En rueda de prensa celebrada esta mañana, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw (Universidad de Harvard), y el director de Infraestructuras de Enagás, Claudio Rodríguez, han explicado las conclusiones principales de estos informes, encargados inicialmente por el Gobierno. Comenzaron en octubre de 2015 y han sido realizados por un equipo de siete profesores del MIT y de la Universidad de Harvard.
Los estudios han analizados el origen de la sismicidad inducida durante la inyección de gas en el almacén Castor en el año 2013, para lo cual se han empleado nuevos paradigmas que integran los modelos geológico y geomecánico con el análisis de los datos de sismicidad. Según destacan, la localización de los sismos coincide con la zona de la falla Amposta y con varias ramificaciones de la misma y concluyen que dichas fallas fueron sometidas a estrés como consecuencia de la inyección de gas.
Según el MInisterio de Energía, el informe indica, asimismo, que no habría podido esperarse que, en su momento con la información disponible y mediante estudios realizados con metodología estándar, se hubiese llegado a estas conclusiones antes de la inyección de gas.
Decenas de microseísmos
El 16 de diciembre de 2015, una veintena de organizaciones no gubernamentales de toda España -entre las que se cuentan ecologistas, de consumidores y de defensa de los derechos humanos– lanzaron una campaña de protesta contra lo que consideraban "la enorme estafa del proyecto Castor", una infraestructura “absolutamente innecesaria” y que provocó decenas de microseísmos en la Comunidad Valenciana. Como consecuencia de ello, las obras hubieron de paralizarse, motivo por el cual la empresa concesionaria del proyecto, Escal UGS (participada en el 66,6% por ACS, de Florentino Pérez), solicitó una indemnización millonaria.
El fallido almacén de gas Castor formaba parte de la red de silos estratégicos ideada a principios de este siglo y su explotación se otorgó a Escal el 16 de mayo de 2008. El proyecto consistía en la reconversión del campo de petróleo abandonado Amposta en almacenamiento subterráneo de gas natural “para hacer frente a las necesidades del sistema gasista previstas en ese momento”, según explica el Ministerio.
La perforación de los pozos comenzó en 2010 y la fase de pruebas en 2013, pero en septiembre de ese año, durante la inyección de gas colchón, comenzaron a producirse pequeños terremotos en el entorno de la plataforma, que el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero relacionaron con la inyección del gas. Ésta se detuvo el 17 de septiembre de 2013, si bien los sismos continuaron produciéndose hasta el 4 de octubre (hubo hasta 500, según diversas fuentes).
Más tarde, en julio de 2014, Escal UGS presentó la renuncia a la concesión de explotación y en octubre de ese mismo año, el Gobierno encargó a Enagás la hibernación de las instalaciones, tras pagar a Escal los más de 1.461 millones de euros que costó el proyecto. Luego, la factura se ha ido ampliando hasta superar los 1.700 millones. Su pago está sujero a lo que determinen los tribunales ya que se han presentado varios recursos contra la indemnización recibida por la promotora.
Además, el Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs está investigando a una veintena de personas, entre directivos de la empresa promotora y cargos y técnicos de la Administración que autorizaron el proyecto. El caso está aún en fase de instrucción.
De acuerdo con la información facilitada por el MInisterio, actualmente los pozos están sellados y no existe gas en la plataforma ni en los gasoductos de conexión, por lo que no hay ningún peligro ni para las personas ni para el medioambiente.
