El Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) inició la legislatura con la Declaración de la Emergencia Climática y Ambiental "para situar la agenda climática y ambiental en el centro de la acción de Gobierno". En esa declaración, el Ejecutivo adquiría el compromiso de (1) llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, (2) definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, (3) aprobar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, (4) impulsar la transformación de nuestro modelo industrial a través de Convenios de Transición Justa y (5) reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. "Todos ellos -destaca el Ministerio- se han cumplido en este primer año de legislatura, a excepción de la Asamblea Ciudadana, que se ha tenido que posponer por la pandemia sanitaria".
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, una auténtica hoja de ruta de la política energética y climática para la próxima década, ha sido aprobado y fue remitido a Bruselas a finales del pasado mes de marzo.
En mayo, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el proyecto de Ley de Cambio Climático de Transición Energética.
Según consta en el balance que hace el Ministerio de su actividad, "estas referencias posicionan a España y nos permiten oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de atracción de inversiones".
Segundo plan de adaptación al cambio climático
En septiembre se aprobó el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo último es "construir un país más resiliente a los impactos del cambio climático, anticipar y minimizar daños y promover medidas de adaptación", mientras que en noviembre la aprobación de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo ratificaba el compromiso de España con la neutralidad climática no más tarde de 2050.
Las políticas de cohesión social para una transición justa también han ocupado al Gobierno en este su primer año de legislatura. Y especialmente las relativas a las fuentes sucias de energía. En ese sentido, el Ministerio considera que la creación de un Instituto para la Transición Justa (ITJ), junto a la aprobación de la Estrategia de Transición Justa, "han resultado claves para impulsar la reactivación de comarcas mineras y adaptar los territorios afectados a las nuevas realidades derivadas de los procesos de transformación y cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares".
Entre los principales acuerdos alcanzados en esta materia, se ha firmado con sindicatos y empresas eléctricas el Acuerdo para la Transición Justa en las centrales térmicas.
La puesta en marcha y el trabajo realizado a través de cuatro comisiones de seguimiento han permitido dar cumplimiento al Acuerdo Marco de Minería y adjudicar más de 110 millones de euros para 99 proyectos destinados a la reactivación de los municipios mineros. El ITJ también ha lanzado los procesos participativos para 11 convenios de transición justa, 10 afectados por cierres de minas y centrales de carbón y el primer protocolo para un convenio de transición justa en una zona afectada por el cierre de una central nuclear.
Economía circular
Para impulsar una economía circular, mejorar la gestión de residuos en España y luchar contra la contaminación, el Ministerio ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030), "que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo que mejore la eficiencia en el empleo de recursos, refuerce la competitividad de la economía española y favorezca la creación de empleo".
Además, inició su tramitación el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que abordará una revisión integral de la gestión de residuos y limitará el uso de plásticos de un solo uso.
Lucha contra la pobreza energética
Como consecuencia de la pandemia de la Covid19, durante el primer estado de alarma declarado el pasado mes de marzo, el Gobierno prohibió el corte de suministros a todos los consumidores, medida que se aplicó hasta el 30 de septiembre, y se adoptaron medidas en el ámbito energético dirigidas a empresas, pymes y trabajadores autónomos.
Además, desde el pasado 1 de octubre está en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables que permite acelerar y anticipar el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis. En el actual estado de alarma, el Gobierno "ha ampliado la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas natural y agua a todos los consumidores vulnerables".
Además, el Miteco asegura que continúa desarrollando "medidas para dar una respuesta integral que identifique y responda a las causas estructurales que originan la pobreza energética, en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, aprobada en 2018".
Y más allá de la energía... el medio ambiente
La aprobación de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas -explican desde el Ministerio- permitirá consolidar una red de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas totalmente funcionales y conectadas en España en 2050.
Otra línea de acción prioritaria es la protección de espacios emblemáticos, que deben ser restaurados y recuperados, como el Mar Menor o el Delta del Ebro. En ese sentido, se ha aprobado una Hoja de Ruta del Mar Menor que actualmente está en desarrollo. En el marco de esa Hoja de Ruta, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura ha declarado el Acuífero de campo de Cartagena en riesgo químico estableciendo medidas cautelares. La Confederación también ha incrementado la vigilancia e inspección, iniciando numerosos expedientes sancionadores en el Mar Menor por uso privativo de aguas sin autorización y desalobradoras.
En diciembre se aprobó la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución de obras de seguridad minera y clausura en la instalación de residuos mineros abandonada denominada “El Lirio", que ocupa un cauce vertiente a la laguna salada.
En colaboración con las Comunidades Autónomas, entre ella Murcia, el Ministerio ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre la nacra, especie declarada en “situación crítica” para definir las principales medidas para reducir el riesgo de extinción de la especie.
En el Delta del Ebro, se está ultimando un plan para su protección que incluye la parte de gestión de sedimentos y que se aprobará en los próximos meses.
Se han adoptado documentos guía para evaluar el estado de las aguas y se ha puesto a disposición pública el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) instrumento de gobernanza que despliega un conjunto de propuestas con las que revisar las estrategias de intervención para el impulso de medidas de
saneamiento, depuración y reutilización de las aguas.
Están en marcha, en las 25 demarcaciones hidrográficas españolas, los trabajos de preparación de los planes hidrológicos de tercer ciclo de la Directiva Marco del Agua (2021-2027). Antes de finales de 2021 estos planes sustituirán a los de segundo ciclo, actualmente vigentes para el periodo 2015-2021.
Se está avanzando en la ampliación de la red de espacios protegidos con la incorporación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y se ha puesto en marcha el Plan especial de control y vigilancia del uso del agua en la zona de influencia del Parque de las Tablas de Daimiel.
Se han dado asimismo los pasos necesarios para que en 2021 puedan aprobarse los planes de ordenación del espacio marítimo, y los programas de medidas de segundo ciclo de las estrategias marinas. Ambos procesos requieren de un alto nivel de participación, destacando en estos últimos meses las reuniones con las Comunidades Autónomas costeras y el foro principal de coordinación con los distintos departamentos ministeriales con competencias en el mar: la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas.
Reto demográfico
En materia de reto demográfico, la secretaría general para el Reto Demográfico está ultimando, junto a las comunidades autónomas, la aprobación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que tiene el fin de "abordar la lucha contra la despoblación y avanzar en una España inclusiva y cohesionada social y territorialmente".
El Ministerio también destaca la aprobación en este ejercicio 2020 que hoy concluye de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, que pone de relieve la importancia del reto demográfico en la frontera con Portugal, donde ya se han identificado acciones prioritarias.
Esta es la síntesis del balance que hace el propio Ministerio
«El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha alcanzado un importante grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la ciudadanía desde la investidura y a lo largo de la legislatura. A pesar de las dificultades de 2020, el Ministerio ha acelerado sus esfuerzos para implementar una agenda transversal y ecológica, impulsando la transformación de nuestro modelo de desarrollo»
«En línea con Europa, la agenda verde ha ganado peso en toda la acción de gobierno durante este año de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico»
«Los compromisos cumplidos permitirán construir una economía descarbonizada, más moderna, justa, inclusiva, competitiva y resiliente y así aprovechar las oportunidades que ofrece el Plan de Recuperación»
