¿Transición energética? Sí, pero controlada por el oligopolio. ¿Es eso lo que propone la nueva Ley de Cambio Climático y... Transición Energética? ¿Es eso lo que quiere evitar el Gobierno de Aragón? ¿Cabe alguna otra lectura del mensaje que ha enviado el Ejecutivo Lambán al Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera? A saber: el Gobierno central abrió a la presentación de alegaciones, hace unos días, su anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y el Gobierno de Aragón ha aprovechado esa ventana de oportunidad para presentar diversas alegaciones a ese anteproyecto. Según el Ejecutivo aragonés, sus alegaciones pretenden, grosso modo, que la Ley (1) prevea la participación de las Comunidades Autónomas en la política energética nacional -habida cuenta de que son competentes "en aspectos clave como la ordenación del territorio"- y (2) que la futurible Ley garantice "una transición energética verdaderamente justa". Hay en juego 50.000 megavatios de potencia fósil y nuclear, a los que hay que sumar -alerta el Ejecutivo Lambán- otros 20.000 hidráulicos. ¿Total? Setenta gigas.
En sus alegaciones, el Gobierno de Aragón solicita, en concreto, eliminar el artículo 23 y la Disposición Final cuarta del anteproyecto ley, extremos ambos que (mediante una orden ministerial y convenio de transición justa con el propietario de una térmica o termonuclear, incluso sin participación de la Comunidad Autónoma afectada) permiten que el titular de la central obsoleta cierre su instalación reservándose la capacidad de evacuación, que no se revertiría a la red, en perjuicio de otros operadores. Según el Gobierno de Aragón, "de esta forma se promueven los beneficios económicos de esas entidades, en perjuicio de otras, y la falta de igualdad de condiciones entre operadores, quebrando las exigencias de competencia del actual marco regulatorio y vulnerando la normativa europea en la materia".
Cincuenta mil megavatios de potencia sucia (50.000 MW), más otros 20.000 megas de hidráulica
Según el Ejecutivo regional, "esto podría afectar a 50.000 megavatios de centrales térmicas y termoeléctricas que sus titulares podrían sustituir, sin competencia, por centrales de fuentes renovables". Además -continúa el Gobierno de Aragón-, algo similar se prevé para las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones de agua queden extinguidas, garantizándose a sus titulares acceso preferente a nuevas concesiones. Esto afectaría a un total de 20.000 MW, que incluirían 45 centrales hidroeléctricas a las que les caduca la concesión en los próximos diez años. En Aragón hay 1.101 MW en central de carbón, 1.863 MW en ciclos combinados y 1.557 MW en centrales hidroeléctricas.
El Gobierno de Aragón ha solicitado sustituir el artículo 23 y la Disposición Final cuarta del anteproyecto ley "por criterios de transición justa que, en el ámbito de la libre competencia, favorezcan el desarrollo y vertebración territorial, incorporando valor añadido al territorio que tiene los recursos y sufre el cierre de centrales térmicas convencionales".
Plan específico para impulsar las renovables en los sistemas de regadío
Entre las peticiones del Gobierno de Aragón figura también la inclusión en el Objeto del Anteproyecto de Ley de una referencia explícita a la estrategia de adaptación al cambio climático, y que se tenga en cuenta el equilibrio territorial en relación con los beneficios fiscales relacionados con los combustibles. Además, se solicita la inclusión de un plan específico para impulsar las renovables en los sistemas de regadío y un plan de mejora de la eficiencia en la fertilización agraria y la reutilización de los estiércoles, en consonancia con el Decreto de Purines impulsado por el Gobierno de Aragón.
El Ejecutivo aragonés advierte contra los privilegios
«Del artículo 23 del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se desprende que las Comunidades Autónomas pueden no formar parte de los denominados Convenios de Transición Justa e incluso ser obviadas a la hora de concretar su contenido y objetivos, y no requiere expresamente una indispensable coordinación con las Estrategias que se pudiesen aprobar a nivel autonómico.
El Gobierno de Aragón defiende que la transición energética debe realizarse de forma planificada, solidaria, equitativa y respetuosa con los derechos y la dignidad de las personas y los territorios. Asimismo, apuesta por que la actividad de generación mediante fuentes renovables no quede reservada a las actuales propietarias de las actuales propietarias de las centrales térmicas y termonucleares españolas».
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[Foto: central térmica de Andorra, en Teruel].
