Estos son los prolegómenos: Castor es el nombre de una plataforma ubicada sobre un almacén submarino de gas que se encuentra a unos 22 kilómetros de las costas de Castellón y Tarragona. Su historia puede resumirse así, grosso modo: encontramos en el mar una bolsa de petróleo; sacamos de allí todo el crudo posible; una vez agotado el yacimiento, aprovechamos el hueco resultante como almacén de gas (así nos evitamos el tener que construir un almacén artificial); comenzamos a inyectar el gas natural en el almacén submarino y... ahí surge el problema. Las inyecciones comienzan en abril de 2012 y, tras registrarse casi mil seísmos en las localidades costeras más próximas a la plataforma (algunos de magnitud 4 en la escala de Richter), el Ejecutivo, controlado por el Partido Popular en ese momento, ordena la paralización de las inyecciones.
Este es el contexto
Castor, además de la plataforma marítima (véase foto), cuenta con una planta de operaciones terrestre, que está unida con su hermana marina por un gasoducto de 30 kilómetros. Según el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), se trata de un proyecto liderado por tres actores: uno, político (PSOE, PP); otro, empresarial (Escal UGS) y, finalmente, un tercero, financiero (el Banco Europeo de Inversiones). El ODG estima que Castor ha supuesto, a día de hoy, "un coste aproximado de 3.420 millones de euros" (las estimaciones de la organización ecologista Greenpeace elevan esa cifra hasta los 4.400 millones de euros, que ese es "el coste que para la ciudadanía tendrá Castor", según los ecologistas). Ahora mismo, hay una veintena de personas investigadas por prevaricación ambiental. Al proyecto le dio luz verde en 2008 el Gobierno Zapatero, que concedió a Escal UGS la ejecución del mismo. Escal, que es una empresa perteneciente al Grupo ACS (que preside Florentino Pérez), lo hibernó en 2013 tras casi mil seísmos.
Esto es lo que dicen los técnicos
Estudios del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geográfico Nacional han corroborado la relación causa-efecto entre la inyección de gas en la planta marítima y los terremotos. Más aún: el Gobierno encargó hace unos meses al Instituto Tecnológico de Massachusetts un informe sobre Castor y los microseísmos. Ese informe, que fue publicado hace unos días, establece una relación directa entre los seísmos ocurridos en la zona y el almacén de gas Castor. En concreto, el informe concluye que la falla de Amposta fue sometida a estrés como consecuencia de la inyección de gas y que podrían volver a producirse movimientos sísmicos si la instalación iniciara su operación. Sin embargo -denuncia el ODG-, el gobierno del PP no solo no ha exigido a la empresa que indemnice a los afectados por los seísmos, sino que, antes al contrario, ha decidido compensarla "con una indemnización de 1.350 millones de euros abonados en menos de 40 días y en un contexto de importantes recortes sociales".
Así están las cosas hoy
A día de hoy -señala el ODG-, las instalaciones "siguen paradas y, aunque estén hibernadas, no hay de momento un calendario para su desmantelamiento; nadie se ha hecho responsable del desastre y, en cambio, la ciudadanía ha tenido que asumir una deuda que ascenderá a más de 3.400 millones de euros, y que ya se está pagando desde el 1 de enero de 2016 en nuestras facturas del gas". Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización, "a pesar de la causa abierta en el juzgado número 4 de Vinaròs, donde se están investigando delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales, no hay garantías para la población de que aquellas situaciones no se vuelvan a repetir, ni tampoco de que se señalen sus responsables principales". Y es aquí donde llega el Juicio Popular al Proyecto Castor.
Estos son los protagonistas
Tres organizaciones no gubernamentales -la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, la Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)- han impulsado esta iniciativa, que cristaliza mañana en Barcelona en el "Juicio Popular contra la estafa del proyecto Castor" (#castor). Forman parte de la acusación las tres organizaciones no gubernamentales citadas y las 50 organizaciones firmantes del Manifiesto-Acusación, en definitiva, "la sociedad civil organizada, que se ha visto afectada por los impactos sociales, medioambientales y financieros del proyecto Castor". Los acusados son, por un lado, el ministro de Energía, Álvaro Nadal y el presidente de la empresa ACS, Florentino Pérez y, por otro, el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer.
Este ha sido el modus operandi
Los acusados han sido citados por burofax y carta certificada, respectivamente. La acusación popular -informa el ODG- los considera responsables de "delitos sociales, ambientales, de corrupción y endeudamiento ilegítimo". El Tribunal Popular estará formado por Miren Etxezarreta Zubizarreta, que es profesora emérita de la misma Universidad Autónoma de Barcelona y será la presidenta del Tribunal; el exdiputado David Fernández Ramos, que es periodista; Marco Aparicio Wilhelmi, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Girona y presidente del Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Mónica Vargas, investigadora en el Transnational Institute; y David Bondia Garcia (profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universitat de Barcelona y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.
El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) ha calculado que la ciudadanía deberá pagar más de 3.420 millones de euros a lo largo de 30 años por el proyecto Castor, añadiendo intereses, mantenimiento, el coste del posible desmantelamiento y otros gastos varios. Esto representa, para los más de 7.000.000 de consumidores de gas, alrededor de 430 € por unidad familiar por el fallido proyecto Castor de Florentino Pérez. El lema elegido por los convocantes es «Juicio Popular #Castor. Nos estamos organizando». La cita es mañana, 17 de junio, a las 10.00 horas (registro a las 09.45), en el ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). El Juicio Popular será dinamizado por Natza Farré, periodista, autora del libro "Curso de feminismo para microondas", guionista de "La Competencia" de Rac1 y articulista en el diario ARA.
Estos serán los testimonios y peritajes
Intervendrán en el Juicio Popular #Castor el portavoz de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y de Aplaca (Afectados y Afectadas por la Plataforma Castor), Joan Ferrando Domènech; el portavoz de la Plataforma Ciutadana en Defensa de las Terres del Sénia, Juan Evelio Monfort Roig; el geólogo Llorenç Planagumà Guardia (experto y asesor del Centro para la Sostenibilidad Territorial, desde donde publicó el "Informe sobre el proyecto Castor de almacenamiento de gas. Sostenibilidad y afectación en el territorio"); la doctora en Derecho Aitana de la Varga Pastor, que es profesora de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental en la Universidad Rovira i Virgili y miembro del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona y de la International Union for Conservation of the Nature Academy of Environmental Law.
También intervendrán mañana el periodista Jordi Marsal y Lleberia, autor del libro "Castor, la burbuja sísmica", miembro del Grupo de Periodistas Ramon Barnils y redactor en la Agencia Catalana de Noticias (ACN); Elena Gerebizza, cofundadora de Re:Common, asociación italiana que promueve la gestión directa de la ciudadanía en el control de los recursos naturales (Gerebizza es especialista internacional en impactos generados por grandes infraestructuras energéticas en materia de derechos humanos y medio ambiente); la investigadora Mónica Guiteras Blaya, que es miembro del ODG, ha estudiado la financiación del proyecto Castor como ejemplo de generación de deuda ilegítima y de financiarización de las infraestructuras; y el también investigador del ODG Alfons Pérez López, que está centrado en el seguimiento de las políticas de seguridad energética de la Unión Europea, así como los impactos de estas en la población.
Este es el programa
09.45 - 10.00 horas
Llegada participantes y registro.
10.00 -10.25 horas
Bloque I. Introducción al Juicio Popular al Castor. Presentación de actores.
10.25 - 10.35 horas
Bloque II. Lectura de los cargos y delitos. Llamada a la parte acusada y su defensa.
10.35 - 11.55 horas
Bloque III. Exposición de testimonios y pruebas I: Delitos sociales y ambientales.
a. Delito social y psicológico. Plataforma Ciutadana en Defensa de las Terres del Sénia (PCDT).
b. Prevaricación ambiental: Llorenç Planagumà Guardia.
c. Incumplimiento legislación ambiental y del derecho a la información: Aitana de la Varga Pastor.
d. Delito ambiental e impunidad transnacionales. Testimonios del Sur global y de la APE.
11.55 - 12.20 horas
Pausa café.
12.20 - 13.35 horas
Bloque IV. Exposición de testimonios y pruebas II: Delitos de corrupción y endeudamiento ilegítimo.
a. Corrupción, entramado empresarial y connivencia de la administración: Jordi Marsal y Lleberia.
b. Financiarización e implicaciones del BEI: Elena Gerebizza.
c. Prevaricación y mala administración: Mónica Guiteras Blaya.
d. Endeudamiento ilegítimo y arquitectura de la impunidad: Alfonso Pérez López.
13.35 - 13.50 horas
Bloque V. Deliberación del Tribunal e intervenciones fila 0.
13.50 - 14.00 horas
Bloque VI. Lectura del veredicto, conclusiones y próximos pasos.
Según el Observatorio, "los juicios populares contrarrestan los efectos de la invisibilidad que caracterizan algunas violaciones de derechos humanos, y así mismo evidencian la impunidad que rodea las mismas". Este tipo de juicios -explican desde el Observatorio- tienen una larga tradición, "que se remonta al Tribunal Russell por la Guerra de Vietnam y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), creado durante los años 70 por la Fundación Lelio & Lisli Basso Issoco". El ODG explica que, "en el caso del Juicio Popular al Castor, se trata de la primera fase de una estrategia más amplia, que apunta a abrir procesos para revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que recae sobre la ciudadanía a través de la factura del gas y hacer incidencia política y mediática para exigir responsabilidades en el desastre Castor".
Manifiesto-acusación, Juicio Popular Castor. Ante la impunidad, la ciudadanía acusa
