La decisión fue aprobada ayer a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, que explica que "que la confianza de los inversores y los excelentes recursos naturales españoles han propiciado que haya un gran volumen de proyectos de renovables en tramitación". En la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia (el 80%, fotovoltaica; y el 20%, eólica), que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red, de acuerdo con el calendario de hitos establecido por el RDL 23/20. Pues bien, según fuentes del Ministerio, "al aplicar el régimen de protección ambiental español, entre los más restrictivos de la UE, muchos de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas". Además -continúa el Ministerio-, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica.
Adicionalmente, la medida afecta a otros 10.000 megavatios (10 GW), que tienen el permiso de acceso otorgado con posterioridad a julio de 2020 y cuyo plazo expiraba después de ese 25 de julio para ellos, pero que también se verán beneficiados de esta extensión para obtener la autorización de construcción.
Asimismo, se suman otros 15 GW que a fecha de hoy sí que han conseguido ese hito de la autorización de construcción, ascendiendo así a 68 GW la cartera de cientos de proyectos renovables que siguen en la carrera para el desarrollo, según han indicado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Así las cosas, el Gobierno ha decidido, a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, extender en seis meses el plazo "para que esos proyectos obtengan la autorización de construcción, facilitando la participación pública en su nueva configuración y aumentando las opciones de contratación con la cadena de valor industrial española y europea".
Los proyectos, en todo caso -matiza el Ministerio-, deberán culminarse "antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde".
El RDL 23/20 establece plazos temporales para que los proyectos de generación de electricidad cumplan determinados hitos de la tramitación desde que reciben los derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas, so pena de perder dichos derechos. Las tramitaciones de los proyectos con más de cincuenta megavatios (50 MW) ó ubicados en más de una comunidad autónoma son competencia del Ministerio, mientras que los demás son competencia de las comunidades autónomas.
El RDL 23/20 establece que los proyectos con los derechos de acceso y conexión recibidos entre el 31 de diciembre de 2017 y el 25 de junio de 2020 –fecha de aprobación de dicha norma– vencían el pasado 25 de enero (en esa fecha el proyecto debía tener una Declaración de Impacto Ambiental, DIA, favorable).
Muchas de esas DIAs fueron condicionadas. Los promotores han estado adaptando sus proyectos a esas DIAs, pero el tiempo ha corrido muy mucho, esas adaptaciones tienen que salir a consulta pública para que la ciudadanía y partes interesadas puedan presentar alegaciones y de ahí la ampliación del plazo.
No es la primera vez
El hito del 25 de enero de 2023 ya era en realidad una ampliación de plazo. A saber: la normativa primera (el Real Decreto-ley 23/2020), publicada en el BOE a finales de junio del 20, fijaba ya una fecha límite para las DIAs, fecha que el Ejecutivo central decidió ampliar allá por el mes de diciembre del año 21 en nueve meses.
Una vez lograda la DIA, para continuar con la tramitación, las instalaciones habrán de alcanzar y superar otros hitos. El del 25 de julio era el de la Autorización Administrativa de Construcción, tras el cual, y, por fin, debe llegar la autorización administrativa de explotación definitiva, que es la meta de la carrera de la autorización.
Artículos relacionados
• Esta es la revisión completa que la Fundación Renovables hace del RDL 23/2020 (junio de 2020)
