrán que pagar los ciudadanos, y los responsables de que tengan que pagarlo los españoles es quien les prometió ese dinero vía BOE. Es decir, de la fotovoltaica, Joan Clos - Zapatero, y de la solar termoeléctrica, Sebastián-Zapatero, pues al fin y al cabo, las inversores están reclamando un dinero que se les ha dejado de pagar, no un dinero adicional. Si Sebastián o Soria no hubiesen realizado los recortes, el ciudadano hubiese pagado igualmente, esos 7.500 millones en el recibo de la luz. Todo lo que decreten los árbitros por debajo de esos 7.500 millones será un ahorro para el ciudadano.
Alfred
Cuantos problemas acabarian si empezaran a recuperar esos 60.000M€ regalados a la banca, eso si que nos ha perjudicado, desvian la atencion criminalozando a inversores pequeños medianos y grandes, ellos hicieron las reglas del juego y luego las cambiaron y encima te ponen de tramposo, para mas inri, todas las trabas posibles para el autoconsumo, y ni hablemos de balance neto
Miguel
No Sara, lo que parecía un panfleto político de Podemos era este artículo de Energías Renovables. Ellos sabrán a qué juegan. ponen en juego el prestigio de su publicación. Y sí, sorprendía mucho que quien originó todo este embrollo de inversiones en fotovoltaica y solar termoeléctrica ni se le mencionase. Las demandas internacionales vienen por los recortes a unas generosas primas de las inversiones en fotovoltaica entre 2007 y 2009 y la solar termoeléctrica entre 2010 y 2013. Inversiones que no estaban planificadas ni tenían sentido, ni había presupuesto para hacerlas y que están pagando los ciudadanos en el recibo de la luz. a base de 3.600 millones de euros al año durante 30 años y eso con los recortes, sin recortes tendrían que pagar más. Si gana el Reino de España, dinero que se ahorran los ciudadanos. Si ganan los inversores extranjeros, pues a pagar los ciudadanos. En España nunca se debió involucrar a las familias a realizar fuertes inversiones con créditos. No tenía ningún sentido,.eso que quede bien claro.No pintaban nada en todo esto. Ni tenían necesidades energéticas ni conocimientos financieros. En España nunca se debió hacer tampoco un despliegue masivo de 4.000 MW en fotovoltaica entre 2007 y 2009. Ni estaba planificado, ni tenía ningún sentido..Era una tecnología e industria inmadura y solo había planificado instalar 400 MW entre 2005 y 2010, y exclusivamente para el desarrollo de la tecnología/industria, es decir, una décima parte de lo que se instaló. Había una planificación para primas de unos 200 Millones de euros/año, no de 3.000 o 4.000 Millones. En solar termoeléctrica, más de lo mismo. Había planificado instalar 500 MW entre 2005 y 2010, para el desarrollo de la tecnología, y se instaló 2.000 MW a base de generosas primas. ¿Por qué el PSOE de Zapatero instaló en fotovoltaica 10 veces lo que había planificado y en solar termoeléctrica, 4 veces lo planificado?. Eso sí, a base de generosas primas, es una buena pregunta.. Y la siguiente pregunta es, ¿quién se pensaba que iba a pagar la fiesta?
Fukushima4ever
Calificar de panfleto político es excesivo y además insultante. La falta de visión y de planificación, las decisiones y las regulaciones y las marchas atrás y los cambios de las reglas a medio partido las hicieron quienes las hicieron y no buscaron precisamente el consenso, ni pensaron en todas las consecuencias de sus decisiones. Y resulta que ahora los que están moviendo el tema en el congreso son los que lo están moviendo sin la colaboración de otros grupos parlamentarios, contra viento y marea. Son los hechos. Por otro lado, los únicos españoles que se van a ver compensados si se ganan esos arbitrajes serán los que hayan invertido, no directamente en España, sino en esos fondos internacionales que son los únicos que pueden presentar las demandas de arbitraje internacional. Y estoy casi seguro que en esos fondos internacionales se puede invertir desde paraísos fiscales como los paraísos donde Soria tenía esas empresas de las que inicialmente no sabía nada.
Miguel
Serranillos, el laudo que perdió Isolux iba contra las reformas del PSOE y las del PP, y dieron la razón al Reino de España. El laudo con el fondo británico de infraestructuras Eise, lo ganó el fondo, pero sólo parcialmente, pues el fondo reclamaba 300 millones y el Reino de España ha sido condenada a pagar 128 millones de euros. Habría que estudiar a fondo las argumentaciones que exponían los demandantes en España a ver si hay una parcialidad de la justicia española o fue un fallo en la estrategia por parte de los demandantes.
Serranillos
Me sorprenden de nuevo los comentarios sobre el empate a laudos, 2 a favor y 2 en contra. No hay empate, ya que se trata de arbitrajes sobre cosas distintas. Los ganados por el Reino de España son los correspondientes al primer recorte del PSOE, tan injusto como el segundo, pero de mucha menor cuantía. Respecto al brutal recorte del PP, que ha hecho perder dinero a los inversores mes a mes, hay un 2 a cero a favor de los denunciantes y contra el Reino de España. Todo un correctivo contra la actuación del gobierno y que plantea serias dudas sobre la independencia y parcialidad de la Justicia Española. Por la contundencia expresada en los dos laudos perdidos, es evidente que vendrán más.
Miguel
Respecto a los laudos, hay algunos detalles importantes que no deben pasar desapercibidos. España ha ganado dos laudos. Uno de ellos ganado a Isolux. La empresa basaba su reclamación en que en España no había seguridad jurídica y reclamaba una indemnización según lo que le correspondía por la primera promesa de retribución. El revolcón jurídico que recibió Isolux fue de tal magnitud que aparte de no darle la razón, la condenaron a pagar las costas. España ha perdido dos laudos (parcialmente) uno contra el fondo británico de infraestructuras Eise, El fondo reclamaba 300 millones y España ha sido condenada a pagar 128 millones de euros. Aquí lo importante es que la defensa jurídica del fondo basó su estrategia en reclamar que no estaba obteniendo la rentabilidad del 7.3% prometida en la reforma de Rajoy-Soria. Justificó adecuadamente que no estaba obteniendo esa rentabilidad y por eso obtuvo ese resultado parcial. Es decir, se dio por buena las reformas del Gobierno. Qué quiere decir todo esto, pues que tiene pinta que los que reclamen dinero solo en base a lo que les prometieron antes de realizar la inversión, tienen las de perder. Aquellos que den por buena las reformas pero puedan justificar que no están obteniendo la rentabilidad prometida en la última reforma del Gobierno, van a rascar dinero.
Miguel
Manuel, yo también me había percatado de ese detalle y me llamó mucho la atención, solo que no dije nada en el comentario anterior. Parecía que el artículo era un mero panfleto político de propaganda de Podemos en el que culpa de todos los males al PP y curiosamente desaparecía el PSOE de toda crítica. Ya he visto que han cambiado el artículo y han añadido lo de Zapatero en dos párrafos. También suena muy extraño y sensacionalista el titular "La luz subirá un 20% si España pierde en los tribunales internacionales las demandas". Imagino que es sólo un mensaje de propaganda política que no tiene ningún recorrido en la realidad. Convertir este diario en un mero panfleto político o partidista, en nada ayuda ni a este diario ni a las energías renovables . En este artículo se da a entender que el despliegue de energía fotovoltaica y termosolar en España en la época de Zapatero, animada por el Estado, era para cumplir un compromiso de España adquirido en la época de Aznar en 1997. Aquí he de decir al articulista que España no tenía que cumplir ningún objetivo de desplegar 4.000 MW de energía fotovoltaica ni tampoco de 2.000 MW en termosolar. En planes de 1999, para 2010, España tenía un objetivo "orientativo" de 9.000MW en eólica, de 144 MW en fotovoltaica y 200 MW en termoeléctrica. Con la evolución de la tecnología fotovoltaica, como mucho, se podía justificar un despliegue antes de 2010 de 400 MW en fotovoltaica, (10 veces menos de lo instalado por Zapatero). Las primas al Kwh eran también excesivas, superiores incluso a las concedidas en 1999. Además ese nivel alto de primas solo era justificable para autoproducción/autoconsumo, no para inversiones financieras. De haber cumplido el compromiso que tenía España, se hubiesen instalado sólo 400 MW de fotovoltaica, no se hubiese creado este enorme problema con los inversores y con las primas a las renovables ni hubiese subido tanto el recibo de la luz ni hubiesen aparecido los famosos recortes a las renovables, y en años sucesivos se hubiese seguido instalando renovables para seguir desarrollando la tecnología sin sobrecargar la factura de la luz. Me sorprende la nula crítica/autocrítica de este diario en este aspecto. Como bien definió el Ministro Miguel Sebastián, "se les fue la olla con las renovables". Pagan el pato de esa desafortunada gestión los inversores particulares y el ciudadano final con fuertes subidas del recibo de la luz, porque los fondos que han invertido, se van a llevar aproximadamente un 7.5% de rentabilidad anual durante 30 años.
Manuel
Me dejais flipado, os saltais a drede el motivo que nos ha traído aquí en primera instancia, la pasada de frenada del gobierno de Zapatero y la inevitable reacción, el Real Decreto-Ley 14/2010, con recortes a las renovables, incluyendo la retroactividad. Luego, la patata caliente se la dejaron a Rajoy que, sin duda, no ha sabido/podido/querido hacer nada. Es penoso, sin embargo que hagáis una tergiversación tan flagrante de los hechos poniendo a Aznar como iniciador y a Rajoy como rematador, eludiendo mencionar que ocurrió en medio, incluso ignorando vuestra propia hemeroteca. Información???
Joseba Markinez Magaña
A ver si de una p...vez se restauran los derechos de los productores fotovoltáicos. Esto es como afinsa pero aqui el estafador es el estado y muchos jueces españoles sus cómplices. División de poderes ?? Jahh!!
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