Lo avisaron los ecologistas. Llamarla Comisión para la Reconstrucción Social y Económica es un error, titulábamos allá por el mes de mayo, no más constituida la Comisión. Lo hacíamos de la mano de un comunicado que difundían entonces las cinco organizaciones ecologistas más importantes de España: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. El Congreso de los Diputados -venían a plantear en su nota- se ha equivocado denominando a la comisión que debe redactar la hoja de ruta de la salida de la Crisis Covid como "Comisión para la Reconstrucción Social y Económica". ¿Y lo ambiental?, se preguntaban entonces los ecologistas. ¿Dónde queda lo ambiental? ¿Dónde, cuando, además, se da la circunstancia de que cada vez son más las evidencias científicas, y cada vez más sólidas, de que la crisis del Covid-19 no es más que la punta del iceberg de la crisis climática? (Sobre el particular, por cierto, léase Una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada 4 meses).
La historia es la siguiente: la Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica fue aprobada por la Mesa del Congreso el 28 de abril a propuesta de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, y constituida el 7 de mayo, día en que Patxi López fue proclamado presidente de la misma. Según el Congreso, el objeto de la Comisión es la "recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción social y económica" que ha de seguir a la crisis del Covid-19. Pues bien, tras casi dos meses de trabajo, sesiones, negociaciones y acuerdos, con la comparecencia de más de 40 expertos procedentes de organizaciones y entidades diversas, y con 141 propuestas a negociar entre los representantes de los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión, y a falta de conocer el contenido exacto del documento acordado, "ya se puede avanzar -apuntan desde Ecodes- que el resultado tiene un tono verde de muy baja intensidad". (Véase aquí el Dictamen de la Comisión).
Los analistas
Eodes, el Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo (Ciecode, Fundación Salvador Soler) y la plataforma Political Watch han seguido muy de cerca la actividad de la Comisión y han realizado un análisis exhaustivo de su trabajo. Para empezar, el "estudio general de la terminología en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible" que han elaborado estas oenegés revela la "escasa presencia que la crisis climática y la transición ecológica han tenido en el trabajo de la Comisión". Los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de los que más se ha hablado (69% de los términos etiquetados) han sido el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), el 3 (Salud y Bienestar), el 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), el 10 (Reducción de las Desigualdades) y el 1 (Fin de la Pobreza). De ellos -apuntan los analistas-, solo el 8 tiene algún "mínimo matiz ambiental".
Los autores del estudio han sumado a esos ODSs otros Objetivos no verdes (el ODS 4, Educación de Calidad; el 5, Igualdad de Género; y el 17, Alianzas para lograr los Objetivos). Con ellos, "alcanzan el 86,3% del volumen del discurso sin atisbo de perspectiva ambiental".
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible "puramente ambientales" son el 13 (Acción por el Clima), el 7 (Energía Asequible y No Contaminante), el 12 (Producción y Consumo Responsables), el 14 (Vida Submarina), el 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) y el 6 (Agua Limpia y Saneamiento). Pues bien, según Ecodes, todos ellos apenas suman el 4,1% del total. Si se añaden algunas cuestiones de otros ODS como el 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), el 9 (Innovación, Industria e Infraestructura) y el 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), la cifra -explican los autores del informe- rondaría el 20%. Así, las oenegés Ecodes, Ciecode y Political Watch señalan, preocupadas, que "las principales menciones a asuntos ambientales tienen que ver con Cambio Climático, quedando atrás las referencias a la Transición Ecológica y, más aún, a la Transición Justa”, y alertan: "en general, se puede afirmar que el conjunto del documento, que aún puede ser modificado hasta su votación en Pleno el próximo 20 de julio, carece de las concreciones necesarias para poner en marcha la transición ecológica".
Los autores del informe denuncian sin paliativos que "no hay congruencia entre (1) la afirmación general de que estamos ante una gravísima crisis mundial y (2) la inconcreción de las medidas propuestas. Si la crisis es como todo el mundo dice y como reflejan las cifras del paro -destacan-, lo que corresponde es la adopción de objetivos concretos en fechas concretas, a corto plazo y que estén alineados, como están haciendo otros países europeos, con la construcción de una economía neutra en carbono y circular". Y no es por ahí por donde va el documento que ha de votarse el próximo 20 de julio, según Ecodes. Ese documento -insisten desde estas organizaciones no gubernamentales- remite a elaboración 31 planes, 11 estrategias y 4 leyes, pero "se conforma con constatar que existe un desafío ambiental y situar al sector energético como casi el único punto en el que hacer dicha transición, obviando la necesaria transversalidad de un reto como el que se tiene por delante y sin concreción alguna a cómo hacerlo".
Análisis Fundación Ecología y Desarrollo/Ciecode/Political Watch
«Su abordaje se ha centrado fundamentalmente en el sector de la energía, sin apenas menciones a otros asuntos relacionados con la economía y su estrecho vínculo con la biosfera, tanto en lo referente a los perjuicios causados por un modelo insostenible, como en las posibilidades que hoy la transición ecológica plantea para la creación de empleo, mucho más allá del sector energético. Por otro lado, llama poderosamente la atención que apenas haya menciones a los desafíos ambientales en el grupo de trabajo de salud, y tan sólo en una ocasión aparece en los registros la vinculación entre salud y medio ambiente, en este caso, en relación con el transporte público»
Por último, Ecodes mira a los dineros
"A diferencia de lo que está ocurriendo en otros países -explican desde esta Fundación-, y en un momento en el que se anuncian cuantiosas inyecciones de dinero público procedentes tanto de las arcas españolas como europeas, [en el documento en el que trabaja la Comisión] ni siquiera se plantean condicionalidades de equidad social y sostenibilidad ambiental. Lejos de convertir esta crisis en una oportunidad para poner en marcha los cambios y transiciones pendientes, lo acordado hasta la fecha -insiste Ecodes- carece de concreción y determinación para asumir el desafío".
La Fundación aragonesa, Ciecode y Political Watch recuerdan además que "no se debe olvidar que el dinero público que ahora se va a invertir para paliar la crisis incrementará de forma clara la deuda, es decir, que estamos tomando prestados recursos de las generaciones futuras para afrontar la crisis actual. Resultaría de todo punto un acto de cinismo -concluyen- que esos recursos se emplearan en actividades que comprometieran las condiciones de vida de esas generaciones, algo que perfectamente podría pasar si las condicionalidades ambientales y sociales no forman parte del acuerdo".
Sobre el particular, léase el interesante artículo de la politóloga Cristina Monge, publicado el lunes en infolibre.es, del que extractamos este párrafo:
Dos días antes de la reunión del viernes del Grupo de Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción, y, según cuenta Europa Press, el PSOE había apoyado una propuesta de Más País-Equo que exigía a las empresas que fueran a recibir ayudas una serie de medidas. Tales condiciones eran "no repartir dividendos durante al menos dos años, no operar ni tener filiales en paraísos fiscales, cumplir el Acuerdo Climático de París, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y comprometerse con la protección de la biodiversidad". La enmienda fue aprobada con el apoyo de PSOE y UP, pero 48 horas después, el viernes, un nuevo pacto, esta vez con Ciudadanos, borró del mapa dichas condiciones y limitó las ayudas a aquellos "sectores relevantes más afectados por la crisis".
Artículo Conducir la recuperación o dejarse atropellar, de Cristina Monge, directora de conversaciones de Ecodes y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza. Publicado el 6 de julio en infolibre.es
Sobre la Comisión
El pasado 6 de mayo fue constituida la Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica en una sesión en la que Patxi López fue proclamado presidente. La Comisión está integrada por 46 diputados: 13 del Grupo Parlamentario (GP) Socialista; 9 del GP Popular; 5 del GP Vox; 4 del GP Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; uno del GP Republicano; 4 del GP Plural; uno del GP Ciudadanos; uno del GP Vasco (EAJ-PNV); uno del GP Euskal Herria Bildu y 7 del GP Mixto. El objeto de la Comisión es "la recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción social y económica, como consecuencia de la crisis del Covid-19".
La Comisión trabajará sobre cuatro grandes aspectos: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea. El plan de trabajo se acordará y aprobará en el seno de dicha Comisión, y tendrá una duración de dos meses, plazo que podrá ser prorrogado por la Mesa, oída la Junta de Portavoces. Una vez finalizadas sus sesiones, la Comisión emitirá un dictamen que se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos. La Comisión está presidida por el socialista Patxi López.
• Constituida la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social
Artículos relacionados
• Llamarla Comisión para la Reconstrucción Social y Económica es un error
