El cierre del carbón en España vino de la mano de la legislación europea, exigente en materia de salud (las emisiones contaminantes de las centrales térmicas afectaban y afectan gravemente la salud de las poblaciones próximas). El impacto socio-económico en las zonas afectadas fue motivo de negociación y, en 2020, patronal, sindicatos y Gobierno llegaron a un acuerdo, denominado Acuerdo por una Transición Energética Justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios. Mediante ese acuerdo, y en síntesis, la Administración General del Estado se comprometía y se compromete a crear un marco para el seguimiento de los trabajadores afectados, y las empresas propietarias de las centrales en proceso de cierre se comprometen a desarrollar planes de recolocación para su personal y a dar prioridad en la contratación a los trabajadores de empresas auxiliares para las labores relacionadas con las nuevas actividades y el desmantelamiento y restauración de las instalaciones. Estas empresas también deben presentar planes de acompañamiento que incluyan nuevas inversiones en las zonas, tanto en energías renovables como en otras líneas de negocio viables.
Pues bien, el Ministerio acaba de presentar, cuando se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo, el Informe de Seguimiento correspondiente.
[Bajo estas líneas, a la derecha, empleo directo y trabajadores de empresas auxiliares en centrales de carbón en España a fecha de firma del Acuerdo. En tono gris las centrales térmicas que se encuentran en operación].
Los números más gruesos son estos: las zonas de Transición Justa afectadas por cierres de centrales térmicas tienen compromisos de inversión superiores a 6.000 millones de euros. Además, a los proyectos en cartera de las empresas energéticas propietarias de las centrales se añaden los proyectos beneficiados por las ayudas del Ministerio, que ascienden a más de 960 millones de euros. Todas estas inversiones -explican desde el Ministerio- prevén la creación de un total de 2.276 "puestos de trabajo de larga duración en los territorios", por encima de los 1.557 empleos de "personal propio afectado por los cierres" o por debajo de los 2.740 empleos de "personal propio afectado por el cierre" y "personal auxiliar afectado por el cierre".
Cuatro ya desmanteladas
De las 15 centrales térmicas de carbón cubiertas por el Acuerdo, cuatro están totalmente desmanteladas (Andorra, Anllares, Meirama y Velilla), en seis los trabajos tienen un grado en avance muy significativo (en La Robla casi han concluido y en las otras cinco están del 60% al 90% completados), en As Pontes las labores acaban de empezar, y de las cuatro que siguen activas, tres han solicitado el cierre (Los Barrios, Aboño y Soto de Ribera) y Alcudia sigue operando, de forma limitada, para prestar respaldo al suministro eléctrico balear.
Según la información analizada en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo (que está integrada por todos los actores), en la práctica totalidad de los emplazamientos donde se localizaban las centrales se están desarrollando "propuestas de proyectos tractores, con diferentes niveles de maduración, para revitalizar las economías locales". En los territorios de aquellas centrales que están todavía operativas, los proyectos alternativos están "en fase más incipiente", según el Ministerio.
El Informe reconoce en ese sentido que "el grado de madurez de los proyectos es desigual y ante la posibilidad de que algunos finalmente no fructifiquen, se ha destacado la necesidad de hacer esfuerzos adicionales".
Joan Groizard, secretario de estado de Energía (que ha presidido la presentación del Informe): “es importante que las empresas firmantes busquen alternativas para los proyectos que no acaben de materializarse en las zonas con el fin de asegurar un balance de creación de empleo netamente positivo”
Según el Informe, los proyectos en cartera de las empresas propietarias de las centrales, "propios o movilizados por ellas", suman inversiones por valor de 6.185 millones, de los cuales el 83% son de proyectos energéticos y el 17% son industriales. En términos globales, todos esos proyectos prevén crear "un nivel de empleo de larga duración de 2.276 puestos". En la fase de construcción de los proyectos se estima la creación de 11.486 empleos.
Las ayudas del Gobierno
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, principalmente mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha trabajado en la puesta a disposición de diferentes líneas de ayuda para el apoyo a proyectos empresariales generadores de empleo, para la transición energética de los territorios, así como para la mejora de las infraestructuras municipales y locales.
Así, en 2024 se abrió una convocatoria dotada con 50 millones para proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión en zonas de transición justa. Se espera movilicen más de 200 millones y generen más de 900 puestos de trabajo. En total, estos cinco años ya se han apoyado alrededor de 300 proyectos empresariales, gracias a unas ayudas de 70 millones, que prevén movilizar unos 400 millones. También se han apoyado 217 proyectos de infraestructuras municipales con una ayuda de 214 millones.
Adicionalmente, se han concedido 633 millones de las ayudas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), destinadas a inversiones para la transición energética en zonas de transición justa.
Asimismo, el ITJ ha habilitado bolsas de empleo para mejorar la empleabilidad de los trabajadores afectados por los cierres, con ofertas formativas y laborales.
Por último, en la Comisión se ha destacado el fuerte impulso a la articulación de los Nudos de Transición Justa como instrumento para favorecer la actividad económica y la creación de empleo en las zonas afectadas. Desde la última Comisión de Seguimiento, se ha producido un notable avance con el lanzamiento de concursos en los emplazamientos de las centrales de Puente Nuevo, Meirama y Narcea.
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