Acaba la tregua del lunes y el martes, jornadas que ofrecieron registros por debajo de los noventa euros el megavatio hora (90€/MWh), y volvemos a superar los cien, como ya sucediera, recurrentemente, la semana pasada. En lo que va de agosto -informa Europa Press-, el pool ha registrado ocho récords: los cinco que marcó entre el lunes y el viernes de la pasada semana, y los experimentados el lunes, martes y miércoles de la semana anterior. La cota histórica, hasta ahora, la registró el viernes 13 de agosto, con un precio medio diario de 117,29 euros/MWh. La espiral alcista de la pasada semana llevó a centrar el debate político en cómo abaratar el precio de la electricidad. De hecho, el Gobierno abrió la puerta a crear una empresa pública energética, tal y como viene desde hace tiempo pidiendo su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos.
En la factura de la luz, el precio del kilovatio hora (de la electricidad, propiamente dicha) pesa en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes (el coste de las redes de transporte y distribución) y cargos (los costes asociados al fomento de las renovables -costes que previsiblemente serán sustraídos de la factura, si se aprueba la ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico-, a las extrapeninsulares y a las anualidades del déficit de tarifa); y el resto, a impuestos.
Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (la denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre (unos 17 millones), ya que cuentan con un "precio" pactado con su compañía, precio que previsiblemente en todo caso subirá en el futuro, pues las comercializadoras acaban siempre repercutiendo las subidas del mercado mayorista a sus ofertas.
De cualquier manera, y según explican a Europa Press expertos del sector, el 88% del consumo eléctrico de España no está expuesto a la volatilidad del precio del mercado spot (diario), al tener contratos con precios fijos. En todo caso, en los clientes con contrato no PVPC (o sea, en clientes con contrato con comercializadoras del mercado libre), la repercusión de la subida del precio de la luz en el mercado mayorista llega siempre a medio plazo, por lo susodicho: las comercializadoras acaban siempre repercutiendo las subidas del mercado mayorista a sus ofertas.
La factura más cara de la historia
Según el análisis (de la evolución del PVPC) que ha publicado esta semana la asociación de consumidores Facua -que recuerda que en agosto de 2020, el precio del kilovatio hora (kWh) se situó en una media de 12,18 céntimos-, en la primera quincena de agosto de este año, el precio medio ha sido de 15,28 céntimos en horario valle, 19,85 céntimos en horario llano y 30,96 céntimos en horario punta. La media aritmética entre los tres tramos ha sido de 22,03 céntimos, un 80,9% más que hace un año. La media ponderada tomando como referencia el consumo del usuario medio en cada tramo ha sido de 21,01 céntimos, un 72,5% más elevada que en agosto de 2020.
Todo ello sucede a pesar de las varias medidas que, para contener la escalada alcista, ha aprobado a lo largo de las últimas semanas el Ejecutivo. Así, por ejemplo, el pasado 24 de junio el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley (RDL) por urgencia para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica y, con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas. El RDL supone la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.
En el caso concreto del IVA, se aplica una bajada al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.
En lo que se refiere a la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se decidió su suspensión temporal durante seis meses para contener otra ola alcista en el precio de la luz, estará vigente durante el tercer trimestre de este año.
Sea como fuere, según los datos publicados por Facua en su análisis sobre la evolución de la tarifa PVPC, la factura de la luz de un usuario medio en agosto será "la más cara de la historia", con un encarecimiento en lo que va de mes del 43,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. En concreto, la asociación de consumidores señala en ese análisis que los primeros 15 días de agosto reflejan una factura mensual para el usuario de 91,62 euros, frente a los 63,77 euros de agosto del año pasado, "a pesar de la bajada del IVA del 21% al 10% aprobada por el Gobierno para las facturas emitidas desde el 26 junio hasta final de año".
Hasta la fecha, los cinco recibos más elevados han sido los 88,66 euros del primer trimestre de 2012 (con el IVA al 18%), los 87,81 euros de enero de 2017, los 85,34 de julio de 2021, los 83,55 euros de septiembre de 2018 y los 82,13 euros de mayo de 2021 (en todos los casos con el IVA al 21%), según datos de la asociación.
Con las tarifas aplicadas del 1 al 15 de agosto, el usuario medio pagará 27,85 euros más que en agosto de 2020, cuando la factura se situó en 63,77 euros. La bajada del IVA al 10% hasta diciembre mientras el precio medio del megavatio hora esté por encima de los 45 euros amortigua la subida en 9,16 euros. Si se siguiera aplicando el 21%, el recibo habría alcanzado los 100,78 euros.
¿Qué propone Facua?
La asociación de consumidores ha planteado un decálogo de reivindicaciones al Gobierno, entre ellas, (1) un cambio en las reglas de la subasta del mercado mayorista para que tanto la hidroeléctrica como la nuclear salgan y se sometan a un precio fijo; (2) la creación de una empresa pública que aglutine a las centrales hidráulicas que finalicen las concesiones; (3) la bajada del IVA de forma permanente; (4) el control de las ofertas fraudulentas de las eléctricas; y (5) la aprobación de un nuevo modelo de bono social que represente al menos un 50% de descuento en la factura y del que se puedan beneficiar las familias que cobren no más de 2 salarios mínimos, que aumentarían hasta 3 en función del número y características de sus miembros.
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