La última subasta celebrada en España ha funcionado tal que así: el Gobierno fija un precio de partida al que el productor de energía renovable cobrará el megavatio hora que produzca durante un período determinado (pongamos 10 euros como ejemplo). Los participantes en la subasta deben rebajar ese precio: yo produciré ese megavatio hora a 9; yo lo produciré a 8; pues yo soy capaz de producirlo a 7 y seguir obteniendo una rentabilidad atractiva porque mi tecnología es más eficiente... Y, así, sucesivamente, hasta que nadie baja más. De ese modo, la electricidad será muy barata para los consumidores. Y las empresas se aseguran (adios incertidumbre) de que cobrarán su megavatio hora a un precio determinado durante un plazo establecido por el Gobierno en su subasta (en la última subasta celebrada en España se ofertaban 220 megavatios termosolares, y precio a 20 años). El problema -advirtieron entonces los actores del sector, y advierten ahora- es que el precio que fija el Gobierno es secreto. Las empresas concurren a la subasta con sobres cerrados. Cuando el Gobierno dice “comienza la subasta”, el Gobierno publica el precio –10, por ejemplo– y se abren todos los sobres. Y resultó que ninguna empresa ofertaba a menos de 10. ¿Conclusión? No se adjudicó un solo megavatio termosolar. Ni uno solo. Muchas empresas criticaron entonces ese secretismo: perdemos el tiempo preparando nuestras ofertas... y no lo hubiésemos perdido si hubiésemos sabido desde el principio cuál es ese precio. El secretismo que denunciaran los actores de la termosolar es extensible a los demás actores del sector de las energías renovables.
El informe que acaba de publicar la compañía especializada en análisis de mercado GlobalData -Europe Renewable Energy Policy Handbook 2023, Update- señala como problema ese secretismo, y así mismo identifica otros (otros de los problemas) a los que se enfrentan los promotores en su carrera por desplegar nueva potencia renovable sobre suelo europeo.
El documento revela al mismo tiempo otra tendencia que dice así mismo por dónde van las renovables en Europa a día de hoy: las últimas subastas de potencia eólica marina que han tenido lugar en el Viejo Continente sí que han atraído el interés de los promotores y (es más) han adjudicado miles de megavatios que no van a recibir ni un solo euro de subvención.
Dos tendencias aparentemente contradictorias
La eólica marina vuela ya sin subvenciones -destaca por una parte-, pero en tierra firme -advierte por otra-, varias de las últimas subastas celebradas en Europa no han adjudicado la potencia que han puesto sobre la mesa (España es buen ejemplo de ello). Los motivos de la no adjudicación de la potencia en liza son diversos, según esta compañía especializada en el análisis de mercado. A saber: los costes crecientes de las materias primas, los costes igualmente crecientes de la logística (almacenamiento, transporte, distribución), la subida de los tipos de interés y, por fin, los largos procedimientos administrativos a los que han de enfrentarse los promotores cuando tienen que tramitar las nuevas instalaciones.
Mar adentro todos y cada uno de esos retos están también presentes, por supuesto, pero en ese medio GlobalData ha identificado otra tendencia: las subastas están alumbrando cada vez más proyectos que no necesitan subsidios. Los analistas citan varios ejemplos: (1) la alemana RWE se adjudicó en diciembre de 2021 mil megavatios (1.000 MW) para su proyecto eólico marino Thor, a ejecutar en aguas danesas. (2) Otros dos proyectos han seguido a continuación esa estela (el cero subsidio) en aguas alemanas del Báltico (300 MW) y del mar del Norte (658 MW). Y (3): la última subasta cerrada en Alemania, en septiembre del 22, ha alumbrado en el mar del Norte otro parque de casi mil megas (980 MW, también de RWE) que llega también a cero: cero subsidio.
¿Motivos del cero? Los avances que el sector no cesa de hacer en sus soluciones tecnológicas -explica Attaurrahman Ojindaram Saibasan, analista de Mercado Eléctrico en GlobalData- y el convencimiento de los promotores de que los costes de generación de electricidad de esta tecnología han caído lo suficiente como para que sea perfectamente viable un parque eólico marino sin subsidios.
Tierra adentro
En el otro plato de la balanza -apuntan desde GlobalData-, están las subastas que no han sabido atraer el interés de los promotores. Los ejemplos aquí también son diversos y también aquí recorren varios países del continente. En octubre de 2021, por ejemplo, la Agencia de la Energía de Dinamarca hizo público que no había recibido ni una sola puja en la subasta tecnológicamente neutral de junio del 21. El mismo escenario se ha repetido desde entonces en varios países europeos. El caso alemán resulta paradigmático: de los 4.858 megavatios fotovoltaicos ofertados, solo 2.897 megas -precisan los analistas- han sido adjudicados.
En Italia ha sucedido lo mismo: mucha oferta y poca demanda. Del total de diez rondas de subastas de energías renovables planteadas por la Administración para la denominada Categoría A, solo la primera ha logrado el pleno (ha adjudicado toda la potencia). Entre 2019 y 2022, han sido convocadas subastas por un valor total de 7.300 megavatios, de los cuales -concreta GlobalData- solo 3.900 MW han sido adjudicados, es decir, que casi la mitad se han quedado en el aire.
España ha llegado con retraso a ese statu quo
Pero ha llegado. El Gobierno introdujo las subastas en 2021 y, al principio, el éxito fue desbordante. Y si la primera subasta ofertaba poco más de 3.000 megavatios de potencia renovable, los 84 agentes que concurrieron ofertaron por valor de 9.700 MW. Sin embargo, en 2022 ha pasado todo lo contrario. Las dos rondas abiertas por el Gobierno se han saldado con unos números paupérrimos: apenas han sido adjudicados 223 de los 3.820 MW que la Administración ha puesto sobre la mes (aquí, la lectura del sector eólico español).
En Francia el problema viene de atrás, según GlobalData. El programa de subastas francés ha tenido entre los años 2018 y 2022 un rendimiento inferior al esperado debido, según los analistas, al bajo precio máximo fijado por el Gobierno (la subasta funciona grosso modo así: el gobierno fija un precio máximo al que pagará el megavatio hora producido y los promotores tienen que rebajarlo para hacerse con la potencia subastada. En el caso francés ese precio fijado fue muy bajo y no hubo nadie que ofertase por debajo).
La tendencia en Francia se ha revertido en 2022. Hasta el punto de que allí en la última subasta solar fotovoltaica ha sucedido lo mismo que en las de España en 2021: ha habido muchos más megavatios buscando hueco que megavatios ofertados por el Gobierno, lo cual -vaticina GlobalData- es "positivo" para las subastas renovables de Francia previstas en 2023".
GlobalData concluye
Los precios máximos demasiado bajos fijados por las administraciones en las subastas han sido la "causa principal", según GlobalData, de que no haya sido adjudicada la potencia que se ofertaba. Porque los desarrolladores no se han visto capaces de generar a precios tan bajos en un marco como el presente, caracterizado por unos costes cada vez mayores en equipamiento y componentes en toda la cadena de valor. Así las cosas, los promotores afrontan ahora mismo varios desafíos simultáneamente, según los analistas: la creciente inflación, los cuellos de botella de la cadena de suministro, el precio cada vez más elevado de determinadas materias primas y los gastos así mismo cada vez mayores en lo que se refiere a la logística. Además -añaden desde GlobalData-, el mantener en secreto el precio máximo hasta el día de la subasta, como ha hecho el Gobierno español, no ha sido bien recibido por los agentes del sector.
Otro problema que está padeciendo el sector es el de las largas tramitaciones administrativas. Según Attaurrahman Ojindaram Saibasan, analista de Mercado Eléctrico en GlobalData, "los largos procedimientos burocráticos desalientan a los inversores". La directiva de Energías Renovables -añade Saibasan- exige a los estados miembros que resuelvan la concesión de permisos para proyectos eólicos greenfield (proyectos a partir de cero) en dos años, "pero esto no está sucediendo. Por ejemplo, lleva aproximadamente cinco años -precisa Saibasan- obtener un permiso para un proyecto eólico terrestre en Italia".
El analista de GlobalData tiene claro por dónde pasan las soluciones: los gobiernos europeos -señala- deben elevar los precios máximos que están ofertando, deben agilizar los procedimientos administrativos y deben apostar por los contratos por diferencias (CxD), que reducen la carga sobre los presupuestos públicos.
Para saber qué es un contrato por diferencias, véase cómo lo define la Comisión Europea
Sobre la subasta termosolar citada en este reportaje, léase la entrevista al secretario general de Protermosolar, David Trebolle, que incluimos en la página 56 de nuestra última edición. ER 220
