"La reforma se plantea de manera que permita: (1) mejorar las señales de precios a los consumidores, (2) ser compatible con la sostenibilidad económica y financiera del sistema energético y (3) no suponer ni una pérdida de recaudación para las Administraciones Públicas ni un incremento de la presión fiscal". Tres son los "principios básicos para la reforma fiscal energético ambiental eficiente" que proponen los 14 sabios de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética.
En primer lugar, "la sustitución de los actuales impuestos que gravan la energía por impuestos que internalicen daños ambientales asociados a la generación y consumo de energía" (algo que afectará presumiblemente -se entiende- tanto a los combustibles fósiles como a la nuclear). En este sentido, los expertos plantean dos nuevos impuestos "que graven tanto las emisiones de CO2 como los daños de otras emisiones contaminantes (SO2, NOx y partículas), que recaerían sobre las instalaciones de generación de electricidad emisoras" (centrales térmicas de carbón y de ciclo combinado de gas natural), "así como sobre los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo".
En segundo lugar, los autores de «Análisis y propuestas para la descarbonización» apuestan por "la modificación de la actual financiación de las energías renovables". Ahora mismo -dicen-, la mayor parte del esfuerzo de financiación de las energías renovables corre a cargo del consumidor de electricidad. Pues bien, los expertos de la Comisión impulsada por el Gobierno proponen "modificar la actual financiación de las energías renovables por un recargo para todas las energías formado por dos componentes:
- un primer componente "que reflejaría el sobrecoste de las instalaciones renovables más eficientes". Los expertos matizan: "dado que los resultados de las últimas subastas celebradas indican que los sobrecostes de inversión en energías renovables son nulos a los precios de mercado actuales, el primer componente del recargo también será cero en el momento actual".
- un segundo componente complementario del anterior, "que reflejaría el sobrecoste de las centrales instaladas en el pasado a un coste superior al actual". Este componente -proponen- debería ir financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; "sin embargo, si las restricciones de la Hacienda Pública no lo permiten, existiría la opción de financiar este coste mediante un recargo a todas las fuentes de energía final".
En tercer lugar -proponen los autores-, cada subproducto energético ha de financiar sus propias infraestructuras. En el caso de la electricidad y del gas, los consumidores financian las correspondientes infraestructuras. Sin embargo, en el caso de las infraestructuras viarias, "lograr este fin haría necesario crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo". Asimismo -dice el Resumen Ejecutivo-, hay que tener en cuenta que las infraestructuras presentan externalidades económicas y pueden ser también elementos importantes de equidad interterritorial: "esto puede justificar que una parte de las infraestructuras (tanto viarias como eléctricas y gasistas) se financien desde los Presupuestos Generales del Estado".
Según los autores, los principales resultados obtenidos de esa futurible reforma energético ambiental serían estos (reproducimos literalmente)
• La reforma tendría un impacto positivo sobre el medio ambiente, pues se reducen las emisiones de CO2 (principal gas de efecto invernadero), NOx (principal causa de contaminación de las grandes ciudades), SO2 y partículas. La magnitud del impacto medioambiental está en relación con los tipos impositivos aplicados.
• Con carácter general se abarata la factura de la electricidad, pero subirían por el contrario las del gas natural, gasolinas, gasóleos (especialmente), butano y el resto de productos derivados del petróleo. El impacto favorable en la factura eléctrica se produce por la disminución de los peajes de acceso. No obstante, el precio del mercado mayorista se incrementa como consecuencia fundamentalmente del impuesto a las emisiones de CO2. Esta circunstancia podría generar beneficios sobrevenidos para instalaciones ya existentes de producción de electricidad libre de emisiones, que aconsejen ajustes en su fiscalidad en beneficio de los objetivos de la política energética.
• Se produce un incremento de los precios del resto de combustibles (gas natural y todos los productos derivados del petróleo), que se debe esencialmente al recargo que soportarían para financiar las energías renovables, así como a los nuevos impuestos medioambientales planteados.
• Los resultados sobre el conjunto de la economía sugieren (con las cautelas habituales en este tipo de modelos) que la reforma propuesta tiene un impacto positivo sobre las exportaciones, el PIB y el empleo. El modelo macroeconómico indica que, como consecuencia del crecimiento de la actividad económica, la Hacienda Pública incrementaría su recaudación de IRPF e IVA. Sin embargo, se ha considerado que esta mayor recaudación se ve neutralizada a través de su devolución a todos los hogares por parte del Tesoro.
• El impacto sobre las empresas de la variación de los precios energéticos presenta gran variabilidad, pudiendo resultar positivo o negativo dependiendo de si se trata de un sector objeto de compensaciones o no, así como del peso relativo que tengan los diferentes productos energéticos en su gasto energético total. En este sentido, las compensaciones a las industrias sometidas a competencia internacional podrían incentivar el crecimiento económico a través de las exportaciones.
• En el caso de los hogares, si bien el impacto directo del incremento de los precios energéticos supondría de media un mayor gasto cuyo peso relativo en el total de gasto sería mayor en aquellos hogares con unos ingresos menores, de materializarse el escenario contemplado en el modelo macroeconómico se produciría un incremento de la renta media de los hogares que compensaría ese efecto, de modo que el impacto neto de la simulación global es progresivo.
• Por último, cabe señalar que la sustitución de los actuales impuestos especiales por otros impuestos que graven estrictamente el daño ambiental de las emisiones contaminantes puede entrañar cierta complejidad y llevar un cierto tiempo. Por ello, en una simulación específica, se plantea un escenario menos ambicioso con una propuesta de modificación de la financiación de las energías renovables sin abordar la reforma fiscal completa, lo que permitiría un ajuste más suave de los precios relativos.
En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, dice la Comisión, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia “ya que la mayor penetración de renovables en nuestro país, permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España”, según explica el experto Jorge Sanz, presidente de la Comisión.
El documento ha sido aprobado por 11 votos a favor y 3 abstenciones (Jorge Aragón Medina, Cristóbal José Gallego Castillo y Josep Salas i Prat). La Comisión de Expertos está formada por catorce miembros, cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). La composición de este grupo de expertos es la siguiente: Luis Atienza, Cristóbal Gallego, Pedro Linares, Josep Sala y Prat, Txetxu Sáenz de Ormijana, Guillermo Ulacia, Jorge Aragón, Javier Arana, José Luis de la Fuente, Miguel Duvison, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Jorge Sanz y Diego Rodríguez.
Informe «Análisis y propuestas para la descarbonización» de la Comisión de Expertos de Transición Energética
Quién es quién
La Comisión de Expertos está formada por catorce miembros: cuatro de ellos han sido designados por el Gobierno; uno, por cada grupo parlamentario (hay siete grupos parlamentarios); y tres, por ciertos agentes sociales, en concreto, los sindicatos mayoritarios -UGT y Comisiones Obreras- y la patronal, CEOE.
La composición del grupo fue en su momento objeto de numerosas críticas. El PSOE dijo de la Comisión que "no es un grupo de expertos independientes, sino un grupo de representantes de agentes sociales y políticos", mientras que ciertos agentes sociales -asociaciones de consumidores y organizaciones ecologistas- lamentaban su exclusión de la Comisión. También fueron, han sido y son muy sonoras las protestas que ha elevado el movimiento feminista, que ha afeado al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales seleccionados (la Confederación Española de Organizaciones Empresariales -CEOE- y los sindicatos) que no hayan elegido ni una sola mujer a la hora de formar esa Comisión.
La Comisión de Expertos, en todo caso, ha quedado integrada del siguiente modo: Luis Atienza (ex presidente de Red Eléctrica de España, seleccionado por el PSOE), Cristóbal Gallego (miembro del Observatorio Crítico de la Energía, elegido por Podemos), Pedro Linares (investigador de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, a propuesta de Ciudadanos), Josep Sala y Prat (empresario del sector renovable, elegido por Esquerra Republicana de Catalunya); Txetxu Sáenz de Ormijana (director de Estudios y Planificación del Ente Vasco de la Energía, vinculado al Partido Nacionalista Vasco), el expresidente de Carbunión Óscar Lapastora (vinculado a Foro Asturias) y Diego Rodríguez (Partido Popular).
Los cuatro integrantes de la Comisión que ha elegido el Gobierno han sido Jorge Sanz, Francisco Javier Arana, que ha sido subdirector General de Energía Nuclear con Mariano Rajoy; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de Alberto Nadal cuando este era secretario de Estado de Energía; y el director de operaciones de Red Eléctrica de España, Miguel Duvison. Cierran el grupo el economista Jorge Aragón Medina, director de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo y miembro del Consejo Económico y Social (Comisiones Obreras); José Luis de la Fuente O'Connor, responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola (integrante de la Comisión a instancias de UGT); y Guillermo Ulacia (CEOE).
El informe ha recibido 11 votos a favor y 3 abstenciones, las de Jorge Aragón (vocal de la Comisión, integrante de la misma a instancias de Comisiones Obreras), Josep Salas i Prats (vocal, a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya) y Cristóbal José Gallego Castillo (miembro del Observatorio Crítico de la Energía, OCE, y vocal de la Comisión a propuesta de Podemos).
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