Foro Nuclear, la patronal del sector, ha difundido hoy un comunicado -aviso para navegantes y/o parlamentarios- en el que pide que este proyecto de Ley no se aplique sobre la energía nuclear (el recorte de ingresos también afectaría a la gran hidráulica y a algunas otras instalaciones). El titular que ha elegido el Foro para su nota no puede ser más explícito: "Cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados". Sin circunloquios. La patronal nuclear reconoce en todo caso que, si entrara en vigor la ley tal cual está ahora mismo escrita, podría cobrar a razón de sesenta euros el megavatio hora y continuar operando (ahora mismo el precio que está arrojando el mercado mayorista supera los 170 euros el megavatio hora, por lo que la nuclear estaría obteniendo un beneficio del 200%).
Foro Nuclear: «en el caso de que este proyecto de Ley se aprobase y entrase en vigor, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas»
Según la patronal del sector, que ya había planteado hace unos días ese precio mínimo para su producción (57-60 euros), las centrales nucleares estarían abocadas al cierre si se aprueba la nueva norma (y no se asegura ese mínimo) debido a la suma de tres factores:
(1) la actual presión fiscal que soporta el parque atómico español ("excesiva", dice Foro);
(2) el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (Foro estima que la presión fiscal y este nuevo impacto unidos pueden superar los treinta euros por megavatio hora); y
(3) los 3.000 millones de euros que el sector dice prevé invertir de aquí al cese de la operación del parque nuclear en 2035 "en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero".
Todo ello sumado -sostiene la patronal- conduciría al parque nuclear español "a su inviabilidad económico-financiera y le abocaría al cese anticipado de la actividad".
Por otro lado, Foro echa mano de una argucia legal para intentar escapar al impacto de la futurible ley. "El proyecto de Ley tiene como finalidad -dice Foro- minorar el precio del CO2 de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO2". Pues bien -esgrime la patronal-, las centrales nucleares españolas, todas las cuales operan desde el siglo pasado, funcionan "con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Y las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha".
Por tanto -concluyen Iberdrola y compañía-, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional y, "de haber estado en vigor este proyecto de Ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales".
Ignacio Araluce, presidente de Foro de la Industria Nuclear Española: “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista. Impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 millones de toneladas al año”.
Sobre el dividendo del carbono o los beneficios caídos del cielo
Un cambio regulatorio de 2005 (la creación del mercado de emisiones) propició que la gran hidráulica (que no emite CO2) y las centrales nucleares (que tampoco) comenzaran a obtener unos beneficios "no trabajados". Porque ni gran hidráulica ni nuclear habían mejorado sus procesos productivos, ni habían ganado eficiencia, ni nada que se le pareciera. Simplemente empezaron a obtener esos beneficios porque el legislador cambió ciertas reglas del juego. Les llamaron "beneficios caídos del cielo". El Gobierno estima que esos beneficios ascienden a 1.000 millones de euros y ha decidido que va a cortar el grifo.
Cuando el legislador cambia las normas del juego y alguien sale perjudicado, ese alguien protesta y, si tiene peso suficiente, exige y obtiene una compensación por ese perjuicio. Sucedió con los Costes de Transición a la Competencia. La historia es, muy resumidamente, tal y como sigue. El gobierno del Partido Popular (presidía la nación entonces José María Aznar) liberalizó el mercado eléctrico en 1997 (Ley del Sector Eléctrico 54/1997, de 27 de noviembre). Las grandes eléctricas (asociadas en Unesa) reclamaron entonces una indemnización -los Costes de Transición a la Competencia (CTCs)- porque sostenían que habían hecho unos cálculos y unas inversiones a la luz de un marco distinto -mercado no liberalizado- y que, en el nuevo marco -mercado liberalizado- el precio de la electricidad bajaría de la mano de la presumible mayor competencia que introducía esa nueva norma y no podrían amortizar sus inversiones tal y como habían previsto dado el marco anterior. El gobierno de Aznar atendió entonces esa reclamación, y aunque no estaba obligado jurídicamente a ello, estableció una indemnización -CTCs- por valor de casi 12.000 millones de euros (cantidad luego ajustada a 8.663 M€, como máximo).
Con el mercado de emisiones ha pasado exactamente lo contrario. Los mismos actores -los propietarios de hidroeléctricas y nucleares (Endesa, Iberdrola y compañía)-, actores que sí se quejaron cuando la nueva Ley del 97 cambiaba las reglas del juego (algo que presumiblemente iba a perjudicarles), actores en fin que se quejaron entonces y obtuvieron una muy pingüe compensación/indemnización (Costes de Transición a la Competencia), pues esos mismos actores no se han quejado ahora. No se han quejado del cambio regulatorio de 2005 y llevan 16 años sin quejarse. Porque ese otro cambio regulatorio (el del mercado de emisiones)... les ha ido para bien, les ha propiciado los denominados" beneficios caídos del cielo".
Pues bien, ahora, el Gobierno ha decidido cortar el grifo, porque el dividendo del carbono, o los "beneficios caídos del cielo", están alcanzando una desmesura obscena, ya que esos beneficios dependen del precio del CO2 y ese precio ha crecido en solo un año... un 150% (ahora está por encima de los 50 euros la tonelada). El Ejecutivo calcula que -con el CO2 a esa altura- esos beneficios ascienden a mil millones de euros. ¿Y qué va a hacer el Gobierno? Acabar con esa formidable sobre-retribución y destinar esos mil millones de euros, en un 90%, a financiar los costes regulados relativos a las energías renovables y en el 10% restante, a financiar la factura de los consumidores vulnerables severos.
Fundado en 1962, el Foro de la Industria Nuclear Española (Foro Nuclear) se define como una asociación en la que hay compañías eléctricas, centrales nucleares, empresas de ingeniería, de servicios, suministradores de sistemas y grandes componentes nucleares, así como asociaciones sectoriales, fundaciones y universidades: "representamos -dice- los intereses de la industria nuclear española y apoyamos a nuestros socios en la consecución de sus objetivos comerciales y empresariales". Endesa, Iberdrola y Naturgy, que son las propietarias de todas las centrales nucleares españolas, son socias del Foro Nuclear. Según la patronal, el sector mantiene actualmente 27.500 puestos de empleo (directos, indirectos e inducidos).
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