Castor es el nombre de una plataforma ubicada sobre un almacén submarino de gas que se encuentra a unos 22 kilómetros de las costas de Castellón y Tarragona. Su historia puede resumirse así, grosso modo: encontramos en el mar una bolsa de petróleo; sacamos de allí todo el crudo posible; una vez agotado el yacimiento, aprovechamos el hueco resultante como almacén de gas (así nos evitamos el tener que construir un almacén artificial); comenzamos a inyectar el gas natural en el almacén submarino y... ahí surge el problema. Las inyecciones comienzan en abril de 2012 y, tras registrarse casi mil seísmos en las localidades costeras más próximas a la plataforma (algunos superan la magnitud 4 en la escala de Richter), el Ejecutivo, controlado por el Partido Popular en ese momento, ordena la paralización de las inyecciones.
Castor, además de la plataforma marítima (véase foto), cuenta con una planta de operaciones terrestre, que está unida con su hermana marina por un gasoducto de 30 kilómetros. Según el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), se trata de un proyecto liderado por tres actores: uno, político (PSOE, PP); otro, empresarial (Escal UGS) y, finalmente, un tercero, financiero (el Banco Europeo de Inversiones). El ODG estima que Castor ha supuesto, a día de hoy, "un coste aproximado de 3.420 millones de euros" (las estimaciones de la organización ecologista Greenpeace elevan esa cifra hasta los 4.400 millones de euros, que ese es "el coste que para la ciudadanía tendrá Castor", según los ecologistas). Ahora mismo, hay una veintena de personas investigadas por prevaricación ambiental. Al proyecto le dio luz verde en 2008 el Gobierno Zapatero, que concedió a Escal UGS la ejecución del mismo. Escal, que es una empresa perteneciente al Grupo ACS (que preside Florentino Pérez), lo hibernó en 2013 tras casi mil seísmos.
Posteriormente, estudios del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geográfico Nacional han corroborado la relación causa-efecto entre la inyección de gas en la planta marítima y los terremotos. Más aún: el Gobierno encargó hace unos meses al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) un informe sobre Castor y los microseísmos. Ese informe, que fue publicado hace unos días, establece una relación directa entre los seísmos ocurridos en la zona y el almacén de gas Castor. En concreto, el informe concluye que la falla de Amposta fue sometida a estrés como consecuencia de la inyección de gas y que podrían volver a producirse movimientos sísmicos si la instalación iniciara su operación. Sin embargo -denuncia el ODG-, el gobierno del PP no solo no ha exigido a la empresa que indemnice a los afectados por los seísmos, sino que, antes al contrario, ha decidido compensarla "con una indemnización de 1.350 millones de euros abonados en menos de 40 días y en un contexto de importantes recortes sociales".
Hibernación
A día de hoy -señala el ODG-, las instalaciones "siguen paradas y, aunque estén hibernadas, no hay de momento un calendario para su desmantelamiento; nadie se ha hecho responsable del desastre y, en cambio, la ciudadanía ha tenido que asumir una deuda que ascenderá a más de 3.400 millones de euros, y que ya se está pagando desde el 1 de enero de 2016 en nuestras facturas del gas". Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización, "a pesar de la causa abierta en el juzgado número 4 de Vinaròs, donde se están investigando delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales, no hay garantías para la población de que aquellas situaciones no se vuelvan a repetir, ni tampoco de que se señalen sus responsables principales". Y es aquí donde llega el Juicio Popular al Proyecto Castor.
Sociedad civil
Impulsado por la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, la Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, este juicio, que está previsto tenga lugar el próximo 17 de junio en la Sala de Actos del Palauet Casades, sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona, se propone "denunciar y juzgar estos hechos y acusar a sus responsables, con la urgencia, rigor y transversalidad que este caso requiere". La realización de este Juicio -explican desde el ODG- surge "como necesidad de la sociedad civil organizada de garantizar, colectivamente, sus derechos y recuperar su dignidad". Los objetivos que persigue son los siguientes:
1• Escuchar las voces de la ciudadanía involucrada e incluir la memoria histórica de los territorios, para evitar que el caso caiga en el olvido;
2• hacer balance del camino recorrido, así como poner en valor las acciones realizadas por las organizaciones como la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia durante todos estos años, y la Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor en los últimos tiempos;
3• ejercer control ciudadano; exigir responsabilidades y aclarar las negligencias en el caso del Proyecto Castor en las tierras del Sénia, así como el desmantelamiento de la Plataforma; y
4• denunciar, en definitiva, la vulneración de derechos fundamentales con consecuencias de alcance local, estatal y global, reclamando el ejercicio de la soberanía popular.
El Observatorio y las demás oenegés que impulsan esta iniciativa consideran que, dado "el desastre social, medioambiental y financiero que ha resultado y sigue resultando del Proyecto Castor", deben sentarse en el banquillo de los acusados Florentino Pérez (ACS), Álvaro Nadal (actual ministro de Energía) y el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer (los organizadores de este juicio les han enviado a los tres citaciones formales por burofax). ODG y las restantes oenegés impulsoras de este Juicio señalan a:
1• la empresa Escal UGS/ACS (Actividades de Construcción y Servicios) y, de manera agravada, su presidente Florentino Pérez
como "acusados de la construcción del Proyecto Castor, donde los terremotos son sólo la punta del iceberg de una cadena de delitos ambientales, sociales y económicos a nivel local y global, como es la deuda generada, así como otros casos de megaproyectos impuestos e inútiles en el Estado español y fuera de éste, como es en países del Sur global";
2• el Gobierno español y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
como "acusados de prevaricación ambiental, mala administración y ayuda estatal encubierta; específicamente en relación a la ocultación de información relevante en relación al Proyecto Castor y no garantía del derecho a la información de la población; connivencia con la empresa (acompañó y aprobó costes sobredimensionados en el Proyecto y garantizó el cobro a través de las cláusulas del contrato), en lugar de garantizar el interés público".
3• el Banco Europeo de Inversiones
como "acusado de prevaricación ambiental, generación de deuda ilegítima y financiación del modelo de gas; específicamente en relación a hacer posible la refinanciación del Proyecto Castor gracias a la emisión de bonos, y financiar otras infraestructuras de gas en Europa con la misma lógica e impacto".
El Juicio Popular -informa el ODG- dará voz a testimonios de miembros de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor. También se contará -añade el Observatorio- con diversos "peritajes del ámbito geológico, medioambiental, de derecho procesal y sobre los impactos de la financiarización de las grandes infraestructuras fomentadas por las instituciones europeas, para explicar el modelo de industria gasística que representa el Proyecto Castor, así como los impactos económicos y sociales que tiene sobre el medio ambiente y las personas". Por último, se dará voz a personas de comunidades del Sur global afectadas por proyectos de la misma ACS que testificarán sobre los impactos de esta empresa fuera de las fronteras nacionales y sobre su lógica de actuación.
Veredicto y sentencia
Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización, "el veredicto y la sentencia que surjan del mismo servirán para seguir haciendo incidencia en las instituciones (locales, catalanas y estatales) y los otros actores señalados", entre los que se encuentran la empresa ACS y el Banco Europeo de Inversiones. "Es urgente -continúa el ODG- continuar trabajando para el desmantelamiento de las instalaciones del Proyecto Castor, entre otras reivindicaciones de las poblaciones locales. "Asimismo lo es -concluye- el hecho de poder revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que asciende a más de 3.400 millones de euros y que recae sobre la ciudadanía". El Observatorio adelanta que "exigiremos justicia, la reparación del daño causado y la garantía de no replicación de este modelo que nos endeuda social, ambiental y económicamente".
Según el Observatorio, "los juicios populares contrarrestan los efectos de la invisibilidad que caracterizan algunas violaciones de derechos humanos, y así mismo evidencian la impunidad que rodea las mismas". Este tipo de juicios -explican desde el Observatorio- tienen una larga tradición, "que se remonta al Tribunal Russell por la Guerra de Vietnam y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), creado durante los años 70 por la Fundación Lelio & Lisli Basso Issoco". El ODG explica que, "en el caso del Juicio Popular al Castor, se trata de la primera fase de una estrategia más amplia, que apunta a abrir procesos para revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que recae sobre la ciudadanía a través de la factura del gas y hacer incidencia política y mediática para exigir responsabilidades en el desastre Castor".
La cita es en Barcelona, el 17 de junio
El Juicio Popular al proyecto Castor se celebrará el 17 de junio en la Sala de Actos del Palauet Casades, sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). El Tribunal estará integrado por:
1• Doctor Marco Aparicio Wilhelmi, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Girona y presidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC);
2• Profesor David Bondia Garcia, de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de Barcelona y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña;
3• Doctora Miren Etxezarreta Zubizarreta, profesora de Economía aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona durante muchos años, es actualmente profesora emérita de la misma UAB (Etxezarreta está muy vinculada a los movimientos sociales, en particular en el Seminario de Economía crítica Taifa);
4• David Fernández Ramos, periodista, ex diputado y presidente de la Comisión de Investigación sobre Fraude Fiscal y Prácticas de Corrupción Política, coautor de "Luces y Taquígrafos. Atlas de la Corrupción, el Fraude y la Impunidad en los Países Catalanes";
5• y Mónica Vargas, investigadora del Proyecto Poder Corporativo, del Programa de Justicia Económica del Transnational Institute (TNI) y facilitadora de la Campaña Global para Recuperar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Empresarial y Detener la Impunidad.
Dinamizará el juicio Nazaret Farré, periodista, autora del libro "Curso de feminismo para microondas", guionista de "La Competencia" de Rac1 y articulista en el diario ARA. "La revolución será feminista o no será".
Manifiesto-acusación, Juicio Popular Castor. Ante la impunidad, la ciudadanía acusa
