Once expertos y expertas de la administración, los cuerpos de seguridad del Estado, el ámbito académico, el derecho y el mundo empresarial han participado hoy en la jornada "Soluciones para una mayor seguridad del sistema ante la defraudación de fluido eléctrico", que ha celebrado en su sede central el Club Español de la Energía (Enerclub). Una, muy concreta, ha sido la tesis primera defendida y compartida desde todas las voces: en los últimos años se ha producido un incremento del fraude. Hace solo unos meses, por ejemplo, UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, hacía público un comunicado-balance en el que reconocía que había abierto más de 12.400 "expedientes por fraude" en 2023 (prácticamente uno cada 15 minutos) en el conjunto de las regiones en las que opera. "La cifra -explicaba entonces la compañía- casi duplica la registrada en 2022". Fuentes del sector estiman que en España habría ahora mismo más de 200.000 conexiones ilegales y que el fraude podría superar los 2.000 millones de euros, pero otras no se atreven a poner números, entre otras cosas, porque "el criterio actual para estimar la cantidad de energía defraudada es muy vago".
El segundo gran consenso salido de la jornada de hoy es que hay tres tipos principales de fraude: uno -explican desde Enerclub-, el asociado al cultivo de marihuana, "que ha aumentado mucho en los últimos años" y que produce problemas sobre el suministro de energía eléctrica, que afectan a las infraestructuras; dos, el fraude industrial, "que en volumen de energía defraudada es igual que el primero"; y tres, el fraude de unidades familiares en situación de vulnerabilidad, que "es el más pequeño en volumen de energía".
Y, por fin, el tercer gran consenso se ha referido a la capacidad que tiene el fraude de la marihuana de contaminar la discusión sobre cómo tratar los otros dos. Curiosamente, también en esta jornada se ha prestado mucha más atención y se ha empleado mucho más tiempo en este fraude que en el industrial, que sin embargo tiene un impacto equivalente, como se dijo, en volumen de energía defraudada, pero que ha ocupado un lugar muy menor en el debate en comparación con el de la droga.
La primera de las dos mesas que han jalonado la jornada -Defraudación de fluido eléctrico y sus consecuencias- ha contado con media docena de participantes de primer nivel: Irene Bartol, secretaria general de la Asociación de Empresas Eléctricas, Aseme; Leonardo Hervás, director general de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, CIDE; Jesús Fernández, director de Gestión de Accesos y Clientes de la compañía eléctrica EDP; José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa; Álvaro Ryan, responsable de Regulación de I-DE (Iberdrola); y Juan José Picón, director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy.
Enerclub ha recogido las claves de cada uno de los participantes en esta mesa
Irene Bartol
La secretaria general de la Asociación de Empresas Eléctricas, Aseme, ha dicho que este es un problema que afecta a toda la sociedad y ha dejado sobre la mesa un dato sobre la medida en que repercute el fraude en la factura: "de media -ha dicho-, por cada un 1% de energía defraudada, el consumidor pagaría 440 millones de euros/año (350 millones directos y 90 dejados de ingresar en impuestos)". La demanda de energía eléctrica en 2023 en España ascendió, según Red Eléctrica, a 244.665 megavatios hora.
Leonardo Hervás
El director general de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (CIDE) ha destacado la necesidad de que, en la lucha contra el fraude eléctrico, haya coordinación entre las compañías eléctricas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hervás ha identificado tres claves de esa lucha: hacen falta más recursos, es preciso acotar los tiempos burocráticos y, por fin, es fundamental diferenciar entre los tres tipos de fraude mencionados: marihuana, industrial y del consumidor (pobreza energética).
Jesús Fernández
El director de Gestión de Accesos y Clientes de EDP ha puesto sobre la mesa otro de los datos más reveladores: "ahora, a través de los datos [recabados por los contadores inteligentes] se sabe con certeza las zonas en las que se está defraudando, con un 80% de éxito".
José Manuel Revuelta
El director general de Redes de Endesa ha incidido sobre las mafias de la marihuana, que ha definido como "colectivos organizados, donde es difícil acceder". Ha dejado otro dato relevante: según un estudio europeo, en 2022, el 81% de las incautaciones de plantas, se produjo en España.
Alvaro Ryan
El responsable de Regulación de I-DE (Iberdrola) ha denunciado la falta de desarrollo normativo y su actualización (el actual es del año 2000), lo que va en contra de dar garantías a las partes (distribuidoras y consumidores). "El criterio actual para estimar la cantidad de energía defraudada es muy vago -ha dicho-, y el precio que los defraudadores deben pagar es muy bajo, lo que incentiva estos comportamientos". Ryan ha destacado dos claves de solución: la supervisión, "y la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
Juan José Picón
El director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy ha hecho hincapié en dos aspectos: la seguridad, por una parte, y la necesidad por otra de no mezclar los tres tipos de fraude: industrial, marihuana y de colectivos vulnerables. Según Picón, que ha asegurado que un piso con producción de marihuana equivale al consumo de 100 viviendas, es absolutamente necesario que todas las administraciones -local, autonómica y central- participen en la labor de concienciación.
A continuación ha intervenido Juan José Torres, abogado del Estado en excedencia y socio de Roca Junyent, que ha ofrecido una ponencia titulada "Tratamiento penal en España y comparativa internacional". Torres -informa Enerclub- ha venido a plantear que la Administración está haciendo hoy con el fraude "lo mismo que hace un siglo: el fraude eléctrico está tipificado como delito leve. La respuesta del Código Penal es sancionadora. La multa máxima es de 7.200 euros (equivalente a la pena máxima, 12 meses de prisión)". Ello resulta, según el socio del despacho Roca Junyent, "poco disuasorio". En Europa (Portugal, Francia Alemania, Italia), este tipo de fraude se considera robo o hurto -ha añadido-, lo que conlleva "penas de prisión, por lo que es más disuasorio". Según este abogado del Estado en excedencia, esta situación "genera un efecto llamada en España".
Segunda mesa
En la segunda mesa han participado Elena Cogollo, capitana de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil; Ramón Chacón, comisario de los Mossos D’Esquadra; Carlos González, profesor asociado del Departamento de Energía Eléctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Josep María Guinart, abogado y ex consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este es el resumen ofrecido por Enerclub.
Elena Cogollo
La capitana de la Guardia Civil ha hablado de una "situación muy preocupante: en los últimos 10 años se han multiplicado por doce las plantaciones y por veinte los kilos incautados". Cogollo también ha hablado del "efecto llamada", que se produce -ha dicho- por "una legislación laxa y un alto grado de rentabilidad en la producción de marihuana, el precio de ésta en España es, como mínimo, cinco veces menor que en otros países europeos". La capitana apuesta "por una legislación con mayores penas, que disuada más".
Ramón Chacón
El comisario de los Mossos D'Esquadra ha insistido también sobre "el precio tan bajo de la marihuana en España como principal reclamo para instalarse aquí (...). Somos el principal productor de marihuana de Europa". Chacón también ha incidido en lo importante que es sensibilizar a los vecindarios sobre los riesgos que entrañan las conexiones ilegales: "es un debate social y nacional; no es sólo una cuestión de regulación".
Carlos González
El profesor del departamento de Energía Eléctrica de la Politécnica de Catalunya ha centrado su mirada sobre el que considera es el riesgo más importante que deriva de estas prácticas: la seguridad. También ha hablado sobre la calidad de suministro (los apagones) y, así mismo, sobre el impacto económico, "porque todo lo que se defrauda lo acaba pagando el contribuyente". También ha reconocido que las distribuidoras están dedicando muchos recursos a este problema, si bien ha señalado que mayores inspecciones a las infraestructuras ayudarían.
Josep María Guinart
Por fin, el abogado y exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Josep María Guitart ha defendido la implementación de "incentivos" para combatir este fenómeno, el endurecimiento de las penas, que estas distingan la producción de marihuana de otros enganches ilegales, y una "visión global del problema".
Ha clausurado la jornada José Luis García, gerente delegado del Área de Barrios del Ayuntamiento de Sevilla, que ha abogado así mismo por aumentar las penas, pero, también, por "separar el enganche ilegal de algunos consumidores vulnerables del fraude masivo de las plantaciones indoor".
Credenciales
Enerclub se define como "una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1985, que agrupa a más de 150 empresas e instituciones y más de 170 socios individuales". Entre sus objetivos, se encuentra (1) acercar la energía a la sociedad, (2) ser un punto de encuentro y foro de referencia y (3) poner en valor la importancia de la energía para la sociedad, la economía y el desarrollo sostenible. Sus principales actividades son: académicas, institucionales y de análisis. Preside el Club Español de la Energía Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, que sustituyó el pasado mes de junio en el cargo a Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado (CEO) de Iberdrola España, sucesor a su vez de María Victoria Zingoni, de Repsol (la presidencia del Club va rotando entre las grandes compañías que lo integran).
Hace años cuando no existían los contadores inteligentes de telemedida, había personal contratado por las distribuidoras para hacer las lecturas, que a la vez que hacían las lecturas revisaban los suministros por donde pasaban y así verificaban además que no había fraude, o se detectaba y corregía. Con la llegada de los contadores inteligentes, las distribuidoras se frotaron las manos y se aprovecharon para prescindir de ese personal contratado que hacía una buena labor y así dejar de pagar esos puestos de trabajo que fueron a la calle. Por todo esto, ahora que no vengan llorando tanto. Por otra parte igual que estas grandes compañías distribuidoras y comercializadoras que exigen transparencia en este tema de los fraudes, también se les debería de exigir a ellas la misma transparencia y legalidad cuando la gente quiere legalizar un autoconsumo solar eliminando todos los trámites burocráticos.
