La lectura que de este asunto hiciera hace ya algunos años el economista Juan Manuel Eguiagaray -ministro de Industria y Energía entre 1993 y 1996- difiere considerablemente del discurso de la CNMC. Eguiagaray expuso esa lectura, por escrito, en Cuadernos de Energía, número 21, de junio de 2008 (edita Enerclub). En ese documento, concretamente en la página 39, el exministro de Industria y Energía dice exactamente lo siguiente: "Es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España. La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de los razonablemente necesarios, lo que llevó, por razones mucho más financieras que de cualquier otro tipo, a la llamada moratoria nuclear a partir de 1982. Los costes de la paralización de proyectos de construcción en curso, así como el saneamiento financiero de las empresas, recayeron sobre los consumidores durante largos años, mediante recargos pagados en el recibo de la luz". En fin, toda una burbuja atómica que le ha costado a los españoles más de 5.700 millones de euros... por nada, o sea, por cero kilovatios.
Sea como fuere
Lo cierto es que ayer, 26 de octubre, los consumidores de electricidad quedaron definitivamente liberados del pago de la llamada “moratoria nuclear”. Según los números publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "cada año, los consumidores han ido dedicando un porcentaje de la factura eléctrica a este pago, desde el 1,72% al 0,447% de los últimos tiempos". A lo largo de este año, 2015 -explica Competencia-, se han dedicado 36,9 millones de euros a la moratoria, con los que queda por fin saldada lo que la CNMC denomina "la deuda de los consumidores" (esa "deuda" queda saldada -explica la CNMC- al producirse "la amortización completa de los préstamos con los que se financió la compensación que percibieron las empresas titulares de los proyectos afectos a la moratoria nuclear, según un informe que publicó a principios de este año la CNMC"). En total -dice Competencia-, "desde que se acordó en los años 90 incluir en la factura una compensación al sector por esa medida, los usuarios han pagado un total de 5.717 millones de euros a las eléctricas y a los bancos, de los que más de 1.300 millones son intereses".
La historia de la Moratoria Nuclear, según la CNMC
La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico (Ley 40/1994), de 30 de diciembre, y el Real Decreto 2201/1995 (ambas normas fuero aprobadas por el último Gobierno Socialista de la era González) declararon la paralización de las centrales de Lemóniz, Valdecaballeros y la unidad II de Trillo y reconocieron el derecho de sus titulares a percibir una compensación por las inversiones realizadas en ellas. Esos derechos de compensación se prolongarían hasta el año 2020. En 1994 por Ley se estableció este importe de compensación: 2.273,26 M€ por Lemóniz; 2.043,77 por Valdecaballeros; y 66,21 por la unidad II de Trillo (Valor total: 4.383,24 M€). Además, el mismo Gobierno -continúa la CNMC- decidió que los ingresos para pagar por la paralización de las centrales se obtendrían través de un porcentaje de la facturación por la venta de energía eléctrica a los usuarios. En aquellos años, se estableció que ese porcentaje sería como máximo un 3,54% del total de lo recaudado por la factura eléctrica de los consumidores. El recargo en la factura se ha ido modificando, hasta ser del 0,447% en la actualidad y quedar saldada la deuda antes de tiempo. El último pago, correspondiente al 2014, fue de 67,7 millones.
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