La posición del Gobierno de España era conocida. Ya a mediados de noviembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó un comunicado de urgencia, "a la vista de algunas informaciones erróneas", en el que destacaba dos extremos: (1) "somos firmes defensores de la taxonomía verde como instrumento clave para contar con referencias comunes que puedan ser usadas por los inversores"; y (2) "no respaldamos la petición de algunos estados miembro de incluir el gas natural o la nuclear en dicha lista [la Taxonomía de la UE], con independencia de la posibilidad de que se puedan seguir acometiendo inversiones en una u otra". En aquel comunicado de urgencia, el Gobierno de España dejaba ya clara su "posición oficial". La recogimos entonces, en esta información, y la extractamos a continuación.
• La Taxonomía europea es la pieza clave de la estrategia de finanzas sostenibles de la Unión Europea. La financiación sostenible es crucial para el Pacto Verde. Sin financiación sostenible, no seremos capaces de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
• Con los requisitos obligatorios para empresas, financieros e inversores en Europa (la regulación taxonómica), la Taxonomía influirá en los movimientos de los capitales privados.
El propósito de la Taxonomía es guiar a las compañías en sus planes de transición ambiental y climática, mediante la identificación de actividades económicas amables (friendly) climática y ambientalmente.
La Taxonomía está llamada a servir como brújula para inversores y financieros en tanto en cuanto son informados acerca de la cuota verde de las compañías en las que invierten o financian, y sobre los productos financieros que compran o crean.
Por fin, debe ayudar a alcanzar los fondos necesarios para invertir en tanto en cuanto se dirigen a donde son más necesarios.
• Pero, en aras de materializar sus propósitos, la Taxonomía tiene que ser creíble, usable, y así mismo basada en las evidencias científicas.
• La regla clave de la Taxonomía es que para que una actividad económica dada sea sostenible (para su inclusión en la Taxonomía), debe contribuir sustancialmente (substantial contribution: contribución sustancial) a un objetivo ambiental, como es la mitigación de los impactos del cambio climático, sin daño significativo (No causar daño significativo: Do not significant harm) a los otros cinco objetivos ambientales. Contribución sustancial y No causar daño significativo han sido establecidos como criterios específicos que reflejan el nivel de desempeño ambiental necesario.
La carta
Ahora, los Gobiernos de España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo han anunciado que defenderán en el Consejo informal de Amiens, que reúne estos días a casi medio centenar de ministros de Energía y Medio Ambiente de la UE, una "posición común" en la que cuestionan la propuesta de la Comisión Europea de incorporar gas y nuclear en la Taxonomía. Esta es la carta -la que a continuación extractamos- que han firmado los cuatro gobiernos y que han enviado al vicepresidente ejecutivo del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans; al vicepresidente ejecutivo para una Economía que Trabaje para la Gente, Valdis Dombrovskis; a la comisaria europea de Energía, Kadri Simson; a la comisaria para los Servicios Financieros, la Estabilidad Financiera y los Mercados de Capitales de la Unión, Mairead McGuinness; y al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesquerías, Virginijus Sinkevičius.
«Esta carta quiere atraer su atención sobre la profunda preocupación [que suscita en nuestros Gobiernos] el borrador del Acta Complementaria Delegada publicado por la Comisión Europea por el que se modifica el reglamento delegado en lo que respecta a las actividades económicas en determinados sectores de la energía.
La Taxonomía Europea ha sido ya la inspiración para las taxonomías verdes en más de quince países de todo el mundo y es una referencia para todos aquellos inversores y financieros que han comenzado a descarbonizar sus carteras.
Nosotros, los abajo firmantes, ya hemos defendido una Taxonomía basada en las evidencias científicas, operativa y creíble. Hoy su utilidad y credibilidad están en juego. Vemos el nuevo borrador problemático tanto desde un punto de vista político como técnico, y observamos que transita más allá de los principios de la Regulación de la Taxonomía. La propuesta de la Comisión pone en riesgo la transición energética en la Unión Europea, y también a escala global, y pone en peligro también la Taxonomía misma clasificando al gas y a la nuclear como sostenibles, reconociéndolas de facto el mismo tratamiento que a tecnologías incuestionablemente verdes como la eólica y la solar.
Consideramos que el borrador del Acta Complementaria Delegada es un paso atrás. Este borrador envía una señal equivocada a los mercados financieros y se expone seriamente a ser rechazado por los inversores. Pone en peligro el propósito de la Taxonomía de crear un lenguaje común. Dado el largo tiempo de vida de las instalaciones nucleares y de gas, su inclusión en la Taxonomía pone sobre la mesa el peligro del bloqueo tecnológico por muchas décadas y aleja inversiones de las energías renovables.
Reiteramos que el gas natural y la energía nuclear no reúnen los requisitos legales y científicos para ser incluidos por la Regulación Taxonómica como actividades económicas sostenibles.
La propuesta [de la Comisión Europea] va contra uno de los pilares fundamentales de la Taxonomía, que es su base científica. Incluye un umbral, 270 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora en el caso del gas natural, que está por encima de las recomendaciones científicas y de instituciones y agencias como el Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) o la Agencia Internacional de la Energía.
Ese umbral está por encima de los límites fijados por otros países, como Rusia. Significa así mismo poner en tela de juicio el principio "no causar daño significativo" (do not significant harm, DNSH) establecido actualmente por el primer acto delegado de la taxonomía climática, que establece justamente el límite para DNSH en 270 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora.
Esto está en desacuerdo con la necesidad inherente que tienen los mercados financieros de considerar como verdes solo aquellos retornos generados por actividades que reúnen los criterios ahora establecidos, por oposición a aquellos que podrían o reunirían esos criterios alguna vez en el futuro.
Sin tener en cuenta el hecho de que la energía nuclear no reúne los requisitos de la Regulación Taxonómica de ninguna manera, los criterios propuestos para la energía nuclear son inconsistentes y están parcialmente basados en planes futuros. Los extremadamente elevados costes asociados a esta energía están documentados, así como el significativo impacto dañino de los residuos de alta radioactividad, incompatible con el principio "do not significant harm".
Después de más de sesenta años de uso de la energía nuclear, ni un solo elemento de combustible ha sido eliminado permanentemente en ninguna parte del mundo. No tenemos experiencia en operación de residuos de alta actividad en repositorios geológicos profundos. Para las décadas que vienen, no habrá soluciones efectivas para el almacenamiento de las grandes cantidades de residuos generados. Es inaceptable eludir el problema so pretexto de que los estados miembros demandantes tienen un plan para el depósito de residuos de alta radiactividad que podría estar en operación en 2050. Sin mencionar que accidentes graves producirían daños significativos, tal y como evidencian los casos de Chernobyl y Fukushima. Ambas propuestas plantean una clasificación y asignación de recursos ex ante que requiere una difícil y larga vigilancia ex post sin acciones claras en caso de incumplimiento.
Es importante tomar nota del apetito que están mostrando los inversores institucionales respecto de las inversiones sostenibles. En particular, desde que hay una creciente evidencia de que estas inversiones verdaderamente sostenibles pueden generar retornos que exceden los obtenidos en inversiones no sostenibles y desde que hay constancia de que son la clave para su futuro crecimiento.
Rogamos encarecidamente a la Comisión Europea que no ponga en riesgo la ruta que ha tomado para hacer de la Unión Europea el primer continente neutro en carbono y el líder del mercado financiero sostenible global.
Suyos, atentamente»
Actualmente hay en España siete reactores nucleares operativos: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). Además, hay dos centrales que están siendo desmanteladas (Zorita y Vandellós I) y una tercera, Garoña, que lleva cinco años parada. Los 7.117 megavatios de potencia nuclear que hay repartidos en esos siete reactores pertenecen a solo tres empresas: Endesa, Iberdrola y Naturgy. La nuclear generó el año pasado en España el 20,8% de la demanda eléctrica (las renovables, el 46,6%).
Iberdrola, Endesa y Naturgy controlan 15.000 de los 26.000 megavatios de gas natural que hay instalados en España.
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