El portavoz del grupo parlamentario confederal Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que los nuevos gravámenes no amenazan la sostenibilidad financiera de los dos sectores (energéticas y banca), a los que ha pedido "que arrimen el hombro". "Ser patriota -ha dicho- es eso, no envolverse en una bandera gigante", mientras que su portavoz fiscal, Txema Guijarro, ha advertido de que, pese a la inflación, los márgenes empresariales se mantienen o incluso aumentan en algunos sectores (efectivamente, tanto Iberdrola, como Endesa o Repsol han incrementado su beneficio neto en el último año). Más allá ha ido el historiador Albert Botran, diputado por la CUP, que se ha manifestado no solo a favor de los impuestos, sino "más a favor todavía de la expropiación". Botran ha recordado desde la tribuna el pasado público de algunas de las compañías que podrían verse "afectadas" por la norma (Endesa y Repsol fueron empresas públicas hasta hace apenas unos años) y ha aludido así mismo a las ayudas recibidas por las grandes energéticas y financieras* españolas, "que ahora no quieren poner de su parte. (...) Más justo sería recuperar el control público de estas empresas y nacionalizarlas", ha llegado a decir.
Excepcionalidad
"Tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios", ha justificado la portavoz fiscal del PSOE, Patricia Blanquer, asegurando que "la inflación también genera ganadores y perdedores" y que "es justo pedir un esfuerzo ahora". Por ello, ha invitado a la oposición "a decidir de qué lado están, si de los que sufren, o de los que se aprovechan de los que sufren".
Joan Margall, de Esquerra Republicana de Catalunya, ha reclamado que el impuesto sea permanente, y no temporal, mientras los beneficios obtenidos por los sectores sean extraordinarios, y ha pedido asegurar que no acaben repercutiéndose en el consumidor.
PNV y Bildu han apoyado su tramitación, pero exigiendo un acuerdo para su aplicación en las comunidades con régimen foral, País Vasco y Navarra, advirtiendo incluso los primeros con tumbar el impuesto por la vía legal: "o hay concertación foral o nos opondremos con todos los medios a nuestro alcance", ha avisado Idoia Sagastizabal, que ya había advertido del riesgo de que los tributos fueran impugnados y acabaran teniendo que devolverse cantidades recaudadas.
No gravan beneficios extraordinarios, sino cifras de negocio
Asimismo, la diputada nacionalista vasca ha censurado que la iniciativa "poco tiene que ver con beneficios extraordinarios", como plantean las autoridades europeas y propugnan los proponientes, sino que grava en función de las cifras de negocio y supone una prestación sobre venta. En el caso de las energéticas, grava la facturación, y, en la banca, el margen de intermediación e intereses.
Por EH-Bildu, su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha lamentado que estos tributos "no son suficientes". La recaudación buscada en el caso de las energéticas es de 2.000 millones de euros en dos años, cuando estas -ha dicho- han ganado 11.000 millones en seis meses. Mientras que en el caso de la banca estaríamos hablando de 1.500 millones de euros en dos años también, cuando solo en 2021 superaron los 20.000 millones de beneficios. "Y eso sin olvidar los 60.000 millones del rescate", ha apostillado.
Engendro
Entre las bancadas opuestas a los nuevos impuestos, el popular Mario Garcés ha despreciado la proposición al tildarla de "engendro jurídico"; ha calificado de "fraude" que PSOE y Unidas Podemos intenten presentarlo como prestación patrimonial -"esto es un tributo"- y ha hablado de "persecución subjetiva" contra los sectores afectados y de "colectivización".
La diputada Mari Carmen Martínez Granados, del grupo parlamentario de Ciudadanos, ha vaticinado que, por mucho que lo refleje legalmente el texto de la futura norma, no es posible asegurar que las empresas energéticas y bancos sobre los que recaigan los futuribles impuestos no vayan a acabar repercutiéndolos en el cliente.
En esa línea ha incidido Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, que ha asumido que de una u otra manera las empresas repercutirán esos costes al consumidor y ha ironizado acerca de la temporalidad de los impuestos, al asegurar que el Impuesto sobre Sucesiones también llegó a Estados Unidos para sufragar la Guerra de Cuba y aún sigue en vigor.
*122.000 millones de euros en "recursos públicos comprometidos"
Junto a estas líneas, tabla extraída de la Nota de Fiscalización sobre el Proceso de Reestructuración Bancaria del Tribunal de Cuentas. La Nota en cuestión fue expuesta por la propia presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, durante su comparecencia, ante las diputadas y diputados de la Comisión Mixta del Congreso-Senado, el pasado 14 de diciembre de 2021. Según el Tribunal de Cuentas, "el importe de los recursos públicos comprometidos en la reestructuración por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) y el Banco de España como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2018 fue de 122.754 millones de euros. Aproximadamente la mitad de los apoyos se ha materializado en aportaciones al capital de las entidades de crédito y a cuotas participativas (60.247 millones de euros)".
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