El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha participado en un nuevo acto de la campaña El Gobierno de la Gente, en Toledo, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE-CLM, Emiliano García-Page, y la alcaldesa de Toledo y secretaria general del PSOE de Toledo, Milagros Tolón. Sánchez ha aprovechado su participación en el mítin de Toledo para recordar que, mientras se encontraba en Bruselas batallando por la excepción ibérica, “las grandes eléctricas españolas estaban defendiendo sus intereses millonarios junto con el PP, intentando sabotear este mecanismo ibérico”. El presidente se ha mostrado muy beligerante con el primer partido de la oposición, que esta misma semana votaba en el Congreso en contra del impuesto a los beneficios extrordinarios de las eléctricas: "en la derecha europea -ha dicho, literalmente- hay una anomalía ibérica, porque si hay un partido obediente con las eléctricas ese es el PP”.
Efectivamente, el martes pasado, 13 de septiembre, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó, por 187 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones, "iniciar la tramitación" de la Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales a compañías energéticas y entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, proposición que fue presentada por los Grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. El Partido Popular votó en contra de admitir a trámite la proposición, junto a Ciudadanos y Vox. Votaron a favor Esquerra Republicana de Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco, EH-Bildu, Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Galego y la CUP, por lo que la iniciativa, tras este debate inicial de toma en consideración, podrá comenzar su tramitación parlamentaria.
La iniciativa, en su exposición de motivos, explica que en el contexto de la subida de precios actual, los costes generados por la inflación "han de ser repartidos equitativamente mediante un pacto de rentas", y que tanto el sector energético como el de las entidades bancarias "pueden contribuir a reforzar" dicho pacto.
Para conseguir dicho objetivo, la norma prevé establecer un gravamen temporal energético, que las personas o entidades consideradas operadores principales en el sector deberán satisfacer durante en 2023 y 2024 y su importe será el resultado de aplicar el 1,2 por ciento al importe de la cifra de negocios neta del año natural anterior al de la obligación de pago. Quedan exentas aquellos operadores con una cifra de negocio neta en 2019 inferior a 1.000 millones de euros.
Por otro lado, se establece también un gravamen temporal a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que se aplicará a todas aquellas cuya suma de ingresos por intereses y comisiones en 2019 supere los 800 millones de euros. Al igual que en el sector energético, el gravamen será satisfecho durante los años 2023 y 2024. En este caso, el importe será el resultado de aplicar el 4,8 por ciento a la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones que figuren en su cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año natural anterior al de la obligación de pago.
Como se dijo, el Partido Popular, el martes, día 13, ni siquiera fue partidario de admitir a trámite la proposición para su debate en el Congreso (tampoco lo fueron ni Vox, ni Ciudadanos).
Pues bien, apenas dos días después, el día 15, la Comisión Europea, que preside la también popular Ursula Von der Leyen, proponía una “contribución solidaria temporal sobre los beneficios extraordinarios generados por actividades en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la refinería”, o sea, el establecimiento de una especie de impuesto, temporal, "sobre los beneficios de 2022 que excedan de un aumento del 20% con respecto a los beneficios medios de los tres años anteriores". El impuesto propuesto por Von der Leyen (Partido Popular Europeo) respondería a un tipo de al menos el 33%. Según la propuesta de la Comisión, los Estados miembros recaudarían los ingresos y los reorientarían a los consumidores de energía, en particular a “los hogares vulnerables, las empresas gravemente afectadas y las industrias con gran consumo de energía”.
Pues bien, el mismo día 15, el Partido Popular anunciaba que apoyaría al Gobierno "si rectificase su propuesta y gravara sobre los beneficios a las eléctricas, como propone Bruselas, en lugar de hacerlo sobre la facturación".
Sobre el particular, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que "España fue el primer país en plantear esta medida de urgencia ante la crisis energética (...). Europa ha venido detrás” y que, en todo caso, "nosotros ajustaremos nuestro impuesto a lo que Europa plantee".
La ministra afeaba ayer, en una entrevista en Espejo Público, el cambio de postura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de ver la postura de sus socios europeos. “Sus socios de partido en Europa le han dejado en clara evidencia”, decía Montero, que recordaba que apenas dos días antes el PP había votado en contra de siquiera tramitar la iniciativa.
